Zonas de riesgo ¿por qué seguimos viviendo allí?
Ausencia de planes reguladores impide acciones de prevención
Los habitantes de Turrialba, Pérez Zeledón, Filadelfia, Ciudad Neilly, Parrita, Desamparados, Escazú, Aserrí o Alajuelita comparten el miedo: viven en zonas vulnerables a desastres naturales.
Un análisis basado en consultas a expertos y revisiones de los mapas de amenazas de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) permite constatar el peligro por 2 motivos: cercanías de poblados a ríos caudalosos o a montañas inestables.
Upala de Alajuela, una de las zona vulnerables, pagó cara la furia del huracán Otto. Hoy lamenta 5 fallecidos, decenas de damnificados y cientos de casas dañadas.
¿Es posible evitar estas tragedias?
Allan Astorga, geólogo y académico de la Universidad de Costa Rica (UCR), dijo que la fórmula es planificación urbana más criterio ambiental. Sin embargo, la burocracia bloquea el compromiso de aplicar planes reguladores en los cantones.
"La medida má urgente es modificar un pequeño grupo de artículos de 2 reglamentos del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Vienen de 1980 y son terriblemente permisivos para validar construcciones en sitios de alto riesgo", comentó Astorga.
En 2015, el informe del Estado de la Nación alertó sobre el entrabamiento de los planes reguladores en Costa Rica. Por ejemplo, en el Valle Central, el área más poblada del país, solo 20 municipios –más del 50%- tienen uno.
"Las condiciones que transforman los eventos naturales en desastres son socialmente construidos. En el Valle Central, y en particular en la GAM, esa vulnerabilidad se ha incrementado en las últimas décadas por el crecimiento de la población, la presión constructiva, la demanda de nuevos servicios e infraestructura, la contaminación de aguas superficiales y subterráneas, el desarrollo de anillos de pobreza y tugurios y, muy en especial, la débil o inexistente planificación del territorio", cita el documento.
Según Leonardo Chacón, presidente de la Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias (ANAI), los municipios quieren cumplir los planes. Pero hay una 'tramitología excesiva'. Como ejemplo, mencionó los tediosos pasos en la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena).
Más prevención
Dionisio Alfaro, investigador de la Universidad Nacional (UNA), fue uno de los académicos que elaboró una propuesta de plan regulador para Upala. El documento recomendó relocalizar la principal calle comercial, por su cercanía con el río Zapote.
Este plan pudo haber ayudado a mitigar los efectos de Otto. Demasiado tarde. El huracán dejó 449 poblados afectados, daños en 1.600 casas y 10 fallecidos.