Vicealcalde de Guácimo tuvo que pagar factura de ₡400 mil en diésel tras presuntas anomalías
Vicealcalde Siviany Mora, alcaldesa Beatriz Mora y vicealcalde Félix Ruiz
Sivianny Moya Peraza, primer vicealcalde de la Municipalidad de Guácimo, pagó de su bolsillo una factura de ₡403 mil por diésel utilizado en maquinaria del gobierno local. Ese combustible, en apariencia, se usó para trabajos en fincas privadas, hechos que hoy investiga la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
El Departamento Financiero detectó presuntas irregularidades durante la liquidación de ese monto que pretendían cobrar a la municipalidad, pese al presunto uso indebido de recursos públicos. Por ello abrió una investigación interna para determinar si existió un intento de cobro indebido por parte del funcionario.
Esa oficina rechazó el pago de la factura por combustible que adquirió un funcionario municipal. Según la información interna, lo enviaron a la estación de servicio Delta de Guácimo, donde solicitó 700 litros de diésel.
En un oficio emitido como respuesta a una consulta ciudadana, la coordinadora financiera, Kattia Montero Astúa, reveló que, tras analizar la documentación del caso, "se identificaron deficiencias en las observaciones y detalles del informe que no cumplían con los criterios necesarios para continuar con el trámite de pago", por lo que negó el reembolso hasta recibir las aclaraciones correspondientes.
Montero explicó que el Departamento de Servicios de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) trasladó a pago solo una parte de la factura y que, mediante el oficio SIOP 465-2025, se indicó que "la administración continuará con las investigaciones para determinar lo sucedido y así determinar la responsabilidad".
Inconsistencias
Según la unidad financiera, cualquier reembolso por combustibles, construcción de caminos u otras labores requiere un informe de respaldo. En este caso se encontraron inconsistencias.
"A la fecha, desconozco si el pago es procedente o improcedente, dado que no formo parte del área de SICOP. Dicha unidad indicó que realizaría una investigación interna para determinar si procede efectuar el pago o, en su defecto, si el caso amerita una amonestación interna o la presentación de una denuncia formal. Al momento de identificarse la inconsistencia en el respaldo del pago, se comunicó de inmediato la situación a la Alcaldía, la cual giró instrucciones para detener cualquier trámite de pago relacionado. Asimismo, toda la información vinculada con este proceso se encuentra disponible en SICOP", indicó Montero.
La encargada financiera confirmó que, según la documentación firmada por los funcionarios responsables, el 100% del combustible se destinaría a labores municipales. Indicaron que realizaban visitas regulares a los sitios relacionados con los trabajos y que el producto se adquirió mediante el procedimiento de compra formal establecido por la institución.
"En este punto, se requiere conocer el informe emitido por el SIOP a partir de dicha investigación, con el fin de determinar si procede presentar una denuncia o si corresponde otro tipo de acción. Sin embargo, esta área no forma parte del equipo del SICOP que lleva a cabo la investigación", detalló Montero.
Factura rechazada por el Departamento Financiero de la municipalidad
Monto pagado por el vicealcalde tras el rechazo de liquidación de la municipalidad
En un inicio, las autoridades no consideraron el caso como una posible estafa, sino como un trámite que requería ser rechazado y corregido por la unidad de origen. Sin embargo, ahora no descartan que se hubiera intentado cometer este delito.
"Asimismo, el área Financiera no cuenta con asesor y, a la fecha, no tengo conocimiento del resultado de la investigación interna realizada por el SIOP, necesaria para determinar si existen indicios de algún intento de estafa.
Con respecto al trámite de pago, esta área financiera solamente ejecutó la factura que contaba con su debido respaldo documental. Y según lo indicado por el SIOP se realizaría la investigación correspondiente", señaló Montero.
Caso denunciado por CR Hoy
Este caso se relaciona con el que reveló CR Hoy el pasado 17 de noviembre, cuando se confirmó que la Fapta investiga la presunta comisión del delito de prevaricato por parte de la alcaldesa Beatriz Mora Valverde.
La funcionaria y otros personeros municipales fueron denunciados por el supuesto uso de maquinaria, empleados y recursos del ayuntamiento en una obra privada. La Fiscalía busca determinar si la jerarca ordenó a subalternos utilizar recursos públicos para intervenir en propiedades privadas vinculadas a ella y a otros miembros del gobierno local.
