(CRHoy.com) -Solicitar a la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) que reabra la investigación contra Luis Guillermo Solís, por el caso del cementazo, podría ser una de las recomendaciones de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga el manejo del informe mediante el cual se absolvió al entonces mandatario de faltas al deber de probidad.

Así lo aseguró el diputado Roberto Thompson, del Partido Liberación Nacional (PLN), quien forma parte de ese órgano legislativo que deberá rendir un informe al Plenario Legislativo a más tardar el 21 de julio entrante.

El liberacionista sostuvo "que una de las opciones que habría que valorar, que lo hablo yo, como cosa mía, es la posibilidad de una reapertura del expediente para que se valoren los hechos nuevos que se han puesto en evidencia".

Thompson argumentó que los testimonios aportados a la comisión investigadora demuestran "injerencia directa de Casa Presidencial en el manejo del tema del Banco de Costa Rica (BCR), y pareciera que hay una serie de hechos que han quedado en evidencia, a partir de las audiencias, que determinan que no fue investigada a profundidad esa eventual injerencia".

El congresista se refiere al informe de la PEP que liberó al exgobernante de faltas al deber de probidad por el caso del cementazo, el mayor escándalo de corrupción, y que, por un extraño manejo, no pudo ser apelado por los legisladores en el plazo fijado.

"Tenderíamos a valorar, dentro del marco legal que existe, qué posibilidades hay de que la Procuraduría pueda eventualmente reabrir ese caso", subrayó.

Consultado a cuáles hechos nuevos se refiere, respondió: "Puntualmente, me refiero a hechos que han quedado de manifiesto hasta el momento, y que tienen que ver con una injerencia directa de Casa Presidencial, con conocimiento del expresidente, según lo han manifestado varios de los testigos, con respecto a las decisiones que debía tomar en forma autónoma el Banco de Costa Rica".

Según Tompson, aunque eso ha quedado en evidencia, el polémico informe de la PEP no lo tomó en consideración.

"De manera que hay, me parece a mí, aspectos o circurstancias, que no fueron tomados en cuenta a la hora de que la Procuraduría resolviera el tema. Pero, como le digo, esto es un primer borrador de lo que yo he percibido de las audiencias. Obviamente, esto tiene que ser conversado y valorado por todos los miembros de la Comisión", reiteró.

Presiones

Los diputados que integran la comisión investigadora concluyeron el pasado 22 de abril que fue evidente la injerencia del gobierno de Solís en la Junta Directiva del BCR para el otorgamiento del crédito de $30 millones para la importación del cemento chino a Juan Carlos Bolaños, a contrapelo de los reglamentos y normativas internas del banco.

Así lo señalaron en esa ocasión tras la comparecencia de Mónica Segnini, expresidenta y exdirectiva del BCR.

De acuerdo con el testimonio de Segnini, cuando había reunido los votos necesarios para que la Junta Directiva destituyera a Paola Mora -también expresidenta del BCR y quien jugó un papel clave en el otorgamiento del préstamo a Bolaños- el expresidente Solís llamó a Gustavo Arias, también miembro de la Junta y exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), para impedirlo.

Otro hecho que reveló, en la misma audiencia, fue que en alguna ocasión buscó un espacio con Solís para informarle de una serie de irregularidades suficientes para revocar el nombramiento del entonces gerente general del BCR, Mario Barrenechea -otra pieza clave en el ajedrez a favor de Bolaños- pero el entonces mandatario solo miró el reloj y alegó que tenía otra reunión.

Según declaró Thompson a CRHoy el pasado 22 der abril, hubo intervención de la Presidencia de la República, mediante presiones y llamadas, a los exdirectivos del BCR.

Sí hubo faltas de Solís

El informe de la comisión especial que investigó el caso del cemento chino -aprobado por el Plenario Legislativo con 42 votos a favor el 18 de enero de 2018- concluyó que Solís faltó al deber de probidad y, por eso, recomendó trasladar el caso a la Procuraduría de la Ética.

Sin embargo, la PEP absolvió, posteriormente, a Solís de responsabilidad en el informe que remitió al Congreso, en circunstancias extrañas, a pocos días de que los anteriores legisladores dejaran sus curules.

Esa comisión, constituida en el cuatrienio legislativo anterior, centró sus investigaciones en las gestiones que desde la Casa Presidencial, entidades del Estado, Asamblea Legislativa y BCR realizaron distintos jerarcas para favorecer el negocio de Bolaños, quien incluso visitó la Presidencia en 7 ocasiones.

Una de las conclusiones fue que desde la Casa Presidencial se instruyó a la entonces Junta Directiva del BCR para que se nombrara a Barrenechea como Gerente General del banco, a pesar de no cumplir con los requisitos de idoneidad para el puesto.

