Tribunal anula extradición de opositor nicaragüense y ordena juzgarlo en Costa Rica
El Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal de Goicoechea denegó la extradición de Pedro Javier Fernández Sandoval, un campesino nicaragüense radicado en Costa Rica que ha permanecido detenido durante un año, luego de que el Ministerio Público de Nicaragua solicitara su entrega para procesarlo por el supuesto homicidio de un policía y un civil.
Fernández fue capturado el 27 de febrero de 2025, luego de que la Fiscalía del país gobernado por los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo lo vinculó con el asesinato de la oficial de policía Aracely Marisol Díaz Salinas y del trabajador de la empresa Agro Industrial del Río, Pedro Pablo Chavarría Rivas.
Los hechos ocurrieron durante un asalto registrado el 1 de octubre de 2022 en la comunidad de Buena Vista, en el municipio de El Castillo, departamento de Río San Juan.
Un tribunal costarricense había aprobado en primera instancia la extradición; sin embargo, se presentaron recursos de apelación que fueron resueltos este lunes 9 de febrero. El Tribunal de Apelación —órgano superior— ordenó revocar la resolución que autorizaba la extradición y rechazarla en su lugar.
El extranjero no quedó en libertad. Aunque se dictó el cese de la detención provisional, los jueces también ordenaron comunicar esta resolución al tribunal de origen para que ponga a Pedro Javier a la orden del Ministerio Público costarricense.
Ahora, la Fiscalía deberá realizar las diligencias necesarias en torno a la persecución penal del nicaragüense y su eventual vinculación formal a una causa que deberá abrirse en su contra bajo jurisdicción nacional.
Es decir, Fernández deberá ser juzgado en territorio costarricense y Nicaragua tendrá que remitir a Costa Rica las pruebas recolectadas en su contra.
El Tribunal de Apelación también ordenó comunicar lo resuelto a la Fiscalía General de la República y a la Sala Constitucional, la cual tramita un recurso de hábeas corpus presentado a favor de este ciudadano nicaragüense.
El caso
De acuerdo con medios de prensa como El Confidencial, La Prensa de Nicaragua y Swissinfo, Fernández es un opositor del régimen Ortega-Murillo y, según diversas organizaciones sociales, su arresto "se produjo mediante engaños" y enfrentaba "una grave amenaza de daño irreparable" en caso de concretarse la extradición.
"De ser enviado a Nicaragua correría riesgo real de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada o incluso la muerte", señaló el Movimiento Campesino en un pronunciamiento.
Fernández figura entre los acusados por la Policía nicaragüense como presunto integrante de una supuesta agrupación delincuencial que habría asesinado a la agente policial y al civil.
Según la versión oficial, los miembros de la supuesta banda interceptaron una camioneta de la empresa Agro Industrial del Río con el objetivo de asaltarla, ya que transportaba cerca de medio millón de córdobas para el pago de trabajadores de la zona.
No obstante, el vehículo contaba con resguardo policial, lo que habría desencadenado un tiroteo entre policías y asaltantes. En el intercambio de disparos murieron la oficial de Policía y el trabajador de la empresa.
Además, resultaron gravemente heridos el oficial Róger Bernhard Tenorio Castro y otros tres empleados de la compañía.
Por este mismo caso, la Policía también acusa a Ramón Antonio Argeñal Mendoza, condenado a 103 años de prisión en julio de 2023; a Douglas Gamaliel Pérez Centeno, extraditado a Nicaragua en febrero de 2024; a Reynaldo Picado Miranda, quien permaneció 32 meses detenido en Costa Rica hasta que obtuvo la condición de refugiado en mayo de 2025; así como a René Navarrete Rivera y Serapio Ramírez Fernández, quienes permanecen prófugos.
La Fiscalía de Nicaragua acusó ante las autoridades judiciales a todos los presuntos integrantes de la banda por los delitos de crimen organizado y secuestro simple en perjuicio de 19 personas, entre otros cargos.
Los sospechosos fueron circulados por la Policía de Nicaragua mediante notificaciones rojas de Interpol, un mecanismo que el régimen de Ortega y Murillo ha utilizado para perseguir a ciudadanos nicaragüenses en el exilio, según organizaciones de derechos humanos.
En setiembre pasado, la Unidad de Exiliados Nicaragüenses (UEN) solicitó a Costa Rica no entregar a este ciudadano. El primer fallo que autorizó la extradición —y que ahora quedó revocado— había sido dictado el 8 de setiembre.