Vecino del Caribe Sur: “Hacen construcciones dentro o cerca de zonas protegidas; pagan en efectivo”
Zona afectada por construcción de supuesta pista clandestina en Carbón 2 de Cahuita. Joel Morales CRH.
Para los vecinos del Caribe Sur hablar de lo que ocurre en las zonas boscosas de sus comunidades y el narcotráfico no es fácil. La mayoría de prefiere el silencio ante el temor a las represalias. Esto lo comprobó un equipo de CR Hoy en Gandoca, Sixaola y la comunidad Carbón 2 de Cahuita, donde opera la estructura criminal ligada a Edwin López "Pecho de rata".
En medio de ese ambiente de cautela, Marco Levy es uno de los pocos ciudadanos que se ha atrevido a hablar y denunciar lo que ocurre en la zona. Incluso ha enviado comunicaciones formales a las autoridades alertando sobre irregularidades ambientales y la construcción de espacios que, según ha denunciado, son usados por grupos criminales para el trasiego de droga.
Levy afirma que sus preocupaciones se centran especialmente en lo que ocurre dentro y en las inmediaciones del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, una de las áreas protegidas más importantes del Caribe costarricense.
Según relató, en los últimos años ha recibido información directa de trabajadores que han participado en diversas obras que se desarrollan en el sector.
De acuerdo con su testimonio, varios de esos trabajadores —principalmente de origen nicaragüense— le han comentado que en algunos proyectos los pagos se realizan en efectivo y en dólares, lo que a su criterio genera interrogantes sobre el origen de los recursos que financian estas construcciones.
El vecino pide a las autoridades investigar esta situación, pues sostiene que podría estar vinculada a capitales irregulares, que estarían llegando a la zona para financiar proyectos dentro o cerca de zonas protegidas.
Levy también asegura que en sectores del refugio y en zonas cercanas se han observado cambios de uso de suelo, tala selectiva y ocupaciones de terreno que, según afirma, ocurren a la vista de las autoridades.
A su juicio, existe además una percepción entre habitantes de la zona de que la normativa ambiental no siempre se aplica de forma uniforme, lo que genera desconfianza hacia las instituciones encargadas de proteger estos ecosistemas.
"Hay situaciones que resultan contradictorias. Algunas actividades parecen permitirse a ciertos actores, mientras que a otros se les aplica la normativa con todo el peso", indicó.
Para Levy, estos hechos podrían estar relacionados con un fenómeno más amplio que preocupa a varios habitantes del Caribe Sur: la presencia de estructuras de crimen organizado que buscan aprovecharse de los recursos naturales de la región.
Pese al temor que existe entre vecinos, decidió hacer públicas sus preocupaciones y remitir información a instituciones como el Ministerio Público y el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), con el objetivo de que se investigue lo que está ocurriendo. Él compartió copia de esas comunicaciones con este medio.
"No se trata de señalar culpables sin pruebas, pero sí de advertir que estos patrones, si se confirman, representan una amenaza real para la biodiversidad, para las áreas protegidas y para el futuro de las comunidades que viven aquí", expresó.