TSE investiga a 11 financistas de la campaña electoral pasada
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) investiga a 11 financistas de la campaña electoral pasada, debido a inconsistencias detectadas en las liquidaciones aportadas por las agrupaciones. Ocho donaron a la campaña de Laura Fernández, dos a Eli Feinzaig y uno a Liberación Nacional.
Las investigaciones se abrieron después de que el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) analizara la información contable entregada por los partidos y detectara dudas sobre el origen de los recursos.
Estos son los 11 donantes investigados por el TSE:
Hermanos Turcios
Los empresarios Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler, hermanos, figuran en la investigación por comprar ₡123 millones en bonos de deuda para la campaña de Laura Fernández.
El órgano electoral solicitó en enero documentación sobre el origen de los recursos. Sin embargo, la información llegó fuera del plazo establecido y no logró despejar las dudas sobre la capacidad económica de ambos aportantes.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO), con el que Fernández ganó la presidencia, colocó ₡455 millones en bonos entre el 3 y el 27 de noviembre de 2025. De ese total, el 32% quedó en manos de los hermanos Turcios Stiegler.
El financista Yann Turcios junto Nayib Bukele y Rodrigo Chaves
Julio Castilla
El TSE también elevó a investigación el caso del empresario Julio Castilla Peláez, gerente de Grupo Computación Modular Avanzada S. A. (CMA).
Castilla adquirió 45 bonos de cesión del PPSO por ₡35,7 millones, aunque el valor nominal de los certificados alcanzaba los ₡42 millones. Además, realizó donaciones directas a la agrupación política.
La empresa CMA mantiene contratos con instituciones públicas desde hace cuatro décadas y tiene al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) entre sus principales clientes. Según datos de Sicop, durante la actual administración obtuvo adjudicaciones cercanas a ₡4 mil millones.
Laura Fernández y Julio Castilla
Error en cédula
El empresario herediano Mario Antonio Carvajal Brenes figura entre los casos que analiza el TSE, tras donar ₡10 millones a la campaña presidencial de Fernández.
Inicialmente, el PPSO reportó el aporte a nombre de Mario Antonio González, con un número de cédula perteneciente a una mujer de apellido Artavia, quien desconocía la donación y nunca autorizó el uso de su identificación.
Posteriormente, el equipo de campaña remitió una aclaración al TSE indicando que el verdadero aportante era Carvajal Brenes y corrigió el número de cédula.
Exaspirante de Nueva República
El TSE también mantiene bajo investigación a Cindy Ampie Castro, excandidata a regidora del Partido Nueva República (PNR) en Montes de Oro, Puntarenas. Ampie no registra actividad laboral formal en la CCSS ni en el Ministerio de Hacienda."
Ampie adquirió bonos de cesión del PPSO con un valor nominal de ₡35 millones, aunque pagó ₡29,5 millones tras aplicarse un descuento del 15%.
Estilista de Quepos
Otro expediente corresponde a María Teresa del Carmen Morales Mora, estilista de Quepos, quien compró ₡15 millones en bonos de cesión para respaldar la candidatura de Laura Fernández.
Morales, de 70 años, reporta ingresos mensuales de entre ₡550.000 y ₡575.000, según datos de la CCSS. Familiares aseguraron que el dinero provenía de la venta de una finca heredada.
Esposa del regulador general
La exfuncionaria del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), Fanny María Carrasquilla Araya, también quedó bajo análisis del TSE.
Carrasquilla, esposa del regulador general Eric Alonso Bogantes Cabezas, adquirió ₡6 millones en bonos de cesión del PPSO el 5 de diciembre de 2025.
Bogantes preside actualmente la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y llegó al cargo impulsado por la administración de Rodrigo Chaves Robles.
TSE analiza caso de Alias "Panamá"
Eric Retana, alias "Panamá".
El TSE investiga la donación hecha por el comerciante Eric David Retana Alpízar, conocido como "Panamá" a la campaña de Fernández.
Retana compró un certificado de cesión del PPSO por ₡1 millón el 19 de diciembre de 2025.
El comerciante aparece ligado en sociedades anónimas a sus hijos gemelos Brandon y Érick Jesús Retana Benavides, detenidos en julio de 2024 tras una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía por presunta tentativa de homicidio y tráfico de drogas.
Financista ligado a nueva jerarca del Inamu
El TSE elevó a investigación la donación que hizo el empresario Orlando Guerrero Vargas, a la campaña de la exdiputada Carolina Delgado Ramírez cuando fue precandidata presidencial.
Aunque Delgado militó en Liberación Nacional, posteriormente se acercó al chavismo y asumió como jerarca del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu).
Orlando Guerrero
Delgado reconoció que Guerrero le prestó $60 mil para financiar su campaña interna y confirmó que trabajó de cerca con ella durante ese proceso.
Guerrero donó ₡167 millones a campañas electorales desde 2009 y figuró entre los principales contribuyentes de Johnny Araya Monge en 2014 y José María Figueres Olsen en 2022.
Empresario automovilístico
El empresario Javier Quirós Ramos de Anaya, exjerarca de Purdy Motors, también integra la lista de financistas investigados por el TSE.
Quirós aparece entre los mayores aportantes del Partido Liberal Progresista (PLP), liderado por Eliécer Feinzaig Mintz, tras adquirir bonos de deuda política por ₡272 millones.
El empresario ya había respaldado económicamente al PLP durante la campaña de 2022, cuando compró certificados clase A y B por cerca de ₡596 millones.
A este expediente se suma el de Erick Zamora Alfaro, quien pagó ₡17 millones por certificados de deuda del PLP.
TSE tiene más casos en análisis
El TSE mantiene otros 10 expedientes en evaluación para determinar si también serán remitidos al Área de Investigaciones, debido a que los financistas no remitieron la documentación solicitada.
Rónald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos, declaró que el Tribunal tramitó 90 estudios de solvencia durante el proceso electoral:
- 55 expedientes cuentan con respuesta y siguen en análisis.
- 10 casos permanecen sin respuesta y podrían pasar al Área de Investigaciones.
- 13 expedientes fueron trasladados o abiertos de oficio.
- 5 estudios concluyeron con informe técnico favorable para archivarlos.
- 7 expedientes todavía mantienen abierto el plazo de respuesta.
Si las investigaciones determinan anomalías que representen violaciones al Código Electoral, el TSE remitirá los expedientes al Ministerio Público.