TSE pide prueba de solvencia económica a estilista de Quepos que compró ₡15 millones en bonos a campaña de Fernández

El Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) inició un análisis preliminar y giró requerimientos de información sobre solvencia económica a una estilista de Quepos, identificada como Teresa María del Carmen Morales Mora, quien adquirió ₡15 millones en bonos o certificados de cesión para financiar la campaña de la presidenta electa Laura Fernández.

La gestión fue confirmada por el director de ese departamento, Rónald Chacón tras una consulta de este medio. Chacón indicó que, tras publicaciones periodísticas, la oficina decidió activar verificaciones técnicas para descartar o confirmar una eventual infracción a la normativa electoral o definir otras acciones administrativas.

"Este órgano técnico ha tenido conocimiento de las publicaciones noticiosas y a raíz de ellas ha generado sendos requerimientos de información a las personas y partidos políticos involucrados, con miras a descartar la posible comisión de algún ilícito electoral asociado al financiamiento partidario. Si bien, a este momento, no existe ninguna investigación formalmente abierta sobre este particular, dependerá de las respuestas que se reciban a estos requerimientos que se determinará la necesidad y pertinencia de profundizar sobre el origen y o trazado de estos recursos", explicó el funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El caso se vincula con la compra de 15 bonos por ₡1.000.000 cada uno, adquiridos el 4 de diciembre del 2025 con un descuento del 15%, lo que implicó un pago de ₡850.000 por cada certificado de cesión.

El nombre de Morales Mora, de 70 años, aparece en el listado de compradores de bonos que el partido político remitió al TSE y que se encuentra disponible en el sitio web de la institución.

De acuerdo con registros públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la financista figura como patrono del Salón de Belleza & Spa Kiros, ubicado en Quepos, Puntarenas. Además, reporta un salario mensual que oscila entre ₡550.000 y ₡575.000 y no aparece como desinscrita, a título personal, en el sistema Tribu-CR del Ministerio de Hacienda.

Asimismo, consta que estuvo inscrita en la Administración Tributaria de Puntarenas entre el 22 de febrero del 2000 y el 20 de marzo del 2006, según la consulta pública del Ministerio de Hacienda.

Morales Mora también figura vinculada a varias sociedades anónimas, en dos de ellas como tesorera y en una denominada Teresa Morales e Hijos como presidenta. En esta última sociedad aparece inscrito un terreno de 210 metros cuadrados, con una vivienda construida y un valor fiscal de ₡19 millones.

CR Hoy contactó telefónicamente a la señora la semana anterior, quien confirmó haber adquirido bonos; no obstante, al consultársele si el monto correspondía a quince certificados, respondió que "No, no eran 15. No eran tantos", y agregó que su hija era quien manejaba con mayor detalle la información.

Cuando un periodista de este medio le solicitó ampliar sobre la inversión realizada, la mujer expresó dudas sobre la identidad del medio, afirmando que no sabía si se trataba "de los nuestros o lobos con piel de oveja", tras lo cual dio por finalizada la llamada.

Otros financistas bajo análisis

El TSE también solicitó información de solvencia económica a Cindy Ampié Castro, excandidata a regidora por el Partido Nueva República (PNR) en el cantón de Montes de Oro, Puntarenas. Según el reporte entregado por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) al Tribunal, Ampié adquirió bonos de cesión por ₡35 millones para financiar la campaña de Laura Fernández Delgado.

Debido a un descuento del 15%, la exintegrante del PNR hasta el 2024 pagó ₡29,5 millones. El listado indica que compró bonos serie A el 5 de diciembre, numerados del 0466 al 0494.

Los registros públicos de la CCSS y del Ministerio de Hacienda señalan que Ampié no reporta una ocupación formal ante ninguna de esas instituciones, pese al monto de la inversión realizada.

Según el TSE, los certificados de cesión constituyen un mecanismo de financiamiento anticipado mediante el cual los partidos políticos pueden ceder, total o parcialmente, el derecho eventual a la contribución estatal, condicionado a los resultados electorales y a la revisión posterior de los gastos liquidados.

Estos instrumentos solo pueden ser adquiridos por personas físicas nacionales, medios de comunicación e instituciones bancarias, y su canje por bonos del Estado o reconocimiento en dinero depende de la validación del proceso ante el Ministerio de Hacienda.

"Mecanismo perverso"

El Primer Informe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE-OEA) para Costa Rica 2026 alertó sobre el riesgo de una eventual infiltración del narcotráfico en el financiamiento político.

Durante la última campaña, el DFPP tramitó varios casos en los que surgieron dudas sobre el origen de los fondos utilizados para la compra de bonos, algunos de los cuales fueron revelados por CR Hoy y guardan relación con el Partido Pueblo Soberano.

"Por la cercanía del día E que fue hace apenas dos, todavía el departamento (DFPP) no ha terminado sus indagaciones, pero sí en lo cotidiano se han librado consultas para poder acreditar o no la solvencia económica de las personas donantes, como ocurre en los procesos electorales en general a partir de las nuevas herramientas de fiscalización y control que dotó al tribunal el código de 2009. Los certificados de cesión de la contribución del Estado conocidos como bonos, el tribunal siempre los ha calificado como mecanismos perversos de financiamiento y tienen que ver con varias razones", dijo Andrei Cambronero, letrado del TSE.

El Tribunal también abrió una investigación preliminar sobre el origen de los fondos aportados por los empresarios de origen hondureño Stephan Roberto y Yann Eduardo Turcios Stiegler, quienes financiaron la campaña de Laura Fernández mediante la compra de bonos por ₡123 millones en noviembre del año pasado.

A estas indagaciones se suma el requerimiento de solvencia económica a un empresario del sector de servicios y dispositivos médicos, identificado como Alejandro Vargas Fuentes, quien adquirió 30 certificados de cesión por ₡1 millón cada uno, así como el análisis del caso de un comerciante de Ciudad Quesada, Eric Retana Alpízar, alias Panamá, cuyos hijos figuran como investigados por delitos de narcotráfico y tentativas de homicidio. Retana adquirió un bono por ₡1.000.000 para apoyar la campaña.