Uso de escolta para esposo de vicealcaldesa llegó al Ministerio Público

(CRHoy.com) La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) por el caso del uso de una escolta -conformada por policías de Tránsito y Municipales- para trasladar al esposo de la vicealcaldesa de San José, Paula Vargas; el expresidente de la Asamblea Legislativa y líder religioso Gonzalo Ramírez. La escolta se usó para movilizar también al motivador estadounidense, John Maxwell, hasta una reunión a la Casa Presidencial el pasado 19 de febrero.

La denuncia fue presentada por la PEP tras una denuncia que dio a conocer CRHoy el mismo día de los hechos. La reunión que sostuvieron Ramírez y Maxwell ese día en la casa de gobierno era con el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza.

"A la FAPTA se le está solicitando la investigación de la posible responsabilidad penal en que se pudo haber incurrido quién dio la orden de realizar la escolta en ambas instituciones, ante la existencia de normativa expresa y específica en el artículo 361 del Código Penal (Peculado), en virtud de la cual es prohibido que un funcionario público emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella, y además, se investigue si la escolta se realizó mediando un tráfico de influencias de alguna persona sobre algún funcionario público", dijo este miércoles la PEP a este medio.

Tal y como lo dio a conocer CRHoy en seguimientos posteriores, la escolta de los Policías Municipales para el esposo de la vicealcaldesa se aprobó cuando ella misma estaba al frente del ayuntamiento  josefino, pues en ese momento el alcalde Johnny Araya se encontraba fuera del país. 

Días después de los hechos el jefe de la Policía Municipal, Deitel Beita, admitió que él aprobó la escolta para el esposo de la vicealcaldesa Vargas. Aseguró que si bien su jefa inmediata en ese momento no le envió ningún oficio solicitando la escolta ella si le comunicó verbalmente de la necesidad de la escolta para su marido y Maxwell. Tras esa comunicación el mismo Beita aseguró que él valoro los efectivos disponibles y aprobó el traslado.

Por este caso el alcalde de San José, Johnny Araya solo amonestó a Beita y liberó de toda responsabilidad a la vicealcaldesa Paula Vargas, según lo admitió el alcalde el pasado 22 de marzo. Antes de esta fecha Araya se oponía a hablar del uso de estos recursos públicos para el esposo de la Vargas.

En el caso de la Policía de Tránsito, el director de esta instancia; Germán Marín,  dijo que había abierto una investigación interna para esclarecer lo acontecido. Hasta este momento se desconoce el estado de dicha investigación.

Consultados al respecto este miércoles el alcalde Johnny Araya dijo que desconocía que el caso había sido elevado al Ministerio Público. Dijo que prefería conocer la denuncia antes de referirse.

La vicealcaldesa Paula Vargas también declinó a referirse. Pidió que las consultas se le enviaran vía correo electrónico, sin embargo a la hora de esta publicación no había respondido el correo enviado a su cuenta de correo de la Municipalidad de San José.

Hay que decir que anteriormente Vargas defendió que la escolta no era para su esposo, sino para su acompañante, John Maxwell. Insistió que su cónyuge "es un ciudadano como cualquiera". 

Por su parte Ramírez dijo que se encontraba en una reunión y que no podía atender las consultas de este medio. En el caso de Deitel Beita, no devolvió los mensajes dejados  en su buzón de voz.