UNDECA cuestiona “injustificada concentración del poder” por traslado de abogados
UNDECA hace un llamado a luchar contra la decisión.
Archivo CRH.
La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) aprobó trasladar a los abogados de unidades médicas a la Dirección Jurídica, esto a pesar de las advertencias que hicieron 22 directores de hospitales nacionales y regionales.
Al respecto, la Unión Nacional de Empleados de la Caja y Seguridad Social (UNDECA) considera que el traslado es injustificado y representa una concentración de poder.
Según el sindicato es una "misteriosa e injustificada concentración del poder en una sola instancia administrativa, que se pretende transformar, de la noche a la mañana, en una megadirección jurídica".
Para UNDECA la Dirección Jurídica les da la razón al decir que "serán recabados e incorporados los criterios técnicos de rigor".
La misma Dirección Jurídica admite que tenemos plena razón, cuando afirmamos que el nuevo modelo adolece de criterios de la Dirección de Recursos Humanos (DAGP), Gerencia Financiera, del Proyecto de Reestructuración y un análisis integral de la Dirección de sistemas administrativos y de riesgos, que fundamenten adecuadamente ese acto administrativo.
Como dicen los juristas: "A confesión de parte, relevo de prueba."
En el comunicado de la CCSS, se lee que no habrá un crecimiento sin control, tal y como lo denunció UNDECA días atrás en un documento titulado "Caja aprueba despojar de los profesionales en derecho a los hospitales y otros centros de salud".
Para UNDECA, esta negación que hace la Dirección Jurídica es inútil y con esta decisión se fomentará una burocracia totalmente innecesaria.
La Dirección Jurídica pasará desproporcionadamente de 43 a 180 funcionarios, se crearán 5 subáreas (jefaturas y estructura administrativa adicional), con un aumento significativo del gasto administrativo en el nivel central.
El superficial estudio de la Dirección de Sistemas Administrativos advirtió que carece de profundidad, porque es meramente descriptivo, con información parcial y sesgada, sin estudios de cargas de trabajo, ni del volumen de operación.
Para esta unión, con el traslado de al menos 140 abogados, sin causa legítima, se están omitiendo criterios técnicos que demuestren el interés público. De igual manera, rechazan y advierten las consecuencias de "aplicar un traslado jerárquico forzoso, irrazonable y arbitrario".
También indican que esto significa una alteración de condiciones laborales esenciales, que puede causar un perjuicio material, moral o social.
Por otro lado, aseguraron que la concentración y centralización de las actividades jurídicas "reducirá la capacidad resolutiva de las unidades, impactará negativamente la supervisión, la toma de decisiones oportunas, el liderazgo y la rendición de cuentas, en detrimento del interés público".