Obispos piden que se conozca protocolo sobre aborto terapéutico en centros de salud
(CRHoy.com).- Los Obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica piden al presidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Román Macaya, dar a conocer el protocolo de atención de los establecimientos de salud para la aplicación del aborto terapéutico tras haber transcurrido los 6 meses desde su aprobación.
Así lo manifestó José Rafael Quirós Quirós, arzobispo Metropolitano de San José y presidente de la Conferencia Episcopal en una carta dirigida a Macaya.
Para los religiosos, "actualmente la gran mayoría de la ciudadanía desconoce los alcances y contenidos de dicho protocolo que será aprobado por el Ministerio de Salud".
A partir de diciembre del 2019, cuando el presidente Carlos Alvarado firmó la Norma Técnica, la CCSS tiene un plazo máximo de 6 meses para crear el protocolo correspondiente, por lo que Quirós solicitó dar a conocer a la opinión pública el contenido del protocolo previo a su aprobación.
"De suma importancia en materia del derecho humano fundamental a la vida es la transparencia en la toma de decisiones de las autoridades sanitarias y que la ciudadanía que convive en un régimen democrático participativo tenga el derecho a expresar su opinión", agregó el documento presentado a la Caja.
La norma es una guía para la interrupción del embarazo en caso de que la vida y salud de la madre corran peligro. La norma técnica del aborto terapéutico consiste en un marco para regular, brindar seguridad jurídica y clarificar la aplicación del artículo 121 del Código Penal, el cual permite desde 1971 aquel aborto que se realice con consentimiento de la mujer y cuyo objetivo será evitar un peligro para su vida o su salud en el caso de que no existan otros medios para garantizar ese estado de seguridad.
La norma técnica fue firmada por el mandatario Alvarado en la respuesta del Estado, que se planteó durante la administración de Solís, a una demanda que presentaron 2 mujeres costarricenses ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego que tuvieran embarazos y partos que ponían en peligro su vida ante la ausencia de reglas como las que se propondrían en la norma técnica.