Nogui Acosta sobre póliza de la vergüenza: “No tendría sentido seguir con la contratación”
Hacienda se acogería a la recomendación que brinde el órgano contralor
El Ministerio de Hacienda analizará el informe de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la legalidad de financiar con fondos públicos una millonaria póliza de responsabilidad civil para jerarcas del gobierno, como el presidente Rodrigo Chaves, vicepresidentes, ministros y viceministros.
Así lo indicó el titular de la cartera, Nogui Acosta Jaén, la noche de este miércoles 7 de mayo. De acuerdo con el jerarca, aún no ha recibido oficialmente el documento del órgano contralor, por lo tanto no ha tomado una decisión definitiva sobre la continuidad del proceso de contratación.
“Si la resolución de la CGR dice que no se puede hacer, no tendría sentido seguir con la contratación, pero tengo que revisar qué es lo que dice la CGR. Entonces, si el resultado de lo que dice la CGR es que no se puede financiar obviamente desistiremos porque ya no tiene asidero", declaró Acosta.
El ministro también insistió en que el plan no contemplaba contratar una póliza individual para cada jerarca, y cuestionó que la Contraloría haya ofrecido una conferencia de prensa para dar a conocer el informe sin antes notificar formalmente al Ministerio de Hacienda.
"Esa póliza no cubre a Nogui Acosta o al ministro del nombre que usted le quiera poner, cubre las demandas hechas por las decisiones que toman los jerarcas en su función de jerarcas y, entonces, por definición, protegen al Estado. Pero haremos lo que la CGR expresó en ese oficio, que hasta el día de hoy no me ha sido notificado formalmente” agregó Acosta.
La CGR concluyó este miércoles que no existe habilitación legal para utilizar recursos del Estado en pólizas que beneficien directamente a funcionarios públicos.
Según indicó el ente fiscalizador, los seguros pagados con fondos públicos deben proteger los intereses de la administración, no los beneficios personales de los jerarcas. Además, el órgano contralor recordó que la obligación de rendir garantías o cauciones corresponde de manera personal al funcionario, según el marco legal vigente.
La póliza fue promovida por el gobierno de Chaves como un mecanismo para brindar cobertura patrimonial a los jerarcas del gabinete frente a eventuales procesos penales o demandas civiles derivados del ejercicio del cargo.
El plan contemplaba contratar el seguro con el Instituto Nacional de Seguros (INS) por un monto anual superior a los ₡248 millones. La licitación sería gestionada por el Ministerio de Hacienda.
En octubre de 2024, Hacienda y el INS anunciaron la pausa del proceso a la espera de un dictamen legal de la Procuraduría General de la República (PGR), que fue emitido en febrero de este año. En ese documento, la PGR determinó que era la CGR la que debía pronunciarse sobre la legalidad de la contratación
