Nuevo reglamento de UEI autoriza a Chaves a otorgar grados policiales a discreción
Oficiales a los que el presidente no les otorgue su recalificación por decreto su grado policial deben cumplir una lista de requisitos.

El presidente, Rodrigo Chaves y la ministra de Presidencia, Laura Delgado (Presidencia)
El nuevo reglamento que rige a partir de este jueves 21 de noviembre para la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Presidencia de la República, firmado por el mandatario Rodrigo Chaves Robles y la ministra Laura Fernández Delgado, autoriza a que ambos puedan otorgar grados policiales a discreción, a las jefaturas de los nuevos departamentos.
Así queda expuesto en Capítulo I de Escalafón Policial y Disposiciones Finales, relacionado con "Escalas jerárquicas, grados policiales y ascensos" del Decreto N° 44637 MP, con el cual se elimina el estatuto que estaba vigente desde el 27 de julio del 2005.
El decreto llamado "Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención" da potestades al mandatario y a la jerarca que antes no tenían, como la promoción de estos cargos, los cuales otorgaba únicamente el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) toda vez que cumplieran con los requisitos de ley que están establecidos.
El nuevo reglamento también establece varios requisitos para otorgar los rangos de capitán, comisarios, comisionados y comandantes para la UEI, no obstante, hace una excepción llamativa que faculta a Chaves y a Fernández a ascender de puestos de los miembros del cuerpo policial cuando ellos lo crean conveniente.
"En todo caso el Presidente de la República y el Ministro de la Presidencia de manera discrecional podrán otorgar el rango policial correspondiente vía Acuerdo Ejecutivo según la urgencia y la necesidad que posea la institución, en aras de garantizar la continuidad del servicio público", dice el decreto firmado por el presidente y su ministra.
En el apartado del manual descriptivo de puestos se menciona que la UEI estará integrada por diversos estratos y clases ocupacionales que se usa como base en el Reglamento sobre grados policiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Pese a que otorgan el cumplimiento de la supervisión del cumplimiento de requisitos al Departamento de Recursos Humanos y a la Oficina de Capacitación, quienes además ahora deberán elaborar, revisar y actualizar el manual descriptivo de puestos, con la aprobación de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Para poder ocupar los puestos se deberá pasar por concursos internos propuestos por Recursos Humanos y avalados por el Consejo de Personal, mismos que estarán a cargo de los ascensos de categoría.
Y en caso de buscar las máximas plazas, como dirección, jefatura de operaciones y encargo de Protección Presidencial, se deberá incluir a los oferentes en una lista de elegibles, siempre y cuando tengan como mínimo el grado de comisionado en el caso del primero y comandante para los demás.
Es ahí donde toma relevancia el otorgamiento de rangos policiales a discreción, pues Chaves podría darle ese título a la personal que él considere pertinente, y con eso ya es apto para entrar en la lista de elegibles, sin embargo, el reglamento le abre la puerta al mandatario para elegir en el puesto a quien desee.
"El director y el subdirector, Jefe de Operaciones y el Jefe o encargado del Cuerpo de Protección Presidencial de la Unidad Especial de Intervención serán de libre nombramiento y remoción por el Presidente de la República, únicamente con sujeción a la pertenencia al escalafón de oficiales superiores creado por este decreto ejecutivo", cita el documento oficial.
No obstante, las personas a las que Chaves no les otorgue por decreto su grado policial deben cumplir los siguientes requisitos:
- Comandante
Nivel académico mínimo de licenciatura universitaria en una carrera afín a la función policial, haber aprobado satisfactoriamente el Curso para Oficiales Superiores impartido por la Escuela Nacional de Policía o por las escuelas especializadas creadas por ley.
- Comisionado
Dos años de antigüedad como Comandante, calificación mínima de "Muy Bueno" en la evaluación anual del desempeño, durante el período ejercido como Comandante, aprobar el Curso para Comisionado impartido por la Escuela Nacional de Policía, el cual deberá desarrollarse en un mínimo de ciento sesenta horas.
