Viceministra justifica en redes incentivo de más de ¢30 millones
Ana Gabriel Zúñiga Aponte, viceministra de la Presidencia, se defendió y justificó un incentivo salarial que recibe y que le ha sumado a su sueldo más de ¢30 millones a lo largo de su labor.
Tras una publicación del medio elmundo.cr en el que dicen que el pago de dicho beneficio es "ilegal", Zúñiga dijo que dicha acusación es "errónea" y enumeró los artículos que la amparan.
La polémica gira en torno al "incentivo salarial por prohibición", cuyo objetivo es exigir a los empleados públicos su exclusividad laboral.
Según el artículo web, Zúñiga Aponte no cumple con los requisitos para recibir el beneficio, pues no está colegiada, ni es licenciada en Derecho, por lo que no debería recibir dicho beneficio. Sin embargo, la viceministra indicó en redes sociales que disfruta de dicho incentivo por otros motivos.
El artículo 14 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública indica que el presidente de la República, vicepresidentes, ministros y viceministros, entre otros, tienen prohibido ejercer en otros cargos, excepto cuando se trate de docencia, fuera de la jornada laboral.
El artículo que sigue, el 15, mencionó Aponte, les retribuye dicha prohibición mediante un incentivo salarial equivalente a un 65% (como máximo) sobre el salario base fijado para la categoría del puesto respectivo, mencionó Aponte.
Asimismo, la viceministra indica que la Procuraduría General de la República había informado que no es necesario estar colegido (inscrito en el Colegio de Abogados) para recibir dicho pago.
"(…) los Bachilleres en Derecho no están en posibilidad legal de ejercer, sí podrían ser retribuidos con dicha compensación, con el fin de que no ejerzan, no ya la profesión, sino actividades relacionadas con ésta, como ocurre en el caso de la denominada prohibición", citó Aponte.
El cálculo de los ¢30 millones lo hizo el medio citado, mismo que confirmó que Zúñiga Aponte es egresada de la licenciatura de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), pero no es licenciada, ni está inscrita en el colegio respectivo.
A finales del año anterior la viceministra de Vivienda y Asentamientos Humanos, Ana Cristina Trejos, se vio envuelta en la misma polémica y dijo que retribuiría todo el dinero que había recibido por dicho incentivo.