En plazo cercano a 25 y 30 años

Tren eléctrico: Estado aportaría entre $50 millones y $150 millones anuales

Pablo Rojas [email protected] | Colaboró: Michael M. Soto Mayo 21, 2020  12:00 am

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  • “Ningún sistema de este tipo en el mundo funciona sin aporte estatal”, dicen autoridades
  • Jerarcas defienden que aportes estatales harían más accesible el servicio

(CRHoy.com). El Estado tendría que aportar una cifra entre $50 millones y $150 millones anuales -durante aproximadamente 30 años- a la operatividad de la concesión del proyecto del tren eléctrico.

Esa es la estimación preliminar hecha por el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y la Casa Presidencial con base en el estudio de factibilidad entregado en abril de 2020.

El proyecto, la principal apuesta del actual gobierno (Alvarado Quesada, 2018-2022) en transporte público, requeriría una inversión cercana a $1.550 millones para traducirse en una realidad. El plan es que funcione bajo la modalidad de concesión de obra pública.

Esa cifra incluye los $550 millones aportados por un crédito con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), los cuales fungirían como una parte del aporte estatal para echar a andar el plan.

El empréstito a 25 años cuestionado por algunos diputados destaca –según las autoridades- por contar con condiciones “muy favorables”. Comprende  una tasa efectiva que pagará el país de 1.5% y un plazo de gracia de 5 años. No hay cargo de compromiso y se estima que en 12 años iniciaría el repago de la deuda.

Además, Costa Rica giraría recursos anualmente para complementar las operaciones de la concesionaria.

Según explicaron Claudia Dobles, Primera Dama de la República, y Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva de Incofer, en el programa Enfoques de CRHoy.com, esos aportes permitirían que las tarifas para usar el tren eléctrico sean “más accesibles” para la población (a hoy, la tarifa por usuario sería de 600 colones).

Dobles agregó que “ningún” sistema de transporte férreo del mundo (como los metros o los trenes urbanos) funciona sin un aporte estatal.

“Los estudios de factibilidad le permiten a la administración tener un rango de $50 millones a $150 millones de los posibles aportes estatales y cómo eso juega en la ecuación del plano fiscal, excepto en los primeros 5 años que sí sería un aporte muchísimo menor. La curva la hicimos al revés: los aportes menores van al principio. Precisamente, para ver el tema fiscal y para medir la demanda”, describió Briceño en Enfoques.

A mayo de 2020,  las proyecciones del instituto apuntan a que durante los primeros 5 años de operación del tren eléctrico el aporte estatal sería de $30 millones anuales. A partir de esa fecha, el rubro tendría un aporte anual “vegetativo” de $90 millones. 

Mucho dependerá de las condiciones propuestas por el concesionario, pero se priorizará en aquella compañía que ofrezca planes con menores aportes estatales.

“Esto va a depender mucho del concesionario que gane, para que entendamos mejor. ¿Por qué? Aquí puede venir una empresa o un concesionario que diga: yo tengo el aporte estatal, del gobierno, y yo, el préstamo que voy a hacer para levantar los $1.000 millones para aportar, van venir con condiciones del 1%. Van a venir en muy buenas condiciones. Entonces, el aporte que yo le voy a exigir al Estado será muchísimo menor. Por eso digo que es una variable cartelaria y dependerá mucho de las ofertas que recibamos”, expuso la jerarca del instituto.

El plan del gobierno es que antes de 2020 la obra quede adjudicada y que 3 años después  funcionen las 2 primeras líneas del plan trazado.

¿El dinero del Estado es el único aporte viable? Para Briceño existen otras opciones para conseguir recursos: venta de publicidad, instalación de fibra óptica bajo las vías o la construcción de proyectos inmobiliarios en sitios cercanos a la línea férrea.

Ambas funcionarias puntualizaron en que el monto de la inversión y los aportes estatales estarán dictados por el final del proceso de licitación. Por eso, Dobles reiteró que lo que pueda dar el Estado será clave para que la tarifa final al usuario sea accesible. “Cuando hablamos del aporte anual deberíamos decir cuánto perdemos anualmente como país por no tener un sistema de transporte público eficiente. Cada año, perdemos $5 mil dólares por persona por asuntos de productividad”, dijo.

En los próximos días, los diputados iniciarán la discusión para definir la aprobación de los recursos otorgados por el BCIE al proyecto.

Inversión millonaria

El Tren Eléctrico de Pasajeros se extiende por 84 kilómetros de la Gran Área Metropolitana (GAM), comunica 4 provincias y 15 cantones. Además, contará con 5 líneas articuladas: las líneas 1 (Paraíso-Estación del Atlántico), 2 (Estación del Atlántico-Alajuela) y 3 (Atlántico-Ciruelas), las cuales operarán de forma independiente. Mientras, las líneas 4 (Alajuela-Ciruelas) y 5 (Ciruelas-El Coyol) se plantean como extensiones de líneas 2 y 3.

La propuesta proyecta 46 estaciones (10 intermodales), 264 cruces y 72 cruces a nivel, con frecuencias de 5 minutos en horas pico y 15 minutos en horas valle. Para ese fin, la flotilla sería de 78 trenes (6 de reserva) y una capacidad de movilización de 200 mil pasajeros por día.

Incofer procura que para finales de 2020 se prevé tener lista la licitación pública internacional para atraer empresas interesadas. Al menos 33 compañías de diferentes países ya han mostrado deseos de involucrarse en el proyecto. 

“Los $550 millones del crédito del BCIE son aporte estatal que va directamente al capital de la inversión de la construcción. El riesgo de construcción lo sigue manteniendo el privado (eventual concesionario). El primer desembolso, el BCIE lo va a hacer con la puesta en servicio de la primera línea (…)

“Nosotros siempre hemos pensando en que esto se manda a la Asamblea Legislativa, el directorio le pone comisión… Y, responsablemente los diputados tendrán que hacer todo un escrutinio del proyecto. Estamos en la mejor disposición. Jamás pensaríamos en ponerlo en un trámite rápido”, dijo Elizabeth Briceño, presidenta ejecutiva de Incofer, en una entrevista brindada el pasado 28 de abril.

La discusión legislativa sobre el crédito del BID iniciaría en las próximas semanas.



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