OIJ allana varias casas para detener a asesinos del exmilitar nicaragüense Roberto Samcam

Agentes de la Sección de Homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutan varios allanamientos desde las 6:00 a.m. de este viernes para dar con los supuestos asesinos del exmilitar nicaragüense Roberto Sancam, quien residía en nuestro país.

Los judiciales están enfocados en dos puntos en la Ciudadela León XIII de Tibás, San José, donde con apoyo de operadores del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) ingresaron a estructuras donde en apariencia viven varios de los ejecutores del crimen.

El objetivo es detener a por lo menos tres personas que habrían sido contactadas para encargarse del asesinato.

Se trataría de una banda que no opera para un grupo en específico, sino que se presta para ejecutar homicidios por encargo para cualquier agrupación.

Samcam fue asesinado de ocho balazos, en San Vicente de Moravia, el jueves 19 de junio del 2025 en la entrada a los apartamentos donde vivía.

El militar en retiro del Ejército de Nicaragua era conocido por su postura crítica frente al régimen de Daniel Ortega. Nacido en Jinotepe, Carazo, tenía 67 años y era ingeniero industrial.

Durante los años 80, se unió al Ejército Popular Sandinista, donde se especializó en artillería terrestre. Alcanzó el rango de mayor y sirvió hasta 1991, cuando su carrera militar terminó como parte del plan de desmovilización conocido como PL3.

Tras su retiro, denunció violaciones a los derechos humanos cometidas por el Ejército y la Policía de Nicaragua. Estas denuncias lo llevaron a exiliarse en Costa Rica en julio de 2018. Desde entonces, mantuvo una posición firme contra el Gobierno de Ortega y Rosario Murillo, criticando especialmente las estructuras militares que respaldan su permanencia en el poder.

Samcam trabajó como docente, consultor, analista político y comunicador. Sus análisis en temas de seguridad y política eran difundidos en medios nicaragüenses, donde era reconocido como una voz crítica del régimen.

En marzo de 2023, el gobierno nicaragüense le revocó la nacionalidad y le confiscó su vivienda en Jinotepe, dentro de una serie de acciones contra opositores políticos.