UNA repartió ₡2.807 millones de cesantías entre 46 catedráticos y jerarcas pensionados

 

Un total de ₡2.807 millones repartió la Universidad Nacional (UNA) en cesantías a catedráticos y funcionarios con puestos de jerarquía que se jubilaron entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de octubre pasado.

En total fueron 46 las personas que recibieron como beneficio el cálculo de la cesantía con el tope máximo establecido por esa casa de enseñanza, de 20 años.

Este tope tan elevado ya fue declarado ilegal por la Sala Constitucional, que en junio pasado determinó que el máximo permitido para la Administración Pública es de 12 años. Más de eso es considerado abusivo e inconstitucional.

A pesar del fallo, la UNA ha seguido calculando cesantías con topes mayores a los permitidos. Antes del fallo de la Sala Constitucional había avalado 37, y después del 5 de junio pasado se le ha dado trámite a por lo menos nueve gestiones más.

Curiosamente la mayor estampida de funcionarios universitarios se produjo al mes siguiente de conocerse el fallo de la Sala Constitucional.

De los 13 jubilados que en total suma 2018, seis lo hicieron entre el 30 de junio y el 30 de agosto. A estas seis personas se les entregó ₡428,1 millones, todos ellos catedráticos.

Una catedrática más se jubiló posteriormente, el 30 de octubre, con una cesantía de ₡62 millones.

El monto destinado a cesantías de este tipo ha venido en franco crecimiento. De ₡332 millones en 2015 subió a ₡740 millones en 2016 y ya va por ₡868 millones este 2018, aún a falta de tramitar varias solicitudes aún pendientes.

 

 

De los recursos entregados, quien recibió el mayor monto fue la exrectora adjunta Luz Flores Davis quien en 2017 abandonó el puesto por jubilación. A ella se le giraron casi ₡100 millones.

Un catedrático del Área de Medicina Veterinaria obtuvo el segundo mayor monto con ₡92, 5 millones, mientras que otra alta jerarca, la anterior rectora Sandra León ocupa la tercera posición con ₡89,8 millones. Ella se jubiló en 2015.

 

 

Los cálculos de estas cesantías por encima del tope establecido por la Sala Constitucional realizados después del 5 de junio pasado, no serían los únicos, pues la casa de enseñanza maneja al menos seis solicitudes más de pensiones que están pendientes de trámite.

Según cifras proporcionadas por la oficina de la Rectoría de la entidad hay seis catedráticos más que realizaron la solicitud de jubilarse durante noviembre. Se trata de dos funcionarios de la Escuela de Relaciones Internacionales, una del Departamento de Física, otra de la División de Educación Básica, una más de la Escuela de Medicina Veterinaria y finalmente un catedrático de la Escuela de Economía.

Para ellos, al momento en que se remitió la información a este medio, aún no se había realizado el cálculo del monto, pero sí se informó que se les aplicaría el mismo tope de 20 años que han recibido todos.

Para realizar estos pagos, las universidades se han venido escudando en la aparente autonomía, a pesar de que la Sala Constitucional señaló claramente que la reducción del tope involucraba a toda la Administración Pública.

Se procuró el criterio del centro educativo para que ahondaran en el razonamiento que los llevaba a seguir calculando las cesantías por encima de los 12 años. Al cierre de este artículo no se había obtenido respuesta.

Aún así, ya existe en trámite una acción de inconstitucionalidad interpuesta contra los pagos de este tipo que se vienen haciendo en el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) y que podrían implicar una afectación a todo el sector educativo superior. La acción fue interpuesta por el exdiputado Otto Guevara y se encuentra admitida para estudio.

Por su parte, la Procuraduría también hizo ya un pronunciamiento sobre los topes mayores a 12 años, al calificarlos de "privilegios":

No basta entonces con que las Administraciones Públicas tengan competencia para autorregular bilateralmente las condiciones o relaciones de empleo por acuerdo de partes, en virtud de su autonomía colectiva, sino que además, de optar por crear convencional o reglamentariamente beneficios como los que nos ocupa, deben hacerlo atendiendo expresamente los principios del Derecho de la Constitución y del Derecho Administrativo a los que se ha hecho referencia (…) pues de lo contrario aquel beneficio laboral se constituye en un privilegio irrazonable. Así, las disposiciones normativas de las convenciones colectivas de trabajo, y demás normas infralegales, deben ajustarse a las normas legales laborales existentes.

Además de la UNA, en otras casas de enseñanza superior han incurrido en pagos de este tipo superiores a los 12 años.

La Universidad Estatal a Distancia (UNED), por ejemplo, ha reconocido el beneficio a por lo menos cuatro de sus jubilados recientemente.

La UCR no reporta puestos de jerarquía pensionados después del 5 de junio pasado. En el TEC se solicitó la información y se está a la espera de que sea enviada.