¿Taxistas resignados? Piden a presidente que elimine el servicio y les paguen indemnización
Afirman que intención de diputados y del Ejecutivo es "liberalizar" el transporte público
Archivo CRH
(CRHoy.com). Las ideas y las estrategias de los taxistas para que los diputados y el gobierno atiendan sus peticiones se agotan.
Tras varios años entre titubeos por la operación de Uber en Costa Rica (vigente desde agosto de 2015), los transportistas llegaron a un nuevo extremo: piden que vía decreto el presidente Carlos Alvarado elimine los taxis, pero que –eso sí- les cancelen una indemnización.
En los últimos años el sector pasó por varias etapas. Primero, solicitaron sin éxito que se suspendiera el funcionamiento de la aplicación y luego, meses después, aceptaron operar de manera conjunta pero con una reducción en un 30% de la cantidad de choferes que reportaba la aplicación (22 mil conductores).
Rubén Vargas, uno de los principales líderes del gremio y cabeza de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), aseguró que el mandatario puede firmar el decreto presidencial para eliminar el servicio de taxis como transporte público. Sin embargo, para esto, exigen que se les pague la indemnización de 20 millones de colones que solicitaron.
La molestia de los taxistas radica en que –para ellos- el proyecto de ley planteado por la Comisión de Asuntos Económicos deja a la libre el transporte privado de pasajeros. Bajo estas condiciones denuncian que el plan, lejos de equiparar las condiciones con respecto a los choferes de Uber, se inclina por la aplicación.
"No es que nos van a eliminar y nos vamos a ir con hambre para nuestras casas. Eso no es justo. Eso es injusto. Y si no quieren pagar, que hagan una ley justa, donde los 'piratas' de Uber tengan la misma tarifas de los taxis y un 30% de vehículos. También que respeten las bases de operación. Lo principal es eso. Queremos que la cancha se nivele, pero que no se nivele solo a favor de la empresa trasnacional. El taxista también es costarricense y hay que protegerlo", citó Vargas.
Como lo expusieron en días previos, para los taxistas la propuesta que se tejería en la corriente legislativa debe contar –sí o sí- con los siguientes puntos: no catalogar las plataformas como un servicio privado, no dejar por la libre la cantidad de choferes que operarían mediante estos sistemas y no dejar la fijación tarifaria a merced de las aplicaciones. De lo contrario, exigen que les cancele la indemnización de los 20 millones de colones.
Gilbert Ureña, miembro del Foro Nacional de Taxistas, recordó que este miércoles 9 de octubre se reunieron con jefes de fracción de diferentes bancadas legislativas y alega que "sienten un interés político en sacarlos de circulación".
"Pedimos que por rompimiento de contrato se nos indemnice con 20 millones de colones y que este proyecto se vote en 20 minutos en una sesión de la Comisión de Asuntos Económicos (…) La situación de nosotros ya no está para más tiempo. Hemos creído mucho en las negociaciones y en estas cosas, pero habrá que esperar qué pasa", expuso Ureña.
En los próximos días los taxistas tomarían nuevas medidas, diferentes a las protestas y movimientos realizados en días recientes.
Un conductor que ofrece el servicio protestó en Sabana Oeste este 8 de octubre. CRH
Plan cuestionado
La propuesta de los diputados, aún sujeta a modificaciones, estipula que las empresas tecnológicas interesadas en operar en el país deberán hacer un pago inicial por su registro equivalente a 20 salarios base, en las entidades bancarias a título de la Tesorería Nacional, es decir, alrededor de ₡9 millones de colones.
Por otra parte, para la renovación de la inscripción, el pago correspondiente será el equivalente a 10 salarios base. La vigencia del registro será por 4 años.
También, se establece la figura del derecho de operación. Será una contribución anual del conductor correspondiente al 20% del salario base.
"Esta contribución se realizará ante las instancias bancarias a nombre de la Tesorería Nacional, consignando el número de placa al cual se asociará el derecho de operación", indica el texto presentado el 11 de setiembre pasado.
La propuesta también delimita una serie de obligaciones y requisitos que deben tener las empresas que prestarán el servicio de manera formal. Por ejemplo, se debe exigir a los vehículos que cuenten con póliza de seguros. La propuesta establece que esa póliza debe ser equivalente a 350 salarios base, por lesiones corporales y muerte de terceros por accidente.
Por otra parte, debe tener otra póliza de un monto equivalente a 75 salarios base, por daños a la propiedad de terceros por accidente.
Un detalle a acotar es que los choferes de Uber deberán cobrar el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) -tal y cómo está previsto- mientras los taxis estarán exentos debido a que se catalogan como un servicio público.
No se menciona nada sobre tope en la cantidad de prestatarios del servicio o una fijación tarifaria.
Uber dice contar con 22 mil conductores y una cantidad de usuarios cercana a los 783 mil en Costa Rica. Es decir, casi el doble de los taxistas que operan bajo concesión estatal.
Por su parte, en el país existen unos 12 mil taxistas formales. Los cuales, se traducen en fuente de sustento para entre 30 mil y 45 mil familias. Así lo señaló Manuel Vega, director del CTP, a principios de agosto.