TSE no pudo constatar solvencia económica de uno de los principales financistas de Chaves
TSE realizó estudio para determinar origen de recursos de financistas vinculados a estructuras paralelas
A pesar de que el Departamento de Financiamiento de Partidos del TSE hizo estudios de solvencia económica sobre al menos 27 financistas de la campaña electoral de Rodrigo Chaves, las revisiones no permitieron comprobar cuál era la procedencia real del dinero de Erick Quesada Gutiérrez, uno de los mayores contribuyentes del partido.
Esto se desprende del informe de financiamiento electoral, elaborado por el TSE y que está en poder del Ministerio Público.
Quesada adquirió 167 bonos de cesión de la contribución estatal clase A, valorados en ₡167 millones, convirtiéndolo en el mayor comprador de estos certificados y siendo de las personas que más puso fondos a la campaña del mandatario.
Él inyectó al menos ₡100 millones para adquirir estos bonos. Al no poder determinar la trazabilidad ni de dónde provienen esos dineros, se determinó abrir un expediente adicional de indagaciones.
Por este mismo motivo, el financista afronta una causa penal tramitada bajo el expediente 22-210-276-PE, por posible lavado de dinero a través de Progreso Social Democrático. Crhoy.com consultó al Ministerio Público el avance de esta causa.
Dos denuncias, una de ella anónima, que recibió el TSE en marzo del 2017, elevaron varios señalamientos contra este mismo financista de Rodrigo Chaves.
En ellas se señala que el contribuyente solo tenía una sociedad anónima activa que presenta posibles irregularidades aparentes como millonarias hipotecas a propiedades de menor valor, así como deudas con la Caja Costarricense del Seguro Social y el Ministerio de Hacienda.
Además, se reportó que los ingresos declarados que no justifican la inversión económica que hizo este investigado en la contienda electoral, de la cual habría obtenido ganancias por un 40%.
Cuando Quesada fue llamado ante la comisión legislativa que investigó el financiamiento de los partidos políticos, acudió el 31 de junio del 2023. El informe de la investigación, señala un extracto de las respuestas que dio ante los diputados.
Menciona que es pensionado del gobierno de los Estados Unidos, en donde realizó actividades comerciales en bienes y raíces. Que nunca ha sido pistero. Pensó que era un buen negocio la compra de bonos al partido, que ganaba un 40%.
De forma similar, el TSE abrió otra investigación al no poder comprobar el origen de los aportes económicos brindados por Luis Chen Mok, quien es uno de los máximos compradores de certificados de deuda política tipo B.
Él adquirió unos 154 certificados de este tipo, cuyo valor estaba estimado en ₡77 millones.
Otro de los mayores compradores de bonos de contribución estatal también requirió una investigación separada: se trata de José Pablo Chaves Zamora. Él fue el tercer máximo comprador de certificados tipo A: adquirió 107 certificados clase A por ₡107 millones en total.
Sin embargo, el estudio de solvencia económica mostró indicios de que sus recursos aparentemente proviene de una persona jurídica, pese a que el Código Electoral prohíbe a estas figuras realizar donaciones o aportes en dinero o en especie (artículo 93).
Otra operación de las más examinadas, fueron las contribuciones otorgadas por De Sheng Lin Hu, un joven costarricense de ascendencia oriental que colocó hasta ₡100 millones mediante la compra de bonos. En su caso, el estudio de solvencia económica fue infructuoso.
Por esa razón, el 24 de enero de 2023, esta instancia técnica procedió con la apertura de una investigación administrativa preliminar por aparte, bajo el expediente n.° DFPP-EE-002-2023, según muestra el informe al que crhoy.com consiguió acceso.
En este caso particular, se presume la posible financiación de extranjeros en elecciones nacionales, situación que está prohibida por el Código Electoral.
Justamente esto se derivó tras alerta bancaria sobre una actividad sospechosa, en beneficio del Partido Progreso y sus candidatos, entre los cuales figuraba quien hoy gobierna el país, Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles.
El 29 de marzo de 2022, el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos recibió una comunicación de la Subgerencia Banca Corporativa del Banco de Costa Rica (BCR), en la que reveló ciertas transacciones observadas en las cuentas bancarias de la agrupación política.
