TSE registra récord de quejas y denuncias presentadas en una campaña electoral
Afirman en el Tribunal Supremo de Elecciones
La mayoría de denuncias por motivos religiosos han sido contra Restauración Nacional.
La medida cautelar interpuesta por el Tribunal Supremo de Elecciones a Fabricio Alvarado y Restauración Nacional para que se abstengan de llevar a cabo cualquier acción tendiente a incidir en la libre decisión de los electores, a partir de sus creencias religiosas o invocando motivos de religión, se une a la resolución en contra de la Conferencias Episcopal y la Alianza Evangélica por el mismo tema.
Las denuncias por invocación de motivos religiosos en esta campaña se cuentan por decenas por primera vez en muchos años de historia democrática del país.
Así lo reconoce Héctor Fernández, director del departamento de partidos políticos del TSE, quien es claro que nunca se habían tenido tantas menciones al tema religioso en una campaña.
"No, que recuerde no. Si han existido resoluciones en el pasado y algunas denuncias, pero en la cantidad y el volumen que se han presentado en esta elección, no", señaló Fernández.
Solo el lunes se recibieron 86 referentes a una reunión "secreta" en la que participó Fabricio Alvarado con parte de su equipo y algunos pastores, en los que al parecer pidieron ayuda para atraer votos.
La advertencia hecha al candidato de Restauración Nacional y al partido también va enfocada sobre el financiamiento y los procesos para recibir contribuciones.
"Recordarle al partido cuáles son las normas que regulan el financiamiento partidario y la prohibición expresa de utilizar estructuras paralelas para recaudación de fondos o para todo lo que tiene que ver con gastos de campaña", reiteró Fernández.
Más allá de la medida cautelar, la investigación de las denuncias determinará si existe responsabilidad por parte de Fabricio Alvarado y su partido. Además, le recordó que de conformidad con el artículo 284 del Código Electoral, que el incumplimiento de lo ordenado en la medida cautelar impuesta podría constituir el delito de desobediencia previsto en el Código Penal y sancionado con prisión de seis meses a tres años.