Defensa pretende levantar suspensión sin goce de salario a funcionarios investigados en caso Cochinilla

(CRHoy.com) Una parte de la barra de la defensa pretende levantar la suspensión sin goce de salario que recae sobre todos los funcionarios públicos investigados en el caso Cochinilla y que, de esa manera, estos sean reinstalados en sus puestos.

Las intenciones de los abogados de los servidores se plasman en un recurso de apelación que será conocido en el transcurso de este lunes en una audiencia que se lleva a cabo en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, reveló ante consulta de CRHoy.com el jurista Fernando Apuy Sirias. Él representa al encargado de ejecución de proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Édgar May Cantillano.

"Nuestras apelaciones tienen que ver con diferentes puntos. Pero en el caso de los funcionarios públicos, los defensores estamos apelando para que se les reinstale en el puesto o para que se varíe la medida cautelar de suspensión y que esta se haga con goce salarial.

Es evidente que este es un asunto (el escándalo de presunta corrupción) muy largo. Igual que en el caso de la Trocha, que ya llevamos más de 10 años, este es un asunto que se va a prolongar demasiado. Y extender esas medidas cautelares es dictar una sentencia adelantada, violando todo principio fundamental de inocencia", mencionó el abogado a este medio.

Consultado sobre si un tribunal está facultado a ordenar si una suspensión debe cumplirse con o sin goce de salario, tras una resolución administrativa, el jurista respondió: "Mi criterio es que sí. El juez a como tiene potestad de suspender sus labores, igualmente tiene la potestad de que esa suspensión se dicte con goce salarial o sin goce salarial. Lo que pasó es que se ha estado dictando por parte de un tribunal que en determinado momento resolvió que no podían conocer si era con o sin salario, y me parece que es absolutamente improcedente. El juez tiene la potestad para decidir si lo es o no con goce salarial".

Los servidores del Ministerio investigados por supuesta corrupción en contratos de obra pública son, además de May Cantillo, Elsie Carmona Rivas, el ingeniero informático Luis Quesada Pérez y el inspector de obras Érick Rodríguez Araya.

A ellos se suman otros ocho funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), incluido su director financiero, José Rojas Monge; el jefe de Tesorería: Sergio Lobo Bejarano; el jefe del Departamento de Ejecución Presupuestaria, Mauricio Ortiz Vega; la secretaria de la gerencia de Adquisiciones y Finanzas, Marcela Monge Hernández; el personero de la Gerencia de Conservación de Vías y Puentes, Hugo Zúñiga Fallas; el servidor de la Dirección de Costos de Vías y Puentes, Harold Mora Obando; la abogada de la Unidad Ejecutora del Puente Binacional de Sixaola, Laura Chaves Mora; así como el ingeniero de las direcciones regionales, Abraham Sánchez Castro.

Además, la exgerente de la Proveeduría Institucional, Carmen Madrigal Rímola, se acogió a su jubilación tras conocer que sería suspendida sin goce salarial.

La vista en cuestión arrancó pasadas las 9:00 a.m. de este lunes; poco menos de una hora después de la hora convocada.

En ella, además, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) busca revertir la liberación de los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas.