Vecinos de Tárcoles cuestionan proceso de desalojo impulsado por la municipalidad

Claudio Campos, vecino de playa Pita, en Tárcoles de Puntarenas, decidió alzar la voz para denunciar que un grupo de pescadores locales estaría siendo "perseguido" y "acosado" por la Municipalidad de Garabito.

Según explicó, han recibido amenazas de desalojo del lugar donde viven, bajo el argumento de que las viviendas se ubican en zona marítimo-terrestre.

Se trata de personas que, aseguran, han vivido toda su vida en ese sector. Incluso, indican que sus familias residen allí desde hace entre 40 y 50 años. Además, afirman que pagan impuestos municipales como el resto de habitantes del cantón.

De acuerdo con el residente, el alcalde Francisco José González Madrigal les habría indicado que no tienen derecho a un proceso de defensa ante un eventual desalojo y demolición de sus viviendas. Ante este escenario, Campos pidió la intervención de las autoridades nacionales, pues considera que sus derechos y los de los demás vecinos están siendo vulnerados.

En su caso particular, relató que tiene 39 años de vivir en la zona. Sin embargo, considera que desde el ayuntamiento ahora los quieren hacer ver como "precaristas" o como personas que "están contaminando".

Asimismo, señaló que han empezado a recibir visitas y advertencias sin previo aviso y, según afirma, sin notificación judicial por escrito.

Piden ayuda de las autoridades

Don Miguel, otro de los vecinos denunciantes, explicó que acudieron a una sesión municipal para conocer qué estaba ocurriendo. No obstante, detalló que únicamente les indicaron que las estructuras serían demolidas y que debían abandonar el sitio.

Según relató, no se les dio margen para reubicarse, situación que describió como "tirarlos a la calle".

El vecino aseguró que desde la municipalidad les manifestaron que ya se les habían otorgado 15 días para buscar una solución. El adulto mayor expresó su preocupación, pues indicó que no cuenta con recursos económicos para comprar un lote o trasladarse a otro lugar.

Miguel afirmó que toda su vida ha trabajado en la pesca artesanal para sostener a su familia. También reiteró que, según su versión, no han recibido una notificación judicial formal por escrito y pidió a las instituciones costarricenses que intervengan para ayudarlos.

"Nos quieren sacar a la fuerza"

Don José Manuel, otro de los afectados, afirmó que la municipalidad "los quiere sacar a la fuerza". Según dijo, considera que el objetivo es liberar espacio para el turismo, aunque señaló que se trata de una zona donde hay presencia de lagartos.

También aseguró que no ha recibido una notificación oficial dirigida a su nombre. Indicó que, en su caso, personal municipal entregó un documento con sello a su hijo menor de edad.

No obstante, afirmó que la carta no iba dirigida a ninguna persona en particular ni estaba firmada por algún funcionario identificado del municipio.

José Manuel manifestó sentir una vigilancia constante, pues —según indicó— vehículos de la policía municipal u otros funcionarios llegan a tomar fotografías o grabar en el sitio.

"Nos han dicho que somos invasores"

Otros denunciantes, Rosaura e Isaí, señalaron que les han dicho que son "invasores", "precaristas" e incluso "ladrones".

Aseguraron que han cumplido con el pago de impuestos municipales, pero que, aun así, son señalados con esos calificativos.

Los vecinos recalcaron que no cuentan con recursos económicos ni con otro lugar adonde trasladarse y que sus familias se han visto afectadas por la situación.

Asimismo, manifestaron que no se sienten protegidos por la legislación vigente. Indicaron que han vivido en ese punto "toda la vida", por lo que consideran doloroso que se les haga ver como si estuvieran cometiendo un delito.

"Muchos nos critican, pero no conocen nuestra problemática", expresaron.

Rosaura e Isaí también cuestionaron que se les intente presentar como personas con altos recursos económicos, cuando —según afirmaron— todos son pescadores artesanales.

Explicación de la municipalidad

CR Hoy solicitó una versión al alcalde Francisco José González Madrigal. Al cierre de edición, la respuesta se encontraba en trámite.