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Taxistas: Suspenden huelga y crean comisión para modificar el proyecto de ley

Por Jacqueline Otey | 23 de Ene. 2019 | 9:42 pm

Todas las organizaciones de taxistas formales existentes en el país se reunieron durante cinco horas esta tarde, con el objetivo de analizar la propuesta gubernamental contenida en un proyecto de ley que permite la coexistencia de Uber y el servicio de taxi regular.

Como resultado del encuentro, crearon una comisión que se encargará de velar por los cambios de la ley en la Asamblea Legislativa y de paso suspendieron del proceso de huelga que estaban planificando.

Según Gilbert Ureña, la comisión estará integrada por los dirigentes Randall Jiménez, Rubén Vargas, Carlos Ruiz Pérez, Maribel Guillén y Gilbert Ureña.

"Nos reuniremos en una semana para ver los documentos que se van a reformar", indicó Ureña.

Para los taxistas, los puntos más importantes son la cantidad de vehículos que se van a autorizar para trabajar en transporte público en las plataformas, "que sería de un 30% que es la propuesta que vamos a hacer", explicó.

El dirigente señaló que también solicitarán que los permisos de transporte público se entreguen a título individual y no a las empresas jurídicas, como se pretende hacer en el proyecto.

"Además, trataremos que no se elimine el representante de los taxistas ante la Junta Directiva del CTP; revisar la tarifa para que esta sea en aras de proteger la legislación existente y en protección a los usuarios y vista de que se están considerando la entrada de nuevos operadores al mercado –sin estudio de oferta y demanda- plantearemos indemnización para todos los taxistas", dijo.

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) presentó -ayer martes- el proyecto de ley expediente 21.228 para avalar la operación de la compañía estadounidense en el país.

En virtud de severas lagunas legales existentes en Costa Rica, la aplicación móvil brinda servicios para enlazar clientes y choferes privados desde agosto de 2015.

Dicho texto presentado por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa no convenció a ninguna de las partes involucradas y generó dudas entre algunos legisladores.

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