- Comisario
Tres años de antigüedad en el grado de Comisionado, calificación mínima de "Muy Bueno" en la evaluación anual del desempeño, durante el período ejercido como Comisionado, aprobar el Curso para Comisario impartido por la Escuela Nacional de Policía, el cual deberá desarrollarse en un mínimo de noventa horas.
A esto se suma lo dado a conocer por crhoy.com sobre la nueva potestad que adquiere la UEI para realizar trabajos de investigaciones desde la fase inicial, aspecto en el que antes no tenía injerencia, pues únicamente eran incluidos en las diligencias de allanamiento cuando los casos ya estaban culminados y se necesita detener a algún sujeto de alta peligrosidad.
También se incluye una nueva dependencia llamada "Inteligencia táctica" a la cual se faculta recolectar datos e información previa a la ejecución de las operaciones a realizar, coordinar el desarrollo y mantenimiento del software o de las bases de datos con información de los trabajos realizados, así como manipular esa base de datos.
El plan del Gobierno para darle nuevas potestades inició desde el año pasado, pues el propio decreto señala que mediante oficio MJP-DM-SC-051-2023 del 1 de noviembre de 2023, el Ministerio de Justicia y Paz, dirigido por Gerald Campos Valverde, exsubdirector del Organismo de Investigación Judicial, avala mediante informe técnico MJP-SPSI-UPS-2023- 06-0053, la reorganización administrativa, solicitada por el despacho de la Ministra de la Presidencia, mediante oficio MP-DMP-OF-2023-0865, del 27 de octubre de 2023.
Posteriormente, se aprobó, mediante oficio MIDEPLAN-DM-OF-2072-2023 del 12 de diciembre de 2023, una reorganización interna parcial de la Unidad Especial de Intervención.
"Espionaje político"
Crhoy dio a conocer el pasado 16 de octubre que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga una denuncia que expone la supuesta creación de una presunta estructura paralela de “espionaje político”, dedicada a dar seguimiento ilegal a políticos y funcionarios que tienen “enemistad con el presidente” Rodrigo Chaves Robles.
A este caso se le asignó el expediente 24-000761-0619-PE y -de momento- se sigue contra ignorado, según conrmó el Ministerio Público ante consulta de este medio.
La denuncia que analiza el ente acusador, donde textualmente se expone que “desde hace más de un año está operando una estructura paralela a la de Seguridad Pública y la de la DIS” cuya misión es “obtener información de las personas o grupos que eventualmente atacan o podrían investigar al presidente (Chaves) y a sus principales ministros”.
El documento señala que esa unidad hace “investigaciones irregulares para atacar a enemigos políticos de Chaves, principalmente diputados, magistrados, jueces y otros funcionarios del Poder Judicial, sin que se tenga sustento probatorio de un delito más que ser adversarios ideológicos del mandatario”.
También se indica que 2 personas de “alto nivel”, que operan bajo el mando directo del presidente de la República, son los que dirigen con sus indicaciones cada operación asignada, sin tomar en cuenta otros mandos medios del MSP o a la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), los cuales son órganos encargados de algunas tareas de vigilancia hasta donde el marco legal lo permite.
La denuncia expone que los vehículos que serían utilizados no son los del Ministerio de la Presidencia, pues al menos 5 “fueron tomados ilegalmente del Ministerio de Seguridad Pública (MSP)” y que incluso varios oficiales de esa cartera estarían bajo investigación administrativa por esas acciones irregulares.
Además, añade que 12 o 13 funcionarios fueron tomados irregularmente de la planilla de Seguridad Pública y están trabajando en esa operación, a sabiendas de que estas acciones podrían configurar varios delitos, pues estarían ejecutando hechos que “violan el derecho de las personas que no son criminales al espiarlos ilegalmente”.