Los hechos habrían ocurrido entre mayo del 2024 y marzo del 2025, cuando, según la denuncia, el vicealcalde Sivianny Moya Peraza ordenó emplear maquinaria pesada municipal, entre ella la retroexcavadora N.° 109-181, operada por el funcionario Jefferson Solano.
"Se movilizaron 28 vagonetas para el acarreo de material, registrándose hasta 28 viajes relacionados a estas labores. El combustible utilizado, específicamente diésel municipal, fue sustraído de la estación Delta y transportado en pichingas utilizando el vehículo oficial Pick-up Mitsubishi L200, placa SM-6426, conducido por un funcionario identificado como Rodney, primo del vicealcalde de nombre Sivianny Moya Peraza. Las obras se realizaron en propiedades privadas, entre ellas la nivelación de terreno en La Guaria de Guácimo (Ruta 248, en la propiedad privada del señor Taller de Alberto Mora). Asimismo, se señala otro caso en la comunidad de El Bosque de Guácimo vinculado al vicealcalde segundo Félix Ruiz Sánchez".
Según la prueba aportada, ese taller es el que utiliza la municipalidad para reparar su maquinaria oficial, lo que evidencia un posible "conflicto de intereses".
El documento señala que en el 2024 se recibió la primera alerta sobre el supuesto uso irregular de bienes municipales. En apariencia, se constató el "acarreo de material y nivelación de un terreno" del taller al que la municipalidad le paga por reparaciones de maquinaria.
Órdenes de vicealcalde
"Esta relación comercial establece un claro y grave conflicto de interés, lo que transforma un presunto desvío de recursos en un caso de aparente tráfico de influencias y uso de la función pública para beneficio personal y familiar. Un testimonio interno corrobora esta situación, ya que un chofer y trabajador le confesó a un supervisor municipal que estaba realizando las labores por 'órdenes de Moya'".
La denuncia menciona un "memorándum de la oficina del vicealcalde" que ordenaba el uso de la retroexcavadora y de los trabajadores del Departamento de Servicios Municipales para tareas privadas en el taller de Alberto Mora.
La maquinaria se observó en esa propiedad durante febrero y principios de marzo. Testimonios y registros fotográficos confirmaron su presencia el 27 de febrero del 2025.
"El operador de la retroexcavadora, un funcionario de apellido González, supuestamente recibió una orden directa del vicealcalde para realizar el trabajo en la propiedad privada. Un segundo operador, Jefferson Solano, también fue mandado a trabajar en el lugar en ese momento. Además de la retroexcavadora, se utilizaron vagonetas del municipio, operadas por varios funcionarios, quedando en evidencia la movilización de múltiples recursos municipales para un único propósito particular, en total según informes y registros son 28 viajes de vagonetas".
La alcaldesa y los vicealcaldes fueron electos en 2024 por el Partido Justicia Social Costarricense (PJSC). Sin embargo, 15 meses después de asumir, el 6 de agosto del 2025, anunciaron su salida de esa agrupación y su adhesión al Partido Pueblo Soberano (PPSO), aliado de la candidata afín a Rodrigo Chaves Robles.
Vicealcalde Siviany Mora, alcaldesa Beatriz Mora y vicealcalde Félix Ruiz
No contestaron; alcaldesa hizo video
CR Hoy intentó obtener la versión de la alcaldesa Mora y de los dos vicealcaldes. Ninguno respondió las llamadas telefónicas realizadas. También se les envió un correo institucional durante horas laborales, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Posteriormente, la alcaldesa publicó un video en redes sociales donde negó los hechos investigados por la Fiscalía.
"Cuando nosotros intervenimos un camino tenemos que abrir y limpiar, eso viene con todo tipo de material y es material que no sirve para trabajar en las carreteras, entonces algunas organizaciones comunales nos lo solicitan para rellenos, se hacen un procedimiento o solicitud y de acuerdo a lo que se esté trabajando, ahí se destina.
Pero también hay lugares donde no se necesita en ninguna carretera comunal entonces entra la figura de las terceras personas, entonces esas personas solicitan ese material y el equipo municipal va y lo tira ahí, no es material de concesión ni que se utiliza para intervenir caminos, son escombros", argumentó.
Sin embargo, en la causa penal se analiza prueba que indica que el material trasladado no era escombro, sino material "virgen" extraído del río. Ese punto está bajo la lupa del Ministerio Público, junto con el uso de recursos municipales en beneficio de los dueños de esas propiedades.
