Viáticos, gasolina y salarios: informe revela cómo funcionaba la agencia de sicarios de “Ántrax”
Servicio de "pedidos de muerte" empezó a tomar fuerza en el país en la última década, según expediente.
La presunta "Agencia de Sicarios" desarticulada por la Sección de Homicidio del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) a finales de abril, operaba como una empresa bien estructurada que ofrecía sus "servicios" a grupos criminales de alto rango, principalmente narcotraficantes, para eliminar con asesinatos a su competencia.
Según la investigación desarrollada por esa oficina, con el apoyo y dirección funcional de la Fiscalía Adjunta Contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, la logística era tan minuciosa que daban a sus miembros un sinfín de herramientas para operar en función de los pagos que hacían otras estructuras.
No obstante, tres de sus miembros de apellidos Soto, Salgado y Montero, quedaron en libertad a inicios de agosto por decisión del Tribunal Penal de Desamparados, luego de que sus abogados presentaran recursos de apelación a las medidas que se les impusieron inicialmente. Los dos últimos cumplen con la orden de estar con monitoreo electrónico.
El caso que se investiga en el expediente penal 21-000709-0053-PE, al cual tuvo acceso crhoy.com, recoge varios informes en los que se revela la participación de al menos 14 personas involucradas en la denominada "agencia", sus roles, métodos de pago y pluses que recibían por cumplir con los objetivos que les endosaba el líder de apellidos Gutiérrez Durán, conocido como "Ántrax".
"Mediante el presente hacemos de su conocimiento sobre nuevos elementos de prueba que se han venido recabando en el caso y que dan noticia sobre la participación de una nueva persona quien funge como la encargada de la logística operativa de la agrupación criminal relacionada con el caso "Agencia", misma que, es la que en apariencia ejecuta los pagos de viáticos, combustible y salarios para con los sujetos que participan activamente en la consumación de los homicidios y en otros intentos de éstos que han quedado reflejados en investigaciones paralelas a la presente", explica el informe 65-SH/IP-2021 acumulado en la causa.
La Fiscalía enumeró cuatro asesinatos ocurridos en el 2021 como los principales hechos por los que se abrieron varios expedientes y que finalmente dieron la línea de investigación, para determinar que todos estaban relacionados con la misma banda de asesinados que operaba subcontratada o outsourcing como también se le conoce.
El expediente señala que en el argot criminal se conoce como "sobres" al pago de servicios de asesinato, y en esta causa se conoció de cuatro casos ocurridos entre junio y agosto del año 2021, en La Aurora de Alajuelita, San José centro, San Miguel de Heredia y Sabana Norte.
"(…) el análisis de al menos cuatro homicidios que presentaban similitudes operativas muy particulares, ya que inicialmente se logró establecer que no existía conexión alguna entre las víctimas y además se tenían vinculados a varios individuos que particularmente trabajaban como una empresa dedicada al servicio de sicariato remunerado, los cuales eran contratados por otras personas con las que las víctimas mantenían enemistades para que estos se encargaran del "trabajo sucio", evitando así que el interesado se viera directamente vinculado con el homicidio", se lee en el informe 73-SH/CI-2023 al que tuvo acceso este medio.
Los "pedidos de muerte" llevaban un trabajo de inteligencia previa, para lo cual la agencia encargaba a algunos de sus miembros hacer vigilancia y seguimiento a la víctima durante varias horas para tener certeza de sus movimientos y saber cuál era el mejor momento para ejecutar el crimen y luego cobrar su recompensa.
En la investigación se logró identificar que dos menores de edad participaban de los actos sangrientos, a quienes describen de tener comportamiento agresivo y efervescente, características que buscaban los líderes para llevar a cabo las ejecuciones.
Como parte del seguimiento que se hizo a los menores la investigación logró determinar que la madre de uno de ellos estaba directamente vinculada con el grupo como una colaboradora más, pues ejercía funciones operativas que aportaban a la estructura en su afán de culminar con lo que les solicitaban sus clientes.
"(…) específicamente el aportar sus cuentas bancarias para que los investigados lograran obtener dinero a fin de comprar comida y abastecerse durante los eventos que los que intentaban cometer otros homicidios, abastecer de combustible los vehículos para ello y además, sin descartar, el dinero para la compra de armas de fuego y municiones para dotar de recurso bélico a la organización, todo ello con el fiel objetivo de dar muerte a las personas para lo que eran contratados mediante los ‘sobres'", revela el texto aportado en el expediente.
Esta mujer de apellido Castro, quien actualmente estuvo privada de libertad por el delito de amenazas agravadas, señala el informe que mantenía una notoria relación de confianza con el líder del grupo criminal de 19 años, quien está preso descontando una pena por tráfico de drogas.
Modelo de la última década
Por eso, desde hace poco más de una década los grupos empezaron a buscar asesinos externos para no verse directamente vinculados con los hechos sangrientos una vez que el OIJ arrancara con las investigaciones.
"(…) desde aproximadamente unos 10 años hacia atrás, en la Sección de Homicidios hemos venido detectando que se vienen dando ciertas colaboraciones entre distintas agrupaciones criminales, brindándose entre ellas servicios bajo la especie de "Outsourcing", en las que gerencialmente se definen ayudas o contrataciones externas para que la organización "A" contrate a la "B" a fin de que se asesine al sujeto "C", sin necesidad de generarse ese vínculo directo entre la víctima y quien preordena su muerte, como antes ocurría", detalla el informe.
Randall Zúñiga, director del OIJ, señaló que este es el cuarto grupo de esta índole que logran identificar, con la particularidad de que operaban desde prisión, particularidades que también recoge la documentación de prueba adjunta en el expediente.
(…) giraba órdenes a sus mandos medios para iniciar con la batería de diligencias tendientes a ubicar al objetivo y darle de baja, teniendo para ello que utilizar un vasto recurso de personas, vehículos, dinero, viáticos, viviendas y material bélico para su cometido, contando también para ello con varios adultos y dos menores de edad que, justamente, eran la "carne de cañón" perfecta para la comisión directa de los homicidios, tomando como ventaja su violencia, volatilidad y disposición inmediata para cometer hechos graves y bizarros", describe.
Para los investigadores a cargo, esta forma de operar llegó a quebrar el típico modelo operativo de los asesinatos, pasando ahora a un gerencialidad bastante marcada sin contar con algún ligamen a agrupaciones antagónicas, sino que "se dan el lujo de tener una empresa exclusiva para aniquilar personas".
Contra los imputados que aparentemente se encargaban de ejecutar a las víctimas, están ahora en activo las siguientes medidas cautelares:
- Pana Castro (24 años): sigue en prisión.
- León Navas (34 años): sigue en prisión.
- Montero Santos (33 años): pasó a arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
- Salgado Rocha (40 años): pasó a arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
- Soto Barquero (43 años): quedó en libertad.
- Rodríguez (22 años): sigue en prisión.
- Segura Céspedes (35 años): sigue en arresto domiciliario, bajo monitoreo electrónico.
- Mujer de apellido Castro (36 años): quedó por la libre desde el inicio
- Dos adolescentes de 16 años involucrados: Fiscalía no brindó más detalles, al ser menores de edad.