Tribunal ordena arrancar juicio de “La Trocha” pese a participación del abogado de Chaves en caso “Fénix”
Participación del abogado José Miguel Villalobos en ambos casos ha generado un conflicto entre las agendas de los Tribunales
El Tribunal Penal de Goicoechea ordenó mantener el inicio del juicio por el caso "La Trocha" para este lunes 31 de marzo, a pesar de que el abogado José Miguel Villalobos, defensor de siete imputados, solicitó una reprogramación dado que también representa a otros siete sospechosos en el juicio por el caso "Fénix".
Villalobos, quien se autodenomina amigo y asesor, además de haber asumido la representación del mandatario Rodrigo Chaves Robles, en sus acusaciones, defiende también a José Giovanni Segura Angulo, un supuesto cabecilla narcotraficante acusado de conformar una estructura dedicada a blanquear fondos presuntamente provenientes del trasiego de drogas.
También representa a otras seis personas en el caso "Fénix". Como ese juicio por legitimación de capitales está en curso desde el pasado 28 de febrero en el Tribunal de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), Villalobos solicitó al Tribunal Penal de Goicoechea reconsiderar las fechas del juicio por "La Trocha".
Esta mañana, a las 7:15 a.m., tres jueces emitieron una resolución en la que indicaron que no aplazarían más ese debate, dado que el Tribunal de Goicoechea había señalado con suficiente antelación el inicio del juicio e incluso lo agendó antes de que el Tribunal JEDO fijara la fecha para el caso "Fénix".
"Se comunica a las partes que se mantiene el señalamiento previsto para el día de hoy, en los términos que originalmente se establecieron y, se hace saber que, durante el fin de semana que precede se intentó mantener la comunicación y coordinación que correspondía con el tribunal homólogo, para cumplir con el acto previsto, misma que resultó infructuosa.
Empero, a este se le indicó mediante comunicación efectiva que, la decisión de este tribunal fue mantener la vigencia de dicho señalamiento a efectos de cumplir con lo indicado, para lo cual, se reitera a las partes intervinientes sobre su obligación de presentarse ante este tribunal en tiempo y forma", señala la resolución de la cual CR Hoy tiene copia.
El escándalo de "La Trocha", catalogado como el primer presunto megacaso de corrupción en obra vial, salió a la luz pública hace 12 años. El juicio estaba calendarizado para celebrarse entre el 17 de febrero y el 22 de agosto del presente año.
Sin embargo, la objeción de José Miguel Villalobos, al ser parte del caso "Fénix" y tener otro debate en curso, obligó a los jueces a mover la fecha a hoy. El Tribunal indicó que se conformaría esta mañana para "informar sobre situaciones relevantes del proceso y decidir las cuestiones previas y esenciales del juicio".
CR Hoy pidió a José Miguel Villalobos una reacción ante el fallo de esta mañana del Tribunal de Goicoechea. El abogado respondió vía WhatsApp que contestaría en cuanto estuviera en receso del juicio "Fénix". Sin embargo, tres minutos después de que se emitiera la resolución, publicó en su perfil de Facebook:
Soy abogado en esa causa desde el 2012 y el atraso en ella se debe a la demora de la Fiscalía en la investigación y una suspensión del debate que se produjo hace años por la inhibitoria de un juez. Ya se sabe que un debate con imputados privados de libertad tiene prioridad sobre éste y no fui yo quien fijó dicha fecha.
En su perfil de Facebook el abogado señaló que debido a la medida, tendría que estar a las 8: 30 a.m. en un juicio y luego de 5: 00 p.m. a 9:00 p.m. en el otro, por lo cual abogó por "suspender el debate del caso Trocha".
Este medio también está a la espera de una respuesta del Poder Judicial sobre cómo se resolverá el choque de juicios.
Caso Trocha
El caso se dio a conocer ante la opinión pública el 4 de mayo de 2012 cuando la expresidenta de la República, Laura Chinchilla, convocó a una rueda de prensa para denunciar los presuntos actos ilegales.
La administración Chinchilla Miranda planteó la posibilidad de construir la ruta nacional 1856 en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua como parte de una posible solución, tras darse a conocer la invasión del país vecino a Isla Calero en octubre de 2010.
El Ministerio Público acusó en 2017 a 26 personas, pero solicitó sobreseimiento tanto para la expresidenta Chinchilla, el exvicepresidente Luis Liberman y el exministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Francisco Jiménez.
El Juzgado Penal de Hacienda dictó un acto de apertura a juicio contra 13 de los acusados.
Entre ellos, están el exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) de apellido Acosta Monge y los exfuncionarios apellidos Serrano Alvarado y Ramírez Marín; así como los supervisores de apellidos Mesén Vargas, Agüero Gamboa y Mora Barrantes; los empresarios Castillo Villalobos, Baralis Crosetti, Herra Alfaro, Soto Campos y Méndez Méndez; así como dos mujeres de apellidos Alvarado Víquez y Morera Fernández.
A ellos se les imputan de supuestos delitos como peculado, producto de la influencia contra la Hacienda Pública, cohecho y enriquecimiento ilícito.
De acuerdo con el Ministerio Público, se recopilaron facturas vinculadas con posibles ilegalidades cobradas por ¢1.234 millones al Conavi, pero únicamente se cancelaron ¢639 millones por parte de la entidad, por lo que se tiene desconocimiento sobre el paradero del monto faltante.
La Procuraduría General de la República estableció un reclamo por ¢965 millones por impacto social, así como el cálculo de un peritaje de actuario matemático.
Caso Fénix
El caso Fénix consiste en uno de los más grandes en la historia del país por legitimación de capitales y se encausa a una organización compuesta por al menos 25 personas, que habría ‘lavado’ hasta $17 millones presuntamente provenientes del narcotráfico, mediante diversos negocios como una hacienda ganadera, una venta de llantas, lubricentros, verdulerías, bares y restaurantes.
Villalobos, “amigo” y asesor de Rodrigo Chaves, es el principal abogado defensor de los sospechosos. De hecho, representa a 7 de los 25 imputados, dos de ellos permanecen en prisión preventiva debido a su peligrosidad.
Al parecer, todos ellos conformaron una estructura que se dedicó a movilizar y administrar dineros provenientes de actividades ilegales como narcotráfico, con el fin de incluirlos en el sistema financiero formal del país mediante varios negocios comerciales en Pérez Zeledón.
Se presume que el modelo operativo del grupo le permitía adquirir y usar diversas sociedades comerciales para intentar ocultar el origen ilícito de las ganancias económicas obtenidas producto del tráfico de drogas.
De acuerdo con la prueba recabada por el Ministerio Público, las actividades ilegales que se desarrollaron entre el 2015 y el 2022, y generaron el multimillonario patrimonio ilícito, equivale a cerca de₡9 mil millones.
