OIJ pide al Gobierno reconsiderar y trasladar recursos: “no encuentro lógica en el revanchismo”
Director del OIJ cuestiona al ministro de Hacienda por negar ₡6.000 millones para nuevas plazas en la policía judicial y la Fiscalía, mientras esos recursos se asignan a la Fuerza Pública
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), solicitó al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, reconsiderar la decisión y dejar de bloquear la transferencia de ₡6.000 millones para dotar de más personal a la policía judicial y al Ministerio Público.
En julio pasado, el Gobierno dispuso no trasladar estos recursos esenciales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado mediante la contratación de más fiscales, agentes, investigadores y funcionarios dedicados a estas tareas.
Esto ocurrió a pesar de que el dinero ya estaba presupuestado dentro del plan de gastos del sector público para el 2025. Zúñiga denunció que, aunque se negaron los fondos al OIJ y a la Fiscalía, con la misma partida presupuestaria se está inyectando dinero a otros cuerpos policiales.
"Últimamente el OIJ ha venido resolviendo los casos de manera rápida y efectiva, con golpes bastante fuertes sobre la mesa. Yo quisiera hacer un llamado al ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, para que reconsidere lo que dijo en el sentido de que no nos iba a apoyar con presupuesto para seguir con las investigaciones criminales del OIJ.
El argumento que dijo hace unas semanas en la Asamblea Legislativa ya perdió sentido y es el hecho de que no hay dinero y que la fuente de financiamiento son los intereses de la deuda.
Él está aprovechando la misma ley que está otorgándole recursos al OIJ para darle recursos a la Fuerza Pública", señaló el jefe policial en entrevista con CR Hoy.
Una semana después de indicar que los recursos no se podrían otorgar al Organismo por falta de presupuesto, el ministro de Seguridad, Mario Zamora, confirmó que Hacienda sí le estaba transfiriendo a la Fuerza Pública lo necesario para financiar la contratación de más oficiales.
Para Zúñiga, garantizarle a esa policía el dinero sin que lo hubiera solicitado, y negárselo al OIJ pese a estar establecido en la misma ley, constituye una discriminación sin sentido que afecta el trabajo de las investigaciones.
"No veo cuál es el argumento ahora que pueda sostener para dejar de darle los recursos al OIJ y a la Fiscalía, siendo que él ya otorgó según lo que dijo el ministro de Seguridad, 220 plazas más 700 plazas nuevas a Fuerza Pública.
Por un lado, se está dejando fuera de esa posibilidad de aumento de plazas al OIJ, pero sí se le está dando a Fuerza Pública lo que no es correcto porque proviene de una misma ley", añadió Zúñiga.
El jefe del OIJ destacó los golpes contundentes que dan al desarticular a los más grandes grupos criminales, trabajar en conjunto con policías extranjeras para facilitar la captura de los principales cabecillas que operan en Costa Rica y resolver casos con gran prontitud.
Por ejemplo, mencionó el asesinato del líder opositor al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el exmilitar nicaragüense Roberto Samcam Ruiz. Este viernes se ejecutaron los operativos para conseguir la captura de los responsables, en menos de tres meses posteriores al crimen.
"Yo diría que hasta revanchismo de una manera bastante ingrata. No puedo verlo de otra forma y todavía no encuentro la lógica en cuál es el revanchismo y cuál es la situación.
Este caso que estamos resolviendo, el Gobierno y la Cancillería son quienes van a poder ‘sacar pecho', pero a OIJ que es una policía técnica-científica de lujo que tiene el país, se le están negando los dineros de manera injusta, sin un sustento técnico.
Si se le está dando a Fuerza Pública nos alegra por ellos, pero con la misma lógica se le debiera dar también a OIJ", concluyó Zúñiga.
La ausencia de las plazas que el Gobierno de Rodrigo Chaves negó al OIJ para contratar nuevos agentes afecta principalmente las investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y crimen organizado.
Las 255 plazas acordadas con la Asamblea Legislativa desde el año pasado para reforzar la policía judicial estaban destinadas a oficinas encargadas de atender este tipo de delitos que flagelan al país.
El Poder Ejecutivo se negó a financiar nuevos puestos de trabajo para el OIJ y el Ministerio Público, pese a que los fondos ya estaban incorporados en el presupuesto del 2025. Aunque los diputados ya los habían aprobado, el Ministerio de Hacienda notificó recientemente al Poder Judicial que no transferiría el dinero.
La intención de la policía judicial es aumentar personal debido al alto volumen de casos, el incremento de homicidios, la proliferación de bandas y el auge de actos de corrupción en la gestión pública, así como los intentos del crimen organizado por penetrar el Estado.
De los ₡9.346 millones presupuestados, solo se trasladó un tercio.