Caso Barrenador: 3 testigos recibieron amenazas físicas y laborales
Por eso Fiscalía Anticorrupción pretende prohibir que Marta Esquivel y demás sospechosos contacten a 11 testigos
Al menos tres testigos han sido amenazados por haber aportado prueba o sus relatos en el caso Barrenador, sobre las supuestas presiones de Marta Esquivel y el resto de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar la administración de 138 Ebais con sobreprecios excesivos.
Así lo confirmó el fiscal Ronald Segura, quien lidera el equipo del Ministerio Público a cargo del caso "Barrenador".
Él señaló que algunos de los testigos podrían afrontar riesgos laborales o incluso contra su seguridad: por eso solicitaron al Juzgado Penal de Hacienda prohibir a los sospechosos tener cualquier contacto con esas personas.
Pedimos la prohibición de contactarse con testigos: nosotros aportamos al expediente las declaraciones de tres testigos que han sido amenazados en el proceso.
En algunos casos, amenazas de carácter físico, en otras son amenazas de ser trasladados o que serán despedidos por su participación en el proceso. Entonces solicitamos que se abstengan estas personas de tener cualquier comunicación con ellos.
El Ministerio Público pidió contra la presidenta ejecutiva de la CCSS y los demás funcionarios, la prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Crhoy.com consultó al fiscal si el Ministerio Público tramitó medidas de protección sobre estos testigos. Sin embargo, Segura enfatizó que por razones de seguridad, no pueden brindar este tipo de información.
Entre las otras restricciones solicitadas son la separación del cargo a quienes continúan en la junta directiva de la institución, así como firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación.
Si el juez que aprueba la petición, los investigados que conformaron la junta directiva entre febrero del 2023 y julio del 2024, tampoco podrán salir del país y tendrán que entregar sus pasaportes. Esta mañana se lleva a cabo la continuación de la audiencia, en la cual se definirán las posibles suspensiones y restricciones.
Con estas limitantes pretenden mitigar el riesgo de fuga y el riesgo de obstruir la investigación, así como el proceso de adjudicación.
La Fiscalía Anticorrupción (FAPTA) atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. El expediente es el 24-000267-1218-PE.
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".
Envuelve a altos funcionarios y miembros de la Junta Directiva del Seguro Social costarricense, y gira en torno a los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 Ebais: adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.
Esto representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato: dinero que alcanzaría por ejemplo, para la construcción de un hospital completo como el nuevo Monseñor Sanabria, de Puntarenas.
