OIJ pide a Fiscalía abrir causa contra ministro de Trabajo por supuesto nexo con Celso Gamboa

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicitó al Ministerio Público abrir una causa penal contra el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Andrés Romero Rodríguez.

Un documento en poder de CR Hoy confirma que la dirección del OIJ remitió al ente acusador una denuncia de un funcionario público de apellidos González Sánchez, que recibieron sobre supuestas anomalías cometidas por el jerarca, las cuales pudieron favorecer al crimen organizado.

"(…) trasladamos la gestión del señor González Sánchez para que, en el ámbito de competencia del Ministerio Público, se valore la petición del usuario y puedan ejercer las acciones que estimen procedentes", firmó el subdirector Michael Soto.

El oficio 430-DG-2025 detalla que la policía judicial recibió información y prueba documental por medio de un correo electrónico, alertando sobre el presunto desmantelamiento técnico-operativo de la Dirección Nacional de Inspección Laboral y un presunto nexo funcional entre el ministro Andrés Romero Rodríguez y el extraditable Celso Gamboa Sánchez.

La denuncia dada a conocer por CR Hoy el pasado sábado 5 de julio detalla que, entre los años 2002 y 2011, Romero Rodríguez ejerció una serie de cargos estratégicos dentro del Ministerio de Gobernación, la Policía de Control de Drogas (PCD), el Viceministerio de Gobernación y la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

En esa época coincidió en varias dependencias con Gamboa Sánchez, quien estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en labores relacionadas con tráfico de drogas y de personas, así como con crimen transnacional.

Aunque reconocen que sería temerario afirmar de forma concluyente la existencia de una estructura conjunta, solicitaron indagar la relación cercana que tuvieron durante una década y podrían tener recientemente.

En razón de los hechos que describen, aportando prueba, solicitaron la apertura de "una investigación interinstitucional e internacional sobre los vínculos jerárquicos, funcionales o de afinidad operativa entre el ministro Andrés Romero Rodríguez y el ciudadano Celso Gamboa Sánchez".

Además, pidieron una auditoría de los actos administrativos adoptados desde 2023 en el Ministerio de Trabajo, incluyendo: suspensiones de personal técnico, nombramientos directivos, cierres de oficinas, eliminación de expedientes o circulares operativas contradictorias.

A eso suman que se notifique a entes internacionales sobre este caso para que se sumen como observadores técnicos de lo denunciado, incluida la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Sin jerarquías y desorden

El documento apunta que, desde la llegada de Romero al Ministerio, se instauró un modelo de gestión que desactivó la estructura técnica sin levantar sospechas.

Estos detalles fueron aportados por el Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados (Sifupcr), en los que se enumeran al menos cuatro puntos a indagar sobre las supuestas irregularidades en las que se presume participó el jerarca de Trabajo.

La primera es la desactivación jerárquica, dejando sin titular la Subdirección Nacional de Inspección desde hace más de un año, debido a que el funcionario a cargo de ese puesto fue suspendido indefinidamente con el salario íntegro.

Misma situación, al parecer, sucede en la Oficina Regional de San José, donde también fue suspendido el jefe y aún no hay sustituto.

San Carlos, Quepos y Alajuela pasan por el mismo problema: están sin jefatura, sin responsables funcionales o con personas cuyo perfil directivo ha sido sustituido por medio de "actos autoritarios".

A esto se suma el cierre de la oficina de La Fortuna, lo que impide ejecutar operativos, girar instrucciones coherentes y evaluar alertas internas.

Otro de los puntos es la supuesta supresión operativa mediante dispersión. La información destaca que los inspectores están cumpliendo funciones virtuales desde sus casas, sin desplazamiento territorial.

Al tiempo que otros fueron asignados exclusivamente a inspeccionar instituciones públicas, excluyendo otros puntos importantes donde es usual que se conozcan casos a investigar, como en zonas francas o agroexportadoras.

"(…) si los inspectores no visitan empresas, no observan anomalías. Y si no observan nada, no existe nada que denunciar", dice la denuncia.

Desaparecieron 700 expedientes

También señalan un clima laboral tóxico institucionalizado, al revelar que funcionarios con 20 o más años de experiencia técnica son suspendidos sin respaldo legal ni criterio objetivo.

Una de esas funcionarias, al parecer, eliminó más de 700 expedientes activos de denuncias laborales, para borrar el pasado funcional y así impedir el rastreo de vínculos empresariales sospechosos.

También piden investigar omisiones a la hora de realizar inspecciones, lo que abre la puerta a empresas exportadoras para unirse al crimen organizado y enviar droga a otros países camuflada en su mercadería legal.

"Recientes operaciones conjuntas entre fuerzas policiales revelaron que empresas operaban como plataformas logísticas para ocultar droga en empaques de piña, tarimas de yuca, bloques de chatarra, estañones refrigerados y sacos de harina. Empresas nunca visitadas por inspectores. O visitadas por inspectores sin jefatura. O tal vez con algún informe que ahora ya no existe", dice el expediente.

Los denunciantes enviaron copia de la denuncia a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica y a la DEA.