TSE estudia denuncia por supuesta destrucción de cédulas y traslados de reos para impedirles votar
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recibió una denuncia por supuestas irregularidades que estarían ocurriendo en las cárceles del país y que impedirían a privados de libertad votar en las próximas elecciones nacionales del 1.° de febrero, en las que se escogerán presidente de la República y diputados.
La denuncia versa sobre dos aspectos principales: la aparente destrucción de cédulas de identidad de reclusos por parte de oficiales de la Policía Penitenciaria, con el fin de que no las tengan disponibles el día de los comicios, además de traslados de privados de libertad realizados a última hora y sin previo aviso, lo que complicaría cambios en el domicilio electoral.
El recurso fue presentado por un recluso del ámbito de máxima seguridad del Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro, conocido como cárcel La Reforma. Actualmente, la gestión se encuentra en fase de admisibilidad, a fin de determinar si cumple con los requisitos para su tramitación.
El denunciante señaló, por ejemplo, que durante las requisas policiales internas se decomisan las cédulas o incluso se las quiebran. También denunció que no les informan oportunamente sobre los traslados.
Andrei Cambronero, jefe de despacho de la Presidencia del TSE, confirmó que la gestión está bajo estudio. Aunque el privado de libertad la catalogó como una denuncia, en el análisis de admisibilidad se determinará si se tramita como tal o como otro proceso contencioso-electoral.
El Tribunal adicionalmente analizaría la necesidad de realizar visitas de campo y otras revisiones para supervisar si la administración carcelaria está incurriendo o no en obstáculos al ejercicio del sufragio, e incluso podría ordenar que las autoridades se abstengan de continuar con estas prácticas.
"Son parte de las valoraciones que están haciendo del Tribunal en este examen de admisibilidad. Ha sido tradición por parte del tribunal tener una coordinación activa con las autoridades del Sistema Penitenciario Nacional y además", detalló.
Durante las últimas horas, en redes sociales también han circulado denuncias públicas sobre estos supuestos actos, a las que se suma el eventual retiro de material electoral.
La agrupación Familia Penitenciaria Unida es una de las que ha denunciado lo ocurrido, al indicar que continúan recibiendo reportes por cédulas extraviadas o quebradas, acceso insuficiente a información electoral y traslados injustificados que impiden votar.
El viceministro de Justicia, Nils Ching, negó que estas situaciones estén ocurriendo.
"Es totalmente falso que se les ha quitado o destruido cédulas de identidad. Igualmente falso que se les haya retirado el material electoral.
Nuestra institución y nuestra Policía Penitenciaria es respetuosa de los derechos y oportunidades que tienen las personas privadas de libertad", señaló el jerarca.
Ante dinámicas internas de los centros penales que no siempre son visibles ni fácilmente fiscalizables, familiares de reclusos se han inscrito como fiscales para vigilar el proceso y asegurar que las personas privadas de libertad sean efectivamente trasladadas para votar.
Cambios de última hora
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias ha sido una de las organizaciones que ha denunciado estas aparentes irregularidades, entre ellas, los cambios de último momento, según indicó el abogado Rafael Ángel García.
"Están trasladando a privados de libertad a diferentes centros del país. Como ejemplo, la Unidad de Admisión de San Sebastián está haciendo traslados desde San José hasta Liberia, Guanacaste.
Esto le impide al privado de libertad ejercer su derecho al voto. Están haciendo traslados masivos a las diferentes cárceles del país, una violación clara a los derechos humanos", detalló el presidente de la ONG.
Parte de la denuncia se refiere a que los traslados no son comunicados a las autoridades electorales para realizar los ajustes necesarios que permitan votar.
Los privados de libertad se encuentran bajo un régimen especial debido a la especial relación de sujeción en la que se encuentran, distinto al del resto de la ciudadanía, que debe reportar su cambio de domicilio electoral antes de octubre, cuando cierra el padrón electoral.
Por esta razón, desde 2014 el TSE estableció como excepción que cuando un recluso está empadronado en un centro penitenciario y es trasladado a otro, la administración penitenciaria debe comunicarlo al Registro Civil para que se realice la modificación en los padrones de las juntas receptoras de votos, incluso el mismo día de la elección.
Este procedimiento se realiza mediante telegramas, de forma similar a cuando se informa a las juntas receptoras de votos sobre el fallecimiento de una persona para que no figure habilitada en el padrón.
En el caso de los reos, si una persona se empadronó antes del 30 de septiembre en un centro penitenciario —por ejemplo, en el CAI San José, en San Sebastián— y luego es trasladada a otro centro, como el CAI de Barranca, en Puntarenas, esa información debe comunicarse al TSE para cancelar su inscripción en el padrón original y habilitarla en el nuevo centro. Esto es lo que, según la denuncia, no se estaría respetando.
"En la denuncia dicen que esta regla no se está cumpliendo y señalan también que en otras elecciones, lo que se ha hecho es que se demora el traslado a las juntas receptoras de votos que están instaladas en las propias cárceles, de suerte que puede votar solo un número reducido de personas y no todas.
Por eso piden que haya una persona funcionaria del TSE en el centro de la atención vigilando que efectivamente todas las personas con derecho al voto en el centro de la atención, puedan sufragar", explicó Cambronero.
La única excepción para que un privado no pueda votar ocurre cuando ingresó a prisión después del cierre del padrón electoral, es decir, posterior al 30 de septiembre, ya sea por una condena o una medida cautelar.
En esos casos, al estar inscrita en su domicilio regular, no puede ejercer el sufragio desde el centro penitenciario. Esta versión también fue refutada por el Ministerio de Justicia.
"Respecto a traslados masivos de personas para que estas personas no puedan votar, esto es igualmente falso. Importante que después del 16 de enero nuestra institución no hará reubicaciones o traslados de privados de libertad.
Solo será en aquellos casos bajo resoluciones y el riesgo que corra algún privado de libertad, o que haya una necesidad imperiosa debidamente documentada, es que se realizarán", indicó Ching.
Falta de información
El TSE informó que, entre finales del año pasado y los primeros días de este 2026, también se han conocido recursos de amparo electoral interpuestos por personas encerradas en la cárcel, quienes alegan no tener un acceso adecuado a información electoral.
Estos recursos han sido declarados con lugar por el Tribunal Supremo de Elecciones, el cual ha instruido a la administración penitenciaria para que garantice el acceso a información electoral a los recluidos.
El TSE no define de qué forma específica debe brindarse este acceso, al reconocer que se trata de un aspecto técnico que corresponde determinar a las autoridades penitenciarias; no obstante, cualquier decisión que se adopte en esta materia podría ser objeto de revisión.
"Principalmente, quienes han interpuesto su recurso de amparo son las personas privadas de libertad que se encuentran en el circuito de alta contención", explicó Cambronero.
Sin embargo, según el Ministerio de Justicia, el material electoral y los contenidos informativos —incluidos audios, pódcast y otros insumos sobre las propuestas de los candidatos— están siendo difundidos y escuchados dentro de las cárceles del país.