Turismo bajaría si se aprueba ley contra fraude fiscal
Aplicación Airbnb se utiliza para alquilar viviendas temporales. Foto tomada de Airbnb.com
Si utiliza con frecuencia aplicaciones como Airbnb a la hora de planear sus vacaciones, es mejor que aliste su billetera.
El Proyecto de Ley contra el Fraude Fiscal impone un impuesto de un 13% a hospedajes transitorios. El texto ya fue aprobado en primer debate en la Asamblea Legislativa y actualmente se encuentra en consulta en la Sala Constitucional.
El diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara es uno de los principales opositores. Guevara afirma que si el proyecto se aprueba, el turismo podría verse afectado.
"El impuesto trata de sacarle dinero a la clase media, que es la que utiliza aplicaciones como Airbnb. Esto nos afecta como destino turístico, porque vacacionar dentro de Costa Rica se pone cada vez más caro", aseguró el libertario.
Guevara asegura que quienes alquilen sus viviendas mediante esta aplicación van a tener que inscribirse en tributación y emitir una factura cada vez que ofrezcan el servicio.
"Los usuarios van a tener que pagar más"
David Cortés vive en una casa bastante grande en Sabana. Hace 8 meses decidió empezar a alquilarla a través de Airbnb.
Él asegura que no estaría en contra de los impuestos, si no fueran excesivos.
"El gobierno está encontrando los negocios que están mejor posicionados para ponerles impuestos y eso no se vale. Tener que tributar por usar Airbnb le va a quitar competitividad y al final el que sale perdiendo es el usuario, porque nosotros debemos tener una ganancia", agregó.
Aunque cada día es diferente, David asegura que alquilar su casa le deja un ingreso mensual de $1.500, el equivalente a 830 mil colones.
La aplicación le permite a los dueños de los inmuebles tener una tarifa dinámica, por lo que los precios varían dependiendo de la temporada.
"Es una buena forma de alquilar casa cuando uno viaja. Se conoce mucha gente y los turistas se sienten como en casa. Sería una lástima que esto cambiara", añadió.
La Sala IV dispone de 1 mes para determinar si el proyecto tiene alguna inconstitucionalidad. El texto también obligará a pequeños y medianos comerciantes a aceptar la tarjeta como forma de pago.