Tribunal pide a PPSO probar solvencia económica de empresario donante de la campaña de Laura Fernández

Si tiene solo unos segundos, lea estas líneas:

• El TSE pidió al PPSO un estudio de solvencia sobre los ₡35,7 millones que aportó el empresario Julio Castilla mediante la compra de bonos de campaña, así como donaciones adicionales a favor de Laura Fernández.
• Castilla es gerente de una empresa que le brinda soporte y servicios tecnológicos a instituciones del Estado, especialmente al ICE. 
• El TSE investiga riesgos en el uso de certificados de cesión y amplió la revisión a otros financistas de la campaña, cuyas capacidades económicas y origen de fondos están bajo la lupa.

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) solicitó al Partido Pueblo Soberano (PPSO) información adicional del financiamiento que recibió de Julio Castilla Peláez con la compra de 45 bonos con un valor nominal de ₡42 millones; pero que pagó en ₡35,7 millones, debido a que la agrupación los vendió con un descuento del 15%.

Castilla es el gerente y representante legal de la compañía Grupo Computación Modular Avanzada S. A. (CMA) y, además, fue presidente de la Cámara de Comercio.

Junto con la compra de certificados de cesión, Castilla hizo donaciones al partido y ambas formas de financiamiento a la campaña de Laura Fernández Delgado son objeto de consulta por parte del TSE.

El DFPP pidió a la agrupación política un estudio de solvencia sobre el origen de los fondos del empresario para tener más claridad de cómo se financió la campaña de la presidenta electa.

"Como parte del monitoreo del entorno que desarrolla este Departamento de manera usual, así como de sus propias diligencias de fiscalización, existen casos al respecto de los cuales este Departamento se encuentra profundizando. Además, hay que tener presente que aún existen reportes financieros por recibir (por ejemplo, los correspondientes al mes de enero y febrero de 2026), en virtud de lo cual esa labor de acopio y seguimiento no ha concluido.

Corresponde indicar, también, que el mecanismo de financiamiento por medio de la colocación de certificados de cesión presenta riesgos dentro del modelo de financiamiento electoral, especialmente considerando los altos volúmenes de emisión que realizaron las agrupaciones políticas durante el período electoral, aspecto al cual, entre otros, se le está prestando la atención correspondiente", detalló Ronald Chacón, jefe del DFPP.

El empresario adquirió los bonos de la campaña de Fernández entre el 9 y el 15 de diciembre del año anterior.

Consultado al respecto, Castilla dijo que compró los bonos porque le pareció un buen negocio y que donó dinero al partido que apoyó durante las elecciones.

Castilla compró bonos Serie A, numerados del 1036 al 1077, según consta en el Reporte de Certificados presentado el 15 de diciembre del 2025 por el PPSO ante el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), documento de acceso público

Grupo CMA

La compañía de Castilla tiene 40 años licitando contratos con el Estado, teniendo como uno de sus principales clientes el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). En este gobierno ha ganado contratos que sumados alcanzan los 4 mil millones de colones, según datos del Sistema Costarricense de Compras Públicas (Sicop).

En los gobiernos anteriores, el de Carlos Alvarado y el de Luis Guillermo Solís, la compañía ganó contratos por más de 3 mil millones de colones según Sicop. Castilla sostiene que en esos dos gobiernos, la empresa ganó mucho más que en la actual, pero los contratos fueron procesados a través de las plataformas Merlink y CompraRed, antiguos sistemas de compras públicas antes de Sicop.

Actualmente, la compañía está concursando en una nueva licitación con el ICE por 2.800 millones de colones, pero compite con una oferta más barata, así que Castilla asegura que la están perdiendo.

"Ese contrato es el de soporte a una plataforma de equipos HPE vendidos al ICE por varios distribuidores durante años. Nuestra empresa ha sido proveedor del ICE por más de 25 años. El cartel finalmente lo estamos perdiendo contra un competidor en la mejora de precios", indicó Castilla.

La empresa de Castilla, con sede en San José, se presenta en su sitio web como proveedora de soluciones en tecnologías de la información, con respaldo de marcas internacionales como HPE, NUBE 4.0, Apple, HP Inc., Aruba, Zebra y Microsoft. Por esta razón, las licitaciones en las que participó y obtuvo contratos corresponden a suministros informáticos y mantenimiento de redes.

Pilar lo quería de presidente

Durante una entrevista en Radio Columbia, en abril del 2025, la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo manifestó que Julio Castilla Peláez le resultaba atractivo como eventual candidato a la presidencia de la República.

No obstante, el empresario nació en Cuba y adquirió posteriormente la nacionalidad costarricense, condición que le impide aspirar al cargo, según lo establece el artículo 31 de la Constitución Política.

Ese artículo señala que uno de los requisitos indispensables para ocupar la Presidencia es ser costarricense por nacimiento, por lo que la naturalización lo excluye de esa posibilidad.

Para entonces, el chavismo aún no había definido a la persona que postularía como candidata del continuismo ni el partido político que utilizaría como vehículo electoral para mantenerse en el poder por cuatro años más, objetivo que se concretó el pasado domingo.

Fue hasta el 12 de julio cuando Cisneros anunció oficialmente que el PPSO sería la agrupación escogida para postular a Laura Fernández Delgado a la Presidencia.

"Vamos a romper las reglas de la política tradicional", afirmó Cisneros.