#NoCaiga: Hacienda no hace cobro a transportistas por “importación temporal”
Ministerio de Hacienda (CRH)
La Dirección General de Aduanas aclaró este jueves que no está realizando un cobro de $50 por la importación temporal de unidades de transporte de carga, a los transportistas que pasan por la Aduana de Peñas Blancas.
Este cobro, que sí se realiza en la aduana fronteriza de Nicaragua, responde a la circular CT-042-2019, emitida por autoridades aduaneras de ese país, en la que se indica que por un principio de reciprocidad, el servicio de importación temporal tendrá un valor de $50 y que el pago deberá realizarse cuando se presenten a ventanillas para solicitar el registro de la declaración de importación temporal.
"Si bien nuestro país establece como requisito un certificado de importación temporal para las unidades de transporte extranjeras que deben circular en el territorio nacional, este no tiene ningún costo, es un servicio totalmente gratuito, según lo establece el Reglamento a la Ley General de Aduanas, por lo que no existe ninguna reciprocidad en el cobro como, erróneamente, anota la circular emitida por el vecino país", aclaró Juan Carlos Gómez, director general de Aduanas.
Por lo anterior, con el propósito de no afectar a los transportistas costarricenses, el Ministerio de Comercio Exterior costarricense ha solicitado al Ministerio de Fomento Industria y Comercio de Nicaragua interponer sus buenos oficios ante la Aduana de ese país, para que se derogue la circular mencionada y se respeten los instrumentos jurídicos de la integración económica centroamericana.
Esta solicitud es respaldada por el Reglamento de Tránsito Aduanero Internacional Terrestre, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana y el Protocolo al Tratado General de Integración Económica, entre otros instrumentos jurídicos, ninguno de los cuales establece el registro y cobro por una declaración de importación temporal de vehículos en tránsito internacional de mercancías.
Además, fue remitida a las autoridades nicaragüenses junto con una opinión jurídica que emitió la Secretaría Técnica de Integración Económica Centroamericana (SIECA), en la que se ratifica lo indicado por Costa Rica.