Ese mismo día, el vicepresidente Stephan Brunner, en ese entonces tesorero propietario del partido, depositó dos cheques de gerencia por un monto global de ₡100 millones.
El ordenante de un cheque por ₡70 millones fue De Sheng Lin Hu, sumado a otro por ₡30 millones emitido por el BAC San José, sin que se conociera la identidad del ordenante.
Tan solo 2 días después, el BCR detectó de nuevo un comportamiento que generó un reporte, asociado al PPSD y, en particular, respecto del señor De Sheng Lin Hu.
De esta forma, este financista utilizó una cuenta que tenía años sin transacciones, para recibir mediante transferencias SINPE, montos millonarios que después trasladaría a la campaña de Rodrigo Chaves.
El análisis de la información facilitada por el Banco de Costa Rica, sugirió al TSE la posible adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal por interpósita mano y, en particular, de personas extranjeras, dado que el señor Zufan Lin y la señora Weiwen Hu, progenitores registrados de Lin Hu, no ostentan la condición de nacionales, según consta en la base de datos de consulta pública del Registro Civil.
Esa movida podría infringir las disposiciones de los artículos 116 y 128 del Código Electoral, y potencialmente configurar los delitos penales tipificados en esa misma ley.
A continuación la lista completa de los 27 estudios de solvencia que realizó el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre financiastas de la campaña del PPSD del 2022, su estado y el valor facial de los bonos que adquirió cada uno.
Dudas sobre solvencia económica
La investigación principal permitió verificar la existencia de 2 estructuras paralelas que financiaron ilegalmente parte de la campaña que llevó al poder a Rodrigo Chaves Robles, pero también dio luz a otras anomalías que fueron descubriendo las autoridades.
Producto de las diligencias practicadas y de los estudios de solvencia desarrollados sobre los financistas y donantes, la investigación encontró otras posibles irregularidades en el manejo financiero del Partido Progreso Social Democrático en medio de la contienda electoral del 2022.
La fiscalización de la capacidad financiera, examinó el origen de los dineros de al menos ₡864,6 millones de colones, en su mayoría registrados como compras de certificados de aporte estatal, que serían retribuidos con presupuesto público.
Esto derivó la apertura de al menos 14 investigaciones adicionales, por aparentes anomalías.
Por ejemplo, en el proceso se detectó incongruencias entre las fuentes de ingresos de los supuestos financistas y la magnitud de los aportes realizados. Algunos financistas otorgaron más dinero del que estaría dentro de sus capacidades registradas.
Los estudios de solvencia económica a los donantes y contribuyentes, se realizaron sobre aquellos que presentaban mayor riesgo para el correcto financiamiento de la agrupación política.
También se seleccionaron los financistas que guardaban relación directa con las 2 estructuras paralelas detectadas por la investigación: el fideicomiso del grupo Costa Rica Próspera y los gastos pagados para la candidatura del hoy diputado Waldo Agüero Sanabria y de Rodrigo Chaves.
Algunos estudios de solvencia no encontraron de dónde venía la plata invertida a la campaña del mandatario, por parte de los inversionistas o bien, elevaron otras alertas.
De 27 financistas, donantes y contribuyentes de Rodrigo Chaves y el partido Progreso, 15 fueron remitidos a una sección de investigaciones para profundizar más a detalle las posibles irregularidades detectadas, entre los que están los 4 anteriormente mencionados.
Entre los exámanes de capacidad económica y trazabilidad del dinero que ordenó el TSE, también figura el propio mandatario Rodrigo Chaves Robles, así como la diputada oficialista Pilar Cisneros Gallo, el vicepresidente Stephan Brunner Neibig, el exjefe de campaña Calixto Chaves, el amigo y exasesor del gobernante llamado Federico Cruz Saravanja, entre otros.
Al menos 2 fueron remitidos además a la Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda, 6 tienen un estado que da razón a su archivo y 3 no respondieron las solicitudes de información pedidas por el TSE.
Estos análisis de solvencia económica y otros estudios, fueron justamente parte de las evidencias que permitieron a los investigadores arribar a la conclusión de que algunas donaciones se habrían realizado por interpósita mano, así como el uso de esquemas irregulares y la colocación indebida de certificados de cesión de la contribución estatal.
