“Tiene que haber una situación particular” por la que Alvarado ignora crisis del AyA

(CRHoy.com). -¿Por qué el presidente de la República, Carlos Alvarado, da la espalda a la crisis que atraviesa el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA)?, ¿por qué ignora a los sectores que desde que inició la pandemia han pedido una intervención?, ¿qué ha hecho el mandatario al enterarse que se han multiplicado las denuncias en las oficinas de defensa del consumidor contra el instituto?

Los diputados no encuentran explicación a la desidia del presidente. Creen que no se ha dado cuenta de la crisis, o que hay una "situación particular" entre el Gobierno y el AyA que le impide ponerse del lado de los ciudadanos, los legisladores y todas las instituciones que ya encendieron las alertas.

Errores de facturación, supuestas prácticas ilegales contra los costarricenses y multas internacionales por su mala ejecución. Nota roja en la ejecución de proyectos que se financian con créditos internacionales, cuestionadas inversiones para limpiar su desgastada imagen y ataques a la prensa para evitar que ventilen los problemas. Serios problemas de gestión y una ejecución de proyectos que no es la deseable.

La reacción del presidente, Carlos Alvarado, hasta este viernes 27 de noviembre: ninguna. Al igual que los jerarcas del AyA, Alvarado y Casa Presidencial ni si quiera se han referido a la crisis públicamente.

Aumenta la presión

Sin embargo, esta semana la presión volvió a subir. La Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativo por unanimidad pidió al mandatario una "intervención inmediata".

Además, en horas de la tarde la Defensoría de los Habitantes solicitó a Alvarado la "intervención inmediata" en esta problemática, porque califica como "reprochable" que el AyA esté obligando a los ciudadanos a hacer arreglos de pago, bajo la amenaza de que si no lo hacen les corta el servicio. 

"No entendemos cuál es la razón por la cual el presidente sostiene a una institución en las condiciones que está sin dar la orden inmediata para que se haga la intervención, ni a los jerarcas que están en dicha institución considerando que estos son nombramientos propiamente de él (…) No sabemos si es que no se entera de lo que le pasa a muchísimos costaricenses en este país o desconocemos una situación especial entre Gobierno y AyA", señaló la diputada liberacioniesta Yorleny León, presidenta de la Comisión de Ingreso y Gasto Público. 

El diputado independiente Erick Rodríguez, que también votó esta moción positivamente, dijo que "la presión es mayor ahora pues se trata de una comisión que la votó por unanimidad".

El legislador oficialista Luis Ramón Carranza también votó a favor. Dijo a este medio que "la función pública debe transparentarse".

"Un ciudadano que vea violentado sus derechos puede acudir a los tribunales o instancias que corresponden como la Defensoría de los Habitantes", comentó Carranza.

¿Intervención urgente?

Diputados consultados por CRHoy.com consideran que lo primero que Alvarado debe de hacer es decretar una intervención urgente, esto significa para ellos:

• Auditorías para identificar las áreas de mejora de cada uno de los departamentos y servicios que se bridan
• Elaboración de un plan de mejora
• Investigaciones para definir responsabilidades por los errores de facturación y los incumplimientos a la ley al calcular promedios
• Cambiar a los integrantes de la Junta Directiva, que son elegidos por el presidente Alvarado

Uno de los casos más recientes de intervención institucional fue la del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), iniciada en febrero del 2017 y que se extendió por 33 meses.

El resultado fue el inicio de un plan de modernización y de reestructuración. Además, se recomendaron cambios a leyes y reglamentos.

También se revelaron irregularidades en el manejo de las finanzas. La Junta Interventora nombrada para este caso acreditó al Infocop como víctima en un proceso penal en el Ministerio Público, en el que se exponen 30 casos de potencial corrupción contra funcionarios públicos. 

A lo interno del Infocoop 21 funcionarios se sometieron a procesos disciplinarios y 7 resultaron en despidos.