Tribunal, Juzgado y Fiscalía Penal de Pavas cambiarán de ubicación en 2026: este es el nuevo edificio
Gran parte de los Tribunales de Justicia de Pavas cambiarán de ubicación a partir de las primeras semanas del 2026. Tanto el Tribunal y el Juzgado Penal, como la Fiscalía y la Defensa Pública, pasarán a localizarse en la zona industrial de ese distrito.
Actualmente, los despachos judiciales en materia penal se encuentran dispersos en diferentes sectores. El Tribunal Penal de Pavas se ubica en Rohrmoser, frente a un área reforestada que colinda con la carretera de Circunvalación este.
Mientras tanto, el Juzgado Penal está en una edificación frente al parque Llama del Bosque, en barrio Asunción; la Fiscalía se ubica diagonal al parque del Café, y la Defensa Pública opera en un edificio en barrio Nunciatura, a más de un kilómetro de distancia del Tribunal.
Las nuevas instalaciones estarán en el oficentro La Virgen, a escasos metros del puente sobre la ruta 27 que conecta Pavas con el sector de Los Anonos, en Escazú. El edificio albergará un total de 10 salas de juicio: cinco para tribunales colegiados y cinco unipersonales.
Sin embargo, no entrará en funcionamiento de inmediato. Se espera que el inmueble sea entregado por el propietario el próximo 15 de diciembre, fecha aún por confirmar. Posteriormente, se organizarán los traslados para la primera semana de enero del 2026.
Según el Poder Judicial, ningún despacho será cerrado durante el periodo de transición y la atención de usuarios continuará con normalidad. En total, 97 funcionarios deberán trasladarse a las nuevas oficinas.
El inmueble contará con parqueos adecuados para el traslado de privados de libertad, a diferencia de lo que ocurre en la sede actual, donde sospechosos e incluso extraditables han debido ser bajados en vía pública para su ingreso al edificio debido a limitaciones de espacio.
También dispondrá de una nueva área de celdas para la Sección de Cárceles del Organismo de Investigación Judicial (OIJ): dos para hombres, dos para mujeres y una adaptada a la Ley 7.600.
Se suman áreas de requisas y reseña, sala de deliberación, espacios de espera para testigos y víctimas, comedor, cuartos de telemática, sala de lactancia, cuartos de aseo y un área de estancia para niños.
El nuevo edificio albergará una parte del Tercer Circuito Judicial de San José, específicamente las sedes de Pavas y Puriscal. No incluye el Tribunal Penal ni los despachos de Desamparados.
Casos recientes —como el juicio contra varios integrantes de una banda sospechosa de trasegar droga o los traslados de Jordie Kevin Picado Grijalba, alias Noni, sublíder del Cártel del Caribe Sur, rumbo al Tribunal para audiencias de extradición a Estados Unidos— han evidenciado que el edificio actual ya se queda corto para las necesidades de las autoridades.
Los costos
El oficentro La Virgen, donde se ubicará la nueva sede judicial, pertenece al Fondo de Inversión Inmobiliario Los Crestones, administrado por la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) de Improsa.
Acondicionar, remodelar y ejecutar obras de construcción, como las nuevas celdas, tuvo un costo aproximado de $5 millones, según informó la SAFI. En las instalaciones todavía se logra ver personal trabajando.
Con la adjudicación del Poder Judicial, la ocupación del oficentro pasará de un 28 % a un 70 %. La licitación para el arrendamiento (N.° 2024LY-000005-0001300001) data del 2022; sin embargo, se publicó en mayo del 2024 y quedó ratificada el 23 de enero.
Para el Poder Judicial, el costo mensual del alquiler será de ₡73.554.953,39. El área arrendada será de 3.983 metros cuadrados, equivalente a un 43 % del complejo.
El objetivo es unificar las dependencias judiciales que atienden la materia penal en esta zona y evitar traslados constantes de usuarios y funcionarios. Además, se buscaba contar con espacios óptimos y amplios debido a la sensibilidad de estos procesos.
Según Esteban Solano, administrador regional del III Circuito Judicial de San José, los despachos tendrán mejoras importantes en infraestructura, especialmente en seguridad y en las condiciones para los usuarios, en un contexto de creciente inseguridad en el país.
"El fin es unificar todas las dependencias judiciales que atienden la materia penal en la zona de Pavas, garantizando accesibilidad, espacios óptimos tanto para el usuario interno como externo, aunado a la sensibilidad de esta materia", detalló.
El proyecto estuvo a cargo de la Comisión de la Jurisdicción Penal, la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación.
De acuerdo con el pliego licitatorio, las edificaciones destinadas a albergar oficinas y despachos del Poder Judicial deben cumplir una serie de requisitos técnicos y de seguridad que buscan garantizar no solo el correcto funcionamiento institucional, sino también la protección de usuarios, funcionarios y personas privadas de libertad.
Los documentos consultados indican que estas exigencias abarcan desde la ubicación del inmueble hasta estándares estrictos de construcción, accesibilidad, ventilación, iluminación y manejo de emergencias.
El "Compendio de Requerimientos de Seguridad e Higiene Ocupacional" prohíbe ubicar edificios judiciales en zonas expuestas a inundaciones, deslizamientos, fallas geológicas o cercanas a ríos, así como en colindancia con gasolineras, talleres, industrias o comercios que generen ruido o peligro.
Además, cuando se trata de inmuebles que atienden materia penal, estos no deben encontrarse a menos de 200 metros de escuelas, colegios o asentamientos vulnerables, debido al "alto nivel de riesgo asociado" a estos procesos.
Internamente, el edificio debe cumplir con la Ley 7.600: rampas, ascensores accesibles, servicios sanitarios adecuados y rutas de evacuación sin barreras.
Asimismo, se exige iluminación natural y artificial acorde con estándares internacionales —como 500 lux para lectura o digitación en oficinas—, así como condiciones de ventilación y confort térmico reguladas mediante controles técnicos.
Los medios de egreso constituyen otro eje crítico: cada piso debe contar con al menos dos salidas accesibles hacia el exterior, en cumplimiento del Reglamento Nacional de Protección contra Incendios. El sistema de alarma, los detectores de humo y la iluminación de emergencia deben estar instalados y operativos antes de la recepción del inmueble.
En edificios que incluyen áreas de privación de libertad, las exigencias son mayores. Las "Especificaciones Técnicas Puntuales para Construcción de Celdas" requieren estructuras de concreto armado, superficies sin filos, revestimientos antirayadura y puertas blindadas con estándares de resistencia balística NIJ y UL. También son obligatorias las rejas de acero de alta dureza y las cerraduras electromecánicas certificadas.
En conjunto, estas condiciones evidencian que un edificio judicial no es una oficina convencional: es una infraestructura sensible diseñada para garantizar justicia en condiciones de máxima seguridad, integridad estructural y respeto a los derechos humanos.