Tras acuerdo migratorio, Defensoría exige al Gobierno garantía de derechos a deportados por EE. UU.
La Defensoría de los Habitantes advirtió que el Gobierno no puede limitarse a prometer respeto a los derechos humanos de los deportados hacia Costa Rica por parte de Estados Unidos. Señaló que debe demostrarlo con acciones concretas y verificables.
La reacción surge tras el anuncio de que el país recibirá hasta 25 migrantes deportados desde territorio estadounidense cada semana.La entidad considera urgente evitar que se repitan las fallas registradas en la atención del año anterior, cuando se recibieron deportados.
El defensor adjunto, Juan Carlos Pereira, afirmó que estas personas enfrentan un drama humano. Indicó que el Estado debe informarles su condición en Costa Rica y garantizar atención integral, derechos y protección internacional.
También advirtió que no hay espacio para improvisaciones. Recordó que entre la población hay niños, adolescentes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
En este contexto, la Defensoría solicitó un informe al Ministerio de Seguridad Pública, Gobernación y Policía y a la Dirección General de Migración y Extranjería. Pidió detallar las medidas previstas para la atención de las deportados.
El informe debe incluir cómo se atenderá a quienes manifiesten temor de persecución al regresar a sus países. También debe indicar si serán trasladados al CATEM Sur, qué asistencia humanitaria recibirán y cómo se cubrirán sus necesidades básicas durante su permanencia en el país.
Además, solicitó información sobre un protocolo de coordinación interinstitucional. Mencionó la necesidad de incluir a entidades como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y la Cruz Roja.
Hechos del año anterior
La Defensoría recordó que dio seguimiento a 200 deportados en 2025. Indicó que fue hasta enero de 2026 cuando el Estado autorizó la prórroga de su permanencia migratoria por razones humanitarias.
Esa resolución permitió a estas personas movilizarse en el territorio nacional. También les autorizó realizar actividades remuneradas por cuenta propia y acceder a servicios bancarios.
Según un informe del 11 de febrero de 2026 del coordinador policial de Paso Canoas, 110 personas salieron mediante el programa de retorno voluntario asistido. De ellas, 59 eran adultas y 51 menores de edad. Otras 34 personas egresaron del CATEM Sur tras solicitar refugio, mientras que 56 realizaron salidas voluntarias del centro.
La Defensoría señaló que el Estado tardó casi un año en corregir los procedimientos de atención integral. Esto ocurrió pese a sus recomendaciones previas.
Advirtió que repetir las condiciones del año pasado prolongaría el drama humano de esta población. Finalmente, indicó que se mantendrá vigilante sobre la implementación del nuevo acuerdo migratorio.