Tribunal ordena investigar inacción de Fiscalía ante denuncias de empresario
"No es entendible cómo, ante un aviso tan gravoso, no se haya actuado oportunamente", dice jueza
(CRHoy.com) El Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José ordenó investigar las inacciones de la Fiscalía Adjunta de San Carlos y la subdelegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), ante las denuncias del empresario Jorge "Macho" Jiménez Berrocal, previo a su asesinato.
La disposición fue incluida en la parte dispositiva de la sentencia 314-2023 emitida la noche del 26 de mayo de 2023, con la que se encontró a Luis Antonio "Luigi" Jiménez Berrocal responsable de planear el crimen de su hermano, que tuvo lugar el 31 de enero de 2015 en Cinco Esquinas de Tibás.
El sujeto fue hallado culpable de un cargo de homicidio calificado y en tal sentido se le impusieron 35 años de cárcel, la pena máxima para ese delito. También se le condenó a resarcir los daños morales provocados a dos de sus tres sobrinos, con una indemnización total de ¢100 millones (¢50 millones cada uno).
Sin embargo, uno de los puntos en los que hizo especial énfasis el órgano jurisdiccional conformado por las juezas Amelia Robinson Molina, Laura Chaves Lavagni y Cinthia Ramírez Angulo, fue en el actuar de los fiscales e investigadores que recibieron advertencias de la víctima de atentados en su contra y planes para acabar con su vida. Ese trabajo llegó a ser criticado incluso por el representante del Ministerio Público en el juicio por el asesinato de Jiménez Berrocal, Ricky González Farguharson.
Se ordena comunicar esta sentencia a la Inspección Judicial y la Fiscalía de Probidad del Ministerio Público para que se investigue y se determine, la posible responsabilidad de los funcionarios de la Fiscalía y de la subdelegación del Organismo de Investigación Judicial de San Carlos y la tramitación de las denuncias presentados por el ofendido Jorge Jiménez Berrocal.
Sentencia 314-2023
Tribunal Penal del II Circuito Judicial de San José
A lo largo del debate trascendieron una serie de hechos previos al crimen del empresario que evidenciaron varios intentos del encartado por matar a su hermano en el marco de disputas de índole comercial y familiar. Amenazas, pagos a terceros por su cabeza, irrupciones en la casa de la víctima y hasta la advertencia de cómo se estaba fraguando su crimen, fueron parte de los hechos que se reportaron a la Fiscalía.
Por ejemplo, se tiene que "Luigi" le ofreció dinero al guarda de seguridad nicaragüense, Santiago Castillo Cerro, para que asesinara a "Macho". La primera vez ocurrió en fecha no precisada, pero sí cuando el hombre no conocía a su objetivo, y tenía como recompensa el pago de ¢4 millones. Dos años más tarde, la promesa se duplicó, en el tanto que el sujeto había pasado trabajar para el agraviado. La segunda vez, sin embargo, el hombre contó a la víctima lo que le habían pedido hacerle.
Luego se determinó mediante los informes 109-DRSC-10 del 17 de marzo de 2017 y 259-H-N-15 del 26 de junio de 2015, suscritos por la oficina de la Policía Judicial y su Sección de Homicidios, respectivamente, que el endilgado se acercó en dos momentos distintos de 2009 a un hombre de apellidos Alfaro Arroyo en busca de sicarios que le permitieran "volarle la jupa" a su pariente.
Ese mismo año, en junio, el imputado envió a dos "novatos" -a criterio del representante legal de la familia de la víctima, Francisco Campos Aguilar- a unas oficinas en Escazú, pero estos se equivocaron de despacho y fueron descubiertos.
Armando Sandoval Penedo, un panameño conocido como "El Pana" y quien trabajaba como guardaespaldas de Jiménez Berrocal, dijo la fe del juramento que "Luigi" le ofreció un reloj de oro Rolex y $15.000. El ofrecimiento se dio en noviembre de 2009.
