ONG Cristosal se exilia por “consolidación autoritaria” del gobierno de Bukele
(AFP) La prestigiosa organización Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos en El Salvador, anunció este jueves que se vio forzada a partir al exilio ante la "escalada represiva" del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios.
Cristosal, fuerte crítica de la política de seguridad de Bukele, denunció ser víctima de "acoso", "espionaje" y "difamación".
La ONG también asiste a familiares de 252 venezolanos deportados por Estados Unidos en marzo y encarcelados en una megacárcel para pandilleros El Salvador
"Ante este escenario de consolidación autoritaria, nos vimos obligados a tomar la dolorosa decisión de suspender nuestras operaciones en El Salvador", subrayó un comunicado entregado por activistas de Cristosal previo a una conferencia de prensa en Ciudad de Guatemala.
La ONG, creada por obispos anglicanos hace 25 años, aseguró que seguirá trabajando desde sus oficinas en Guatemala y Honduras para resguardar la seguridad de su equipo de activistas y "mantener viva la defensa de los derechos humanos".
Cristosal tomó esta decisión tras el arresto hace dos meses de la abogada salvadoreña Ruth López, jefa de su unidad anticorrupción. Y también tras la entrada en vigor en junio de una ley de "agentes extranjeros", similar a las existentes en Rusia y Nicaragua, por medio de la cual el gobierno controlará a las organizaciones.
López fue detenida el 18 de mayo tras ser acusada de enriquecimiento ilícito por la fiscalía, afín al gobierno. Fue declarada "presa de conciencia" por Amnistía Internacional.
"No es un caso aislado, sino parte de una estrategia de castigo ejemplar para intimidar. Ruth está presa por exigir transparencia y denunciar la corrupción", subrayó el comunicado. "Como ellas muchas otras personas han sido criminalizadas por su labor o forzadas al exilio".
Con la ley de "agentes extranjeros", rechazada por organismos internacionales de derechos humanos, las organizaciones deberán pagar un impuesto del 30% sobre los fondos que reciben. El principal ingreso de Cristosal son las donaciones.
"Es un instrumento de control autoritario. Impone sanciones discrecionales, impuestos punitivos y vigilancia estatal para censurar y castigar a las organizaciones independientes", señaló la ONG. No obstante, aclaró que no renunciará a su personería jurídica en El Salvador.
Puede costar la cárcel
La ONG, que contaba con una treintena de activistas en El Salvador, denunció en su comunicado que ese país "ha dejado de ser un Estado de derecho".
"Expresar una opinión o exigir derechos básicos hoy puede costar la cárcel. La libertad de expresión, la protesta pacífica y la participación ciudadana se han convertido en conductas castigadas y limitadas por el poder", agregó.
Más de 40 periodistas salvadoreños han partido al exilio en los últimos meses, según la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Los más destacadados son los del diario digital El Faro, que denunció un pacto entre Bukele y las pandillas antes de declararles la guerra en 2022. Una información que el presidente niega a rajatabla.
El acoso se da de diferentes maneras. A fines de abril, policías llegaron a las instalaciones de Cristosal, un antiguo colegio en Santa Tecla, a 10 km de San Salvador, y tomaron fotografías de los vehículos de periodistas poco antes de una conferencia de prensa sobre la situación de los venezolanos encarcelados.
En los últimos meses también fueron detenidos en El Salvador otros críticos de Bukele, entre ellos el abogado ambientalista Alejandro Henríquez, el constitucionalista Enrique Anaya y el líder comunal José Ángel Pérez.
Según una reciente encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA), regentada por jesuitas en El Salvador, seis de cada diez salvadoreños temen criticar al presidente o a su gobierno, pues puede acarrearles "consecuencias negativas", como ser detenido.
Bukele fue reelegido en febrero de 2024 gracias a la alta popularidad de su "guerra" contra las pandillas, que ha reducido a niveles sin precedentes la violencia criminal en el país.
Esta ofensiva contra las pandillas se basa en un régimen de excepción vigente desde 2022 y es criticado por grupos de derechos humanos como Cristosal, ya que elimina normas del debido proceso, permite detenciones sin orden judicial y restringe libertades ciudadanas.