El BCR -con el concurso de Barrenechea, Paola Mora y otros exdirectivos- otorgó las líneas de crédito a Bolaños, a pesar de que no tenía historial crediticio ni experiencia en la importación del cemento.

Para ello, se ajustaron los reglamentos y prácticas del banco con ese crédito en particular y la administración superior ignoró las observaciones de técnicos que objetaron el contrato de préstamo.

Exprocurador en la mira

Aunque prefirió no adelantar criterio, el diputado Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano (PRSC) y quien preside la comisión investigadora del informe de la PEP, aseguró que la investigación tiene en la mira al exprocurador de la Ética Pública Rónald Víquez.

"Don Rónald dijo, en la comisión, que él no llamó absolutamente a nadie a comparecer para exonerar de toda responsabilidad al expresidente Solís. Él lo que nos dijo es que se había fundamentado en el informe que había hecho la comisión anterior del cementazo, y don Ronny Monge, cuando compareció en la comisión, dijo que él estaba seguro que don Rónald Víquez ni siquiera había leído la primera página del informe, porque el expediente constaba de 3 mil folios y ahí hacían implicaciones gravísimas de Luis Guillermo Solís", declaró.

Según Vargas, desde este punto de vista sentarán responsabilidades y harán recomendaciones que enviarán al Ministerio Público.

"Pienso que cabe una gran responsabilidad de Rónald Víquez, eso se lo digo categóricamente", sostuvo.

El legislador, además cuestionó, que el expresidente Solís, cuando ni siquiera la comisión investigadora del cementazo había terminado el informe, estaba enterado del mismo y envió una carta a Víquez para hacer su descargo.

"O sea el informe no había llegado a la Procuraduría de la Ética y ya Solís había mandado una carta, y Rónald Víquez ocultó esa carta, él jamás la incluyó en el informe, y después de recibir esa carta, manda otra carta a la comisión legislativa del cementazo, cuando estaba terminando el informe, y dice que, por favor, abrevien el informe, que lo manden lo más antes posible", aseveró.

Recordó que cuando se le cuestionó a Víquez, respondió que "era un trámite normal", pero el también exprocurador Gilbert Calderón manifestó, en otra comparecencia, que en 14 años al frente de la PEP "jamás pasó eso".

El congresista también apuntó otras inconsistencias:

• La Procuraduría notificó la resolución que absolvió a Solís el viernes el viernes 27 de abril de 2018, a escasos tres días antes de que la Asamblea Legislativa anterior terminara funciones. "Eso nos parece sumamente extraño", opinó Vargas.
• El Directorio Legislativo sesionó prácticamente una tarde, el lunes 30 de abril, mientras todo el personal se encontraba en los actos preparativos del 1 de mayo, cuando se instalaron los nuevos congresistas.
• El informe de la PEP llegó en un sobre sellado con la advertencia de que era confidencial y nadie lo podía abrir, solo el Directorio Legislativo. Además, se notificó en el despacho de Antonio Ayales, director ejecutivo del Congreso, no en la Secretaría del Directorio Legislativo. "Estamos mal notificados porque era una resolución y las resoluciones no pueden venir así, y hay vicios de nulidad", agregó.
• Luego, según el legislador, el informe "se quedó engavetado", pasaron los días y venció el plazo para que los diputados pudieran apelar la resolución de la PEP.
• Y cuando se conoció el documento, se detectó que le faltaban dos folios, lo que motivó a la entonces presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, a pedir de nuevo el expediente a la Procuraduría.

¿Y la Asamblea?

Consultado sobre la responsabilidad de la Asamblea Legislativa, Vargas manifestó: "Vamos a trabajar en ese tema. Obviamente, venció el plazo para apelar y el informe estuvo engavetado, pero todo mundo se pasa la responsabilidad. O sea, no podemos establecer con certeza de quién fue la negligencia".

"Don Gonzalo Ramírez (expresidente del Congreso) dice que él abrió el informe el último día, que terminó funciones y se lo dejó a la Dirección Administrativa; la Dirección Administrativa dice que se lo dio a la Presidenta de ese momento (Carolina Hidalgo), y ella dice que nunca tuvo conocimiento de que el informe estaba ahí", explicó.

Sin embargo, dijo que la comisión se pronunciará sobre estos hechos.

La comisión cerrará sus audiencias el próximo martes. El lunes recibirá, en una sesión que se llevará a cabo después del Plenario Legislativo a las 6 p.m., al exjerarca de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), Javier Cascante, y el exdirectivo del BCR Gustavo Arias. Un día después, a la misma hora, comparecerán Rónald Solís, también exdirectivo del BCR, y el exdiputado Ottón Solís.