Visitas a cárceles aumentan la delincuencia juvenil, advierte MEP
Propuesta de Fernández carece de respaldo científico y podría generar más delincuencia, alertó grupo de profesionales
En lugar de alejar a los menores de edad de la delincuencia, llevar a estudiantes de escuelas y colegios a las cárceles del país, como propuso la presidenta Laura Fernández, podría generar el efecto contrario, según advirtió un equipo técnico del Ministerio de Educación Pública (MEP).
La mandataria planteó realizar giras con estudiantes de comunidades vulnerables o en riesgo al nuevo Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), que se construye actualmente, para, según explicó, "disuadir" a los jóvenes de integrarse a bandas delictivas.
Sin embargo, un oficio elaborado por un grupo de profesionales del MEP advierte que una iniciativa de este tipo podría incrementar la delincuencia juvenil y provocar efectos no deseados en los estudiantes que visiten los centros penitenciarios.
De acuerdo con estudios científicos citados en el documento, en otros países donde se han implementado programas basados en el miedo a la cárcel, estas intervenciones no han reducido la delincuencia juvenil y, en algunos casos, incluso han incrementado la probabilidad de conductas delictivas posteriores.
Incluso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos clasifica estos programas como ineficaces y desaconseja su implementación como estrategia preventiva. Además, el criterio técnico sostiene que no existe evidencia científica que demuestre que estas acciones sean eficaz para evitar el reclutamiento de menores de edad en el crimen organizado.
El documento agrega que el miedo puede generar obediencia momentánea, pero no desarrolla la autorregulación, el pensamiento crítico, el manejo emocional, el razonamiento moral, las habilidades para la vida ni las capacidades necesarias para construir proyectos de vida positivos, herramientas que sí contribuyen a alejar a los jóvenes de la criminalidad.
El efecto más negativo podría recaer precisamente sobre la población en condición de vulnerabilidad, que constituye el grupo objetivo de la propuesta presidencial. La exposición a una cárcel no garantiza una experiencia educativa con aprendizajes claramente definidos.
Por el contrario, podría generar consecuencias negativas, especialmente en estudiantes con antecedentes de violencia, pérdida, exclusión, privación de libertad de familiares u otras experiencias adversas.
Posible discriminación
El criterio profesional también advierte el riesgo de que este tipo de iniciativas asocie a estudiantes en condición de vulnerabilidad social con la delincuencia, de manera explícita o implícita.
Sin embargo, señala que la pobreza, la exclusión social, las brechas territoriales o las dificultades familiares no constituyen conductas delictivas ni permiten predecir una trayectoria criminal.
Los profesionales sostienen que la delincuencia es un fenómeno complejo que responde a múltiples causas y está presente en todos los estratos socioeconómicos. Por ello, consideran incompatible con un enfoque de derechos establecer asociaciones entre vulnerabilidad y una eventual conducta criminal.
Asimismo, advierten que etiquetar o generar expectativas negativas sobre niños y adolescentes podría convertirse en un factor que aumente la propensión a la delincuencia, al reforzar estigmas históricos y profundizar brechas sociales que el sistema educativo procura reducir.
Por esa razón, el grupo del MEP considera que iniciativas de este tipo, especialmente cuando provienen de instituciones públicas, deben analizarse con extrema prudencia, debido a las repercusiones que podrían tener sobre el bienestar, la dignidad y el desarrollo de los menores.
"Las revisiones internacionales desarrolladas durante las últimas décadas no han demostrado beneficios consistentes asociados a este tipo de iniciativas y, por el contrario, han advertido sobre potenciales efectos adversos relacionados con la estigmatización, el etiquetamiento y la afectación emocional", señala el documento.
El informe también indica que la evidencia científica, pedagógica, técnica y social disponible actualmente no respalda la implementación de intervenciones basadas en la exposición de menores de edad a contextos de privación de libertad con fines preventivos.
Además, los especialistas afirmaron que no identificaron antecedentes formales, lineamientos, evaluaciones, memorias institucionales ni registros que acrediten la implementación de una estrategia de esta naturaleza por parte del MEP.
Por el contrario, recuerdan que la relación histórica entre el sistema educativo y el sistema penitenciario ha estado orientada a garantizar el derecho a la educación de los privados de libertad y a fortalecer su reinserción social.
Reforzar prevención
El documento fue dirigido el 16 de junio anterior a la directora de Vida Estudiantil, Jaqueline Badilla, apenas dos semanas después de que la mandataria planteara la propuesta durante uno de sus programas televisivos.
El grupo de profesionales advirtió que no existe un solo fundamento técnico que permita respaldar, recomendar o participar en la implementación de intervenciones basadas en la exposición de menores de edad a contextos de privación de libertad con fines preventivos.
En su lugar, recomendaron que una iniciativa de este tipo no forme parte de las estrategias del sistema educativo, especialmente cuando ya existen alternativas respaldadas por evidencia, como las Estrategias de prevención temprana e integral (paquete técnico INSPIRE), el Programa Line Up Live Up, que utiliza el deporte como herramienta pedagógica, y diversas intervenciones comunitarias y en centros educativos.
El 1.° de julio, la mandataria afirmó que los jóvenes que estén considerando involucrarse en el narcotráfico u otras actividades criminales deberían "poner las barbas en remojo" al conocer de primera mano las condiciones de la futura cárcel de máxima seguridad y los uniformes que utilizarán los privados de libertad.
El plan inicial contempla llevar a estudiantes de centros educativos ubicados en zonas de alta incidencia delictiva o catalogadas como "barrios peligrosos".