TSE ve con preocupación aumento de investigaciones a financistas e ingreso de criptoactivos
Elecciones 2026
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reconoció su preocupación por el ingreso de criptoactivos al financiamiento político y por el incremento de investigaciones internas a financistas de partidos políticos durante las últimas dos campañas presidenciales.
Datos del órgano electoral revelan que los estudios de solvencia económica a las personas que donaron dinero a campañas o compraron bonos de deuda pasaron de 83 a 155 entre el 2022 y el 2026.
Guiselle Valverde, encargada de Fiscalización de Información Financiera del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP), comentó que el surgimiento de nuevas modalidades para movilizar recursos —como los criptoactivos y la participación de empresas financieras tecnológicas o fintech— representa un desafío que el TSE no pierde de vista, en momentos en que también crece el número de financistas bajo investigación.
Para el TSE, estas herramientas obligan a adaptar los mecanismos tradicionales de control para poder seguir el recorrido del dinero.
"No solo nos preocupa, sino que nos ocupa. Identificar al aportante constituye uno de los elementos esenciales de control", explicó.
La funcionaria detalló que llegar hasta esa persona que efectúa una transferencia o entrega dinero resulta fundamental, pero esa información no siempre permite determinar el verdadero origen del financiamiento, un reto que el TSE enfrenta justo cuando los estudios de solvencia a financistas alcanzan su cifra más alta en cuatro procesos electorales, incluyendo las elecciones municipales del 2020 y 2024.
Estudios de solvencia se dispararon
Los 155 estudios de solvencia aplicados a la campaña electoral de febrero pasado alcanzaron la cifra más alta en cuanto a donaciones económicas. En total se analiza la procedencia de ₡3.400 millones. En el 2022, este monto fue de ₡2.800 millones.
Para las elecciones municipales de 2020, el TSE realizó 65 estudios de solvencia por un monto total de ₡836.374.719,97. En las municipales de 2024, la cantidad bajó a 40 estudios, correspondientes a ₡503.124.285.
Los estudios de solvencia constituyen uno de los mecanismos que utiliza el TSE para fiscalizar el origen y la trazabilidad de los recursos privados que ingresan a las agrupaciones políticas.
Valverde explicó que estos procedimientos permiten verificar no solo quién figura formalmente como financista, sino también si esa persona cuenta con capacidad patrimonial para entregar los recursos y cuál es el verdadero origen del dinero.
Financistas con aportes de hasta ₡100 millones
El TSE también identificó una particularidad en la campaña de 2026: el tamaño de algunas operaciones individuales.
Valverde explicó que existen financistas que realizaron aportes o adquirieron certificados de cesión por cifras superiores a ₡50 millones e incluso ₡100 millones, una característica que, según indicó, no se había presentado de la misma manera en elecciones anteriores.
El DFPP utiliza como referencia un umbral de $10.000 o ₡5 millones para efectuar estudios de solvencia a donantes, contribuyentes, financistas, adquirentes de certificados de cesión, proveedores o prestamistas. No obstante, el TSE puede bajar ese umbral cuando identifica otros factores de riesgo que justifiquen revisar una operación de menor cuantía.
De los 155 estudios correspondientes a la última campaña presidencial, 15 pasaron al área de investigaciones del DFPP, donde el TSE realiza diligencias ampliadas para profundizar en el origen y la trazabilidad de los recursos.
Sin embargo, el órgano electoral aclaró que, hasta el momento, no ha elevado a la Fiscalía ningún informe sobre posibles irregularidades en donaciones, contribuciones, certificados de cesión o aportes relacionados con las elecciones nacionales de 2026.
"Los expedientes relacionados con el más reciente proceso electoral se mantienen abiertos y en desarrollo, en fase de recopilación y valoración de insumos probatorios", informó Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE.
Es decir, estos casos permanecen en una fase preliminar de recopilación y análisis, sin que el departamento técnico haya concluido todavía que los hechos configuren una falta o un posible delito electoral.
Casos al Ministerio Público
Valverde explicó, además, que desde la aprobación del nuevo Código Electoral en 2009, que fortaleció los controles sobre el financiamiento político, cinco expedientes asociados con procesos electorales presidenciales han llegado al Ministerio Público.
Esos traslados no corresponden a informes mediante los cuales el DFPP haya concluido que existen posibles irregularidades en el financiamiento. Algunos llegaron por solicitudes relacionadas con investigaciones penales y otros mediante órdenes judiciales de secuestro de información.
Según explicó la funcionaria, algunos expedientes contienen datos que protege el secreto bancario. En esos casos, el TSE solo puede entregar la información al Ministerio Público cuando un juez emite la respectiva orden.
Según el DFPP, entre 2010 y 2018 las investigaciones administrativas preliminares se relacionaban principalmente con la aplicación de los recursos de las agrupaciones, con énfasis en la veracidad de los gastos que efectuaban durante las campañas.
En las campañas de 2022 y 2026, la atención se ha desplazado hacia el origen de los recursos y la forma en la que se realizan los aportes.
El órgano técnico sostiene que las presuntas irregularidades relacionadas con la liquidación de gastos aparecen con menor frecuencia desde 2022, mientras crece el número de estudios de solvencia y de aparentes faltas o delitos vinculados con el origen y la trazabilidad de los fondos.
Casos conocidos
Uno de esos es el conocido caso Financiamiento Jaguar, relacionado con la campaña presidencial de 2022 del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), que llevó a la presidencia a Rodrigo Chaves.
La Fiscalía General presentó una acusación contra Chaves y otros seis integrantes de los Supremos Poderes por delitos electorales.
Según el Ministerio Público, durante la campaña habrían operado dos estructuras paralelas para captar y administrar recursos al margen de la tesorería del partido y de los controles del TSE: el fideicomiso Costa Rica Próspera y cuentas bancarias personales utilizadas para movilizar fondos.
Los otros casos guardan relación con los partidos Liberación Nacional y con un supuesto financista de Acción Ciudadana.
El financiamiento de la campaña de Chaves en el 2022 es uno de los casos que pasó al Ministerio Público.
Fiscalización en tiempo real
Como parte de esos cambios, el TSE comenzó un plan piloto para implementar el Sistema Integral de Fiscalización de las Finanzas de los Partidos Políticos, con el que busca ejercer un control en tiempo real sobre las finanzas partidarias, en lugar de depender únicamente de fechas específicas de corte.
La primera capacitación contó con representantes de 11 agrupaciones políticas y con el apoyo del Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED).
La plataforma contará con un módulo contable adaptado a las características del financiamiento político costarricense y otro para gestionar certificados de cesión, que permitirá controlar el proceso desde la emisión hasta su colocación. También incluirá módulos para fiscalizar cuotas de militancia, aportes que cobran las agrupaciones y préstamos.
"Esta herramienta lo que nos va a permitir es potenciar la transparencia, simplificarle un poco la vida a los partidos políticos para la rendición de cuentas", señaló Valverde.