Tras advertencia de contralora, diputados detienen aprobación final de plan jaguar del PLN
La tarde de este martes, de manera unánime, 43 diputados aprobaron una moción para detener el segundo y último debate del proyecto de ley impulsado por el jefe de fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), Óscar Izquierdo Sandí, que pretende excluir del ámbito de la Ley General de Contratación Pública (LGCP) las contrataciones que el país realice con otros Estados y organizaciones internacionales.
Este plan, aprobado por 37 congresistas el pasado 27 de marzo, tiene la misma intención del denominado plan jaguar, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, el cual busca eludir mecanismos de control y fiscalización, además de restarle potestades a la Contraloría General de la República (CGR).
Los diputados detuvieron la aprobación final del expediente para retrotraer su discusión al trámite de primer debate y así corregir los señalamientos realizados por la contralora general, Marta Acosta Zúñiga.
Acosta Zúñiga y la CGR habían advertido en dos ocasiones a los legisladores sobre los riesgos y los posibles roces constitucionales del proyecto de ley.
La iniciativa busca modificar el inciso e) del artículo 2 de la LGCP para eximir de los requisitos de esa ley los contratos administrativos suscritos con sujetos de derecho internacional público, incluyendo expresamente a la Cruz Roja.
La CGR advirtió que, actualmente, la LGCP ya excluye los acuerdos celebrados con otros Estados o sujetos de derecho internacional público de carácter humanitario, los cuales se rigen por el derecho internacional. Sin embargo, indicó que la contratación de bienes, servicios y obra pública, financiada con fondos públicos y en la que participen organismos internacionales, sí forma parte del ámbito de aplicación de la ley.
Según el ente contralor, la reforma busca excluir esta actividad contractual de la LGCP, lo que podría generar consecuencias negativas.
"Esto permitiría la contratación sin el cumplimiento de los principios de licitación pública, igualdad y publicidad. Este intento de reforma tiene un paralelismo con lo planteado en el proyecto de ley 24.467, denominado 'Ley Jaguar para el impulso del desarrollo de Costa Rica'", advirtió la CGR.
Además, la Contraloría señaló que el país cuenta con un único sistema de contratación pública, derivado del artículo 182 de la Constitución Política, y que no existe ninguna razón válida para excluir de su aplicación las contrataciones de obras, bienes y servicios a cargo de organismos de derecho público internacional.
"De permitirse, se aceptaría que una importante cantidad de fondos públicos se ejecuten sin ninguna regulación, sin siquiera un marco de referencia en cuanto a plazo, costos y calidad. En estas condiciones, los organismos que contraten con el Estado no estarían obligados a rendir cuentas ni podrían ser sancionados o requeridos para reparar daños en caso de incumplimiento del contrato", añadió la CGR.
Asimismo, el órgano contralor advirtió que la exclusión planteada no solo elimina la aplicación de los procedimientos establecidos en la LGCP, sino que también suprime los principios de transparencia, publicidad y control previstos en la legislación.
"Prácticamente deja la selección del contratista a la discrecionalidad y negociación política. Además, la CGR no ejercería ningún control, ni los desacuerdos podrían plantearse ante los tribunales de justicia", advirtió.