Viaducto en ruta 27 enfrenta a Gobierno y Globalvía

(CRHoy.com). El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y Casa Presidencial confirmaron diferencias con la empresa Globalvía, concesionaria de la ruta 27, entre San José y Caldera, sobre la construcción del viaducto que pretende solucionar los problemas con el hundimiento en el kilómetro 44 del corredor vial.

Esta alternativa tendría un costo final estimado entre los $15 millones y los $17 millones. Sobre el tema, Rodrigo Chaves, presidente de la República, dijo este martes 2 de noviembre que existen discrepancias sobre el reconocimiento de la inversión que debe asumir la concesionaria con esta obra.

El hundimiento en el kilómetro 44, fue detectado desde 2011 y destacado en numerosos informes de advertencia efectuados por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El mandatario recordó que el pasado 26 de octubre se reunió con Javier Pérez Fortea, director ejecutivo mundial de Globalvía, para acercar posturas y tratar el tema de los riesgos existentes en la carretera.

"Desde el punto de vista del MOPT, le corresponde a ellos arreglarlo. Son $17 millones. Ellos dicen que no, que ellos pueden financiarlo y que después se extienda el contrato. Ya ahí hay una diferencia de opinión", comentó el presidente de la República.

Chaves repitió lo que ya había explicado el 6 de julio pasado. Según cuestionó, en 1998, cuando se analizó el contrato para construir la carretera, el Estado negoció una tasa de interés, con una tasa implícita de retorno, del 16% real en dólares.

A su criterio, esta es una situación que no comparte, pues alegó que en ese momento las tasas de interés "eran bajísimas" y se pudo negociar a una cuarta parte de ese 16%. Para el mandatario, este aspecto se traduce en la actualidad en montos elevados en las tarifas de peaje y por eso procuran definir el futuro del contrato".

Además, recordó que, por los lineamientos contractuales actuales, si hay inflación en EEUU., se le carga en dólares el precio a la tarifa de peajes que se cobra.

"Estamos en la disputa de sí les toca a ellos o si nos toca a nosotros. Nosotros tenemos la tesis cerrada de que no, que les toca a ellos. Es el riesgo que les toca por tomar la concesión", citó el ministro Amador.

El jerarca explicó que se han analizado las posibilidades para poner punto final al contrato de concesión (que está vigente hasta 2033), pero esto requeriría una indemnización, como indicó el ministro, para ver si los "podían quitar de encima".

"Eso es un análisis que es confidencial. No puedo revelar más detalles, pero sepa que ya lo hicimos. Estamos haciendo toda una recopilación de elementos de prueba, de todos los incumplimientos, para ver hasta dónde podemos llegar y qué tanto tenemos de fundamento. Se han hecho análisis y diseños para ver que hay que hacer para ampliar la carretera, cuánto cuesta y tenerlo listo para cuando resolvamos el cómo se hace, que el diseño ya esté sobre la mesa para poder avanzar", añadió el ministro.

La ampliación de la carretera requeriría $600 millones, aproximadamente, según cálculos discutidos entre el concesionario y el Poder Ejecutivo.

El plan de esta Administración, según detalló meses atrás el entonces secretario técnico del CNC, Eduardo Chamberlain Gallegos, consistiría en "lograr un balance entre el menor impacto posible en peajes, el inicio de construcción más próximo, el alcance más completo y mejores condiciones para el Estado".

Una de las alternativas es que la ampliación la asuma el Estado y se contrate a otra empresa que no sea la actual concesionaria. No obstante, eso está por dilucidarse.

La Administración Alvarado Quesada aseguró al cierre de gestión que las negociaciones con Globalvía, coordinadas en ese momento con Pérez Fortea, llegaron a un 80% y se planteó una propuesta de ampliación que rondó los $550 millones.