Tony Peña pagó $10.000 a gatilleros que ejecutaron crimen en Hospital de Limón; este fue el video del escape
Este lunes arrancó audiencia preliminar contra los 10 acusados por siete homicidios, tentativas de homicidio y acopio de armas
La Fiscalía Adjunta de Limón acusó formalmente a Tony Alexander Peña Russell, alias "La T" o "Negro", y a su estructura criminal por siete homicidios, tentativas de homicidio y acopio de armas, pero uno de los casos más graves está relacionado con un crimen ocurrido dentro del Hospital Tony Facio de Limón y por el cual los gatilleros habrían recibido $10.000 como pago.
De acuerdo con el expediente judicial, la organización operaba bajo una estructura jerárquica en la que Peña Russell giraba órdenes directas para ejecutar asesinatos, asignaba funciones a sus colaboradores y facilitaba recursos como armas, vehículos y dinero para concretar los ataques.
Uno de los hechos más graves incluidos en la acusación ocurrió el 19 de diciembre de 2023, cuando varios integrantes del grupo ingresaron armados al Hospital Tony Facio con el objetivo de asesinar a un hombre que se encontraba internado, luego de haber recibido varios impactos de bala.
Según la Fiscalía, los sospechosos llegaron por la parte trasera del centro médico y, utilizando una escalera, lograron acceder al segundo piso, específicamente al área de cirugía de hombres, donde atentaron contra Guillermo Duarte Avilés.
La investigación señala que, tras el hecho, se habrían realizado pagos a los sicarios por la ejecución del ataque, presuntamente por montos cercanos a los $10.000. La acusación sostiene que dos de los gatilleros que ingresaron al centro médico, huyeron por las alcantarillas subterráneas, de hecho una cámara de seguridad captó el momento.
Uno de los que gatilleros fue identificado como Jeandrey Bell Raab, quien fue asesinado semanas después. En la acusación, aparte de Tony Peña, aparecen nueve sujetos más quienes formaban parte de la organización criminal:
- Randall García Cortez
- Leigan Espinoza Pemberton
- Andrey Urbina Casasola
- Duvan Cerdas Cerdas
- Mauricio Velásquez Murillo
- Bryan Perez Olivares
- Dennylson Fernando Fernandez Camacho
- Salvador Carmona Narvaez
- Jecsira Valerin Jones
La acusación fue presentada ante el Juzgado de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO). Este lunes comenzó la audiencia preliminar en donde los jueces analizan el expediente y la prueba aportada para determinar si ordenan la apertura a juicio contra los imputados.
Ataque armado en vivienda de Moín
Otro de los eventos incluidos en el expediente judicial corresponde a un violento atentado ocurrido en Moín, donde varios sujetos armados ingresaron a una vivienda haciéndose pasar por oficiales de policía.
Las declaraciones incluidas en el expediente apuntan a que la estructura de Peña Russell habría estado detrás de la planificación y ejecución del atentado, el cual forma parte de una serie de acciones dirigidas contra objetivos específicos dentro de disputas criminales en la zona, en este caso, contra la organización criminal de "Los Hondureños" o "La H".
La acusación detalla que la organización contaba con sicarios, colaboradores logísticos y encargados de inteligencia, quienes realizaban seguimientos previos a las víctimas antes de ejecutar los ataques.
Este patrón incluía vigilancia, identificación de rutinas y elección del momento de mayor vulnerabilidad para cometer los homicidios.
El Ministerio Público atribuye a la estructura múltiples homicidios consumados y tentativas, consolidando un expediente que perfila a la agrupación como una de las más violentas en la provincia. El grupo ejecutaba atentados principalmente para la organización criminal que lideraban los extraditables Luis Manuel y Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Shock y Noni.
Gatilleros escaparon por las alcantarillas subterráneas tras cometer el crimen en el Hospital Tony Facio.
Así actuaban
Más allá de los homicidios y atentados que figuran en la investigación, el expediente de la Fiscalía Adjunta de Limón revela una estructura criminal compleja, con características que la asemejan a una organización altamente organizada y con capacidad operativa sostenida en el tiempo.
El grupo no actuaba de manera improvisada, sino que contaba con una división clara de funciones entre sus integrantes. Dentro de la estructura se identifican ejecutores encargados de cometer los homicidios, colaboradores que realizaban labores de vigilancia y seguimiento de las víctimas, así como personas responsables de facilitar vehículos, armas y sitios de resguardo para antes y después de los ataques. Este nivel de organización, de acuerdo con la acusación, permitía a la banda planificar los hechos con antelación y aumentar las probabilidades de éxito en cada operación.
Uno de los elementos más relevantes que destaca el Ministerio Público es el uso de pagos como incentivo para la ejecución de homicidios. La acusación describe que los sicarios recibían sumas de dinero que, en algunos casos, alcanzaban $10.000 por cada ataque, lo que evidencia la existencia de una economía criminal sostenida, presuntamente alimentada por actividades como el narcotráfico.
En esa misma línea, el expediente detalla que los recursos obtenidos eran utilizados no solo para financiar nuevas acciones delictivas, sino también para la adquisición de bienes y la posible inserción de dinero en el sistema financiero, lo que abre la puerta a delitos vinculados con la legitimación de capitales.
Otro de los aspectos que sobresale es el alto poder de fuego con el que contaba la organización. La Fiscalía documenta el uso de armas de grueso calibre, así como pistolas con cargadores de alta capacidad, lo que incrementaba el riesgo para terceros durante los ataques y reflejaba un nivel de violencia que trascendía los objetivos específicos de cada atentado.
La investigación también apunta a un patrón de control territorial en distintas zonas de Limón. De acuerdo con los señalamientos, la estructura ejercía presión sobre otras personas vinculadas a actividades ilícitas, a quienes presuntamente exigía pagos o "tributos" para permitirles operar, bajo amenaza de represalias.
Finalmente, el expediente incorpora como prueba intervenciones telefónicas, testimonios y material audiovisual que, en conjunto, permitirían reconstruir la dinámica interna del grupo y su forma de operar. Estos elementos son considerados clave por la Fiscalía para sustentar la acusación y demostrar que se trata de una organización con capacidad logística, financiera y operativa para ejecutar múltiples hechos violentos de forma coordinada.