Tal cual lo hizo Castillo Cerro, este empleado le contó a su patrono lo que pretendía su hermano. Ante esa situación, "Macho" le pidió que le siguiera la corriente al encartado e incluso le compró una grabadora, para tener respaldo de todas las conversaciones que este tuviera con el endilgado.
Sandoval Penal aseguró que recibió $2.500 en dos conversaciones posteriores al ofrecimiento inicial de Jiménez Berrocal.
En 2011 se presentó una escalada, cuando a "La Casona" -inmueble que "Luigi" le había vendido a su hermano- en San Carlos se presentaron tres sicarios contratados por el encausado. No obstante, el día en el que los hombres arribaron para cometer el crimen, el ofendido optó por viajar a San José.
Sin saberlo, el agraviado esquivó la muerte. Mientras él se dirigía a la capital, sus peones fueron amordazados y golpeados. Una bala fue dejada en su mesa de noche, a modo de mensaje de lo que le iba a pasar.
El imputado confesó su participación en ese hecho con posterioridad a su hermano, durante una llamada telefónica.
"Todos estos hechos, que se dan entre 2009 y 2011, fueron denunciados. Sobre esto existe la causa penal 10-22 (sic.) de la Fiscalía de San Carlos. Habían actas de secuestro, de casetes, transcripciones que misteriosamente desaparecen como evidencia en la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial de San Carlos", explicó durante sus conclusiones Aguilar Campos.
"Por un legalismo, por un tema de la teoría del delito, se consideró que Luis había llegado a las etapas previas, a las etapas preparativas y que no se pasó a la fase de ejecución y, por lo tanto, no era un tema que le interesara al Derecho Penal", agregó.
También se ordenó en la parte dispositiva de la sentencia hacer una investigación respecto del mal trámite que se llevó a cabo en la Fiscalía de San Carlos y por parte del Organismo de Investigación Judicial, específicamente la subdelegación de San Carlos, respecto a este caso. No solamente hubo pérdida de evidencias, sino una mala de la tramitología, una tardía intervención, porque de haberse cooperado como en muchos otros casos que los operadores del derecho vemos, y un ejemplo tan solo de ellos es el siguiente: una víctima de violencia doméstica se presenta el día de hoy y el día de mañana está internada en un centro de protección. No es entendible para este Tribunal cómo, ante un aviso de una situación tan gravosa, el Ministerio Público no haya actuado oportunamente.
De allí que es absolutamente importante para este Tribunal y ante la ciudadanía, al menos una respuesta básica de investigación, del porqué en este caso en particular se actúa en forma deficiente, inefectiva y no se logró evitar el resultado muerte que lamentablemente el día de hoy está siendo juzgado.
A todas estas situaciones deben sumársele nuevas amenazas, ocurridas a finales del 2014; así como un aviso clave de quien entonces era allegado al encartado, Fabricio Arce Rodríguez. El testigo relató antes del crimen que "Luigi" y otro de sus hermanos, "Calica", encargar el homicidio de "Macho" a dos asesinos a sueldo.
El sujeto, un soldador que en la actualidad vive fuera de Costa Rica por su seguridad, describió el plan que finalmente se ejecutó en diversas declaraciones dadas al Ministerio Público y la Policía Judicial, tanto antes como después del hecho. A ello debe sumarse un anticipo jurisdiccional, que fue incorporado en el contradictorio como la declaración de Arce Rodríguez.
Pese a esa manifestación que dio el testigo, y a una nueva denuncia formulada por la víctima, este fue citado hasta días más tarde (1.° de febrero de 2015) para ser incorporado en un programa de protección. Jiménez Berrocal jamás pudo presentarse a ese llamado, pues un día antes fue ajusticiado de siete disparos en la cabeza por sicarios, cuando hablaba en las afueras de un parqueo en Tibás.
Tan solo días antes, en su última manifestación ante la Fiscalía, el agraviado advirtió que estaría muerto antes de que se tomara alguna acción ante las amenazas y atentados preparados por sus hermanos.