TSE valora enviar al Ministerio Público el caso de la estilista que financió campaña de Laura Fernández
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) valora remitir al Ministerio Público el caso de la estilista María Teresa del Carmen Morales Mora, quien financió la campaña del Partido Pueblo Soberano (PPSO) mediante la compra de ₡15.000.000 en bonos para promover la candidatura de Laura Fernández Delgado.
El TSE le solicitó a Morales pruebas de sus ingresos para realizar un estudio de solvencia económica y verificar el origen de los recursos con los que había comprado los certificados de cesión. Tenía tiempo de enviar la documentación al 10 de febrero, pero el TSE no recibió nada, ni tampoco se solicitó una prórroga.
Morales es estilista de oficio y tiene 70 años. Según registros públicos de la Caja Costarricense de Seguro Social, figura como patrona de un salón de belleza ubicado en el cantón de Quepos, Puntarenas. Además, reporta un salario mensual de entre ₡550.000 y ₡575.000. A título personal, no aparece como desinscrita en el sistema Tribu-CR del Ministerio de Hacienda.
También estuvo inscrita en la Administración Tributaria de Puntarenas entre el 22 de febrero de 2000 y el 20 de marzo de 2006, según la consulta pública del Ministerio de Hacienda.
Morales Mora figura en varias sociedades anónimas: en dos aparece como tesorera y en otra, denominada Teresa Morales e Hijos, ocupa la presidencia. En esa sociedad consta un terreno de 210 metros cuadrados, donde se construyó una vivienda, con un valor fiscal de ₡19.000.000.
El DFPP inició un análisis preliminar y giró requerimientos formales sobre la capacidad económica de la aportante. El director del departamento de financiamiento de partidos del TSE, Rónald Chacón, indicó que la oficina activó verificaciones técnicas para descartar o confirmar una posible infracción a la normativa electoral o definir otras acciones administrativas.
Además, el TSE analiza la apertura de una investigación administrativa preliminar "para identificar el origen y trazabilidad de los recursos referidos por fuentes ajenas a las supuestas adquirentes de certificados de cesión de la contribución estatal".
El 6 de febrero, CR Hoy informó que el director del departamento, Rónald Chacón, confirmó que mantenían en trámite la solicitud de solvencia a la estilista.
"Este órgano técnico ha tenido conocimiento de las publicaciones noticiosas y a raíz de ellas ha generado sendos requerimientos de información a las personas y partidos políticos involucrados, con miras a descartar la posible comisión de algún ilícito electoral asociado al financiamiento partidario. Si bien, a este momento, no existe ninguna investigación formalmente abierta sobre este particular, dependerá de las respuestas que se reciban a estos requerimientos que se determinará la necesidad y pertinencia de profundizar sobre el origen y o trazado de estos recursos", explicó el funcionario del TSE.
A esta gestión se suma la solicitud dirigida a Noemi María Chacón Morales, hija de la estilista, quien —según relató su madre— le ayudó a concretar el pago de los bonos en el banco.
Debido a inconsistencias sobre la procedencia del dinero, el 31 de enero el TSE también pidió información adicional para determinar la trazabilidad de los fondos.
Las investigadas se exponen a una multa por desatender el requerimiento de información del TSE, según lo establecido en el artículo 293 del Código Electoral (Ley n.° 8765) y en los artículos 80 y 94 del "Reglamento sobre el Financiamiento de los Partidos Políticos".
Estilista: "No eran tantos"
CR Hoy contactó vía telefónica a la estilista hace dos semanas y confirmó que adquirió los bonos. Sin embargo, al consultarle si compró quince certificados, respondió: "No, no eran 15. No eran tantos", y añadió que su hija conocía más detalles.
Se le consultó si podía ampliar sobre la inversión. No obstante, insistió en que no sabía si éramos "de los nuestros o lobos con piel de oveja" y finalizó la llamada.