Trabajadores judiciales exigen a Chaves pruebas sobre manifestaciones en marcha

El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial (Sitrajud) interpuso un recurso de amparo contra Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, por una serie de manifestaciones brindadas el pasado 18 de marzo contra los jueces.

Ese día, el mandatario aprovechó la participación en la marcha contra Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, para aseverar que "los jueces liberaban delincuentes a cambio de dinero".

Chaves, quien se encargó de promover públicamente el movimiento contra Díaz, tomó el micrófono y aprovechó para señalar que "los jueces, ya sea por la indiferencia de la Asamblea (Legislativa), que no ha querido cambiar leyes, por el temor de los jueces o por el dinero que ellos reciben, los sueltan (a los delincuentes) inmediatamente".

El presidente nunca brindó pruebas concretas o nombres de los presuntos jueces que supuestamente recibieron dinero a cambio de liberar imputados en procesos penales.

Un día después de la marcha, el 19 de marzo, Jorge Cartín Herrera, secretario general de Sitrajud, remitió un oficio al despacho de Chaves en el que solicitó aclarar 3 puntos:

• Indicar cuáles jueces y juezas, aportando sus nombres, cargos y despachos, supuestamente habrían incurrido en esos hechos.
• Indicar cuáles pruebas o métodos de investigación sustentan sus acusaciones.
• Indicar si había presentado denuncias formales ante autoridades competentes, y en qué fecha y forma.

El despacho de Chaves no contestó. Por eso, el 8 de abril pasado, Cartín Herrera y el sindicato plantearon el recurso de amparo por violación al derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, así como el derecho de acceso a la información establecido en el artículo 30 del mismo cuerpo normativo, por omisión de respuesta a una solicitud formal de información realizada mediante oficio 057-S-2025 de fecha 19 de marzo de 2025, dentro del plazo legal establecido.

"A la fecha de la presentación de este recurso, han transcurrido más de 15 días hábiles desde la recepción del oficio y no se ha recibido respuesta alguna, incumpliendo con el deber constitucional y legal de responder en plazo razonable, según lo dispuesto por la jurisprudencia constante de esta Sala.

"Esta inacción del presidente de la República constituye una violación al derecho de petición y de acceso a la información pública de relevancia institucional y ciudadana, máxime cuando proviene de un alto jerarca que efectuó denuncias públicas de extrema gravedad", indicó Cartín, a través de un comunicado de prensa.

En el recurso de amparo, la agrupación gremial solicitó que se declare con lugar el planteamiento por la violación al derecho de petición y ordenar a Chaves que conteste todos los puntos solicitados.

En meses recientes, el mandatario incrementó los ataques hacia el Poder Judicial, especialmente luego de que el Ministerio Público desarrollara investigaciones por presuntos actos de corrupción cometidos por jerarcas de gobierno.