UNED aprovechó alianza contra plan fiscal para “protegerse” de no tener convención

(CRHoy.com) Autoridades de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) temieron salir "perdiendo" en la lucha que libran las casas de enseñanza superior pública contra el plan fiscal, si a nivel jurídico actuaba sola y por eso prefirió mantenerse aliada al resto de centros universitarios.

La medida se produjo a pesar de la insistencia y preocupación de algunos miembros de su Consejo Universitario que clamaban para que la Administración planteara acciones legales contra la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas por separado.

Sin embargo, el temor de la Administración, en la figura de su anterior rector interino, Carlos Montoya, era que si lo hacían así, la Universidad podía ver cercenados algunos derechos o beneficios laborales, por no contar con la misma fuerza y peso político que si actuaban en conjunto con otras casas de enseñanza.

El temor se basó en que la Universidad Estatal a Distancia no cuenta con una convención colectiva, como sí la poseen las otras.

Esto los colocaba una grada más abajo en cuanto a las normativas, ya que la reforma fiscal así como recientes fallos de la Sala Constitucional han hecho referencia específica a mantener derechos adquiridos en las convenciones colectivas, pero no así respecto a otras normas de menor rango, como por ejemplo estatutos, que es lo que posee la UNED.

Nora González fue una de las concejales que planteó separarse de la sombrilla que representaba el Consejo Nacional de Rectores (Conare) en sus acciones legales contra el decreto ejecutivo que reglamentó la reforma fiscal:

No me convencen los argumentos del Conare, ni lo que se planteó ahora desde las Oficinas Jurídicas, porque en realidad ningún argumento me convence como para decirme que la mejor opción de negociación en este contexto de ataque a las universidades públicas es que el Conare se presente de manera conjunta, presentándose todas las universidades a un amparo o un contencioso administrativo de manera conjunta. Lo que me preocupa es que nosotros al actuar en este contexto únicamente amparados a las disposiciones que se plantean desde Conare, nosotros también quedemos en una línea que quizás no sea la línea que la universidad por cualquier otra desee plantear en su momento…(…)
No veo argumento como para que efectivamente yo diga, "creo que sí es más estratégico continuar trabajando bajo la sombra del Conare. 

Esta argumentación se recogió en el acta 2721-2019 del 7 de marzo pasado, como parte de la discusión de un cambio en un acuerdo para apoyar las gestiones de Conare ante el Tribunal Contencioso Administrativo, en contra de la aplicación del plan fiscal.

Al respecto, el razonamiento del exrector interino Carlos Montoya en la misma sesión se basó en que era mejor escudarse en la alianza con las demás universidades porque por separado "puede ser que perdamos la lucha" mientras que al hacerlo en conjunto más bien se verían beneficiados de "eso que no tenemos actualmente", en referencia a las garantías que otorga una convención colectiva:

Ahora se razonaba y se decía que era prudente hacerlo de esa forma, dado que nosotros no tenemos convención colectiva, si lo hacemos por separado y al no tener eso, que nos va a proteger, puede ser que perdamos la lucha, pero si lo hacemos en conjunto y nos la aceptan a todas, nos beneficiamos de eso que no tenemos actualmente y hacer ahorita una convención colectiva es casi imposible. Entonces, si bien es cierto la vez pasada se criticó que en el acuerdo de Conare se mencionaba que aquellas instituciones que tuvieran la convención colectiva se respetaba el pago de las cesantías hasta cierta cantidad de años, hoy estamos enmendando eso para poder agruparnos con ellos para hacer una acción conjunta donde nos vemos beneficiados todos en ese sentido.

La preocupación de González en torno a mantener una estrategia separada de Conare en ciertos aspectos estuvo apoyada por concejales como Guiselle Bolaños y Vernor Muñoz, pero en especial en lo relacionado con la defensa de los fondos a los cuales tiene derecho la casa de enseñanza como parte del Fondo Especial para la Educación Superior (Fees), en donde en términos generales en la universidad se considera que la repartición es "inequitativa".

Cesantías y otros beneficios

La reforma fiscal impugnada por los rectores de las universidades estatales ante el Tribunal Contencioso Administrativo, establece una serie de topes a varios beneficios laborales, entre los que destacan topes a cesantías, anualidades y pagos por dedicación exclusiva.

Es precisamente el punto de las cesantías el que más ha generado discusión a nivel interno.

De hecho, la Procuraduría de la Ética Pública tiene abierta una investigación contra Montoya y otros funcionarios universitarios por la forma en que se aprobó la cesantía con tope de 20 años en favor del exrector Luis Guillermo Carpio.

En la Uned las cesantías se venían calculando con un tope de 20 años, pero la reforma fiscal estableció un máximo de 8 años, extendible a 12 años para aquellos trabajadores protegidos por la convención colectiva.

Este punto lo han reforzado tanto la Sala Constitucional como la Procuraduría General de la República al interpretar que dicho cálculo máximo debe garantizarse al menos hasta que las convenciones colectivas pierdan vigencia.

[accordionset][accordionx heading='Transitorio XXVII del Plan Fiscal.- Cesantías']Auxilio de Cesantía, se exceptúan aquellos funcionarios cubiertos por convenciones colectivas que otorgan derecho a más de ocho años de cesantía, los cuales podrán seguir disfrutando de ese derecho, mientras se encuentren vigentes las actuales convenciones que así lo contemplen, pero en ningún caso la indemnización podrá ser mayor a los doce años.

En los casos en que se haya otorgado un derecho de cesantía superior a los ocho años por instrumentos jurídicos diferentes a convenciones colectivas, y que se encuentren vigentes, la cantidad de años a indemnizar no podrá superar los doce años, en el caso de aquellas personas que ya hayan adquirido ese derecho; para todos los demás casos, quedará sin efecto cualquier indemnización superior a los ocho años.[/accordionx][/accordionset]

Por eso, la Uned al no poseer convención colectiva se sentía en desventaja y "desprotegida".

Es decir, si la Universidad hubiese planteado sus reclamos por separado, uno de los riesgos era que las autoridades judiciales interpretaran que a la Uned no se le debía aplicar la misma garantía, por no tener convención.

Las universidades vienen librando una fuerte lucha por no formar parte de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual es liderada desde el Conare por los rectores. Este órgano es presidido actualmente por el jerarca de la Universidad de Costa Rica Henning Jensen, quien precisamente a lo interno de su casa de enseñanza apeló a la "cautela" para evitar una posible denuncia de prevaricato por desacatar el plan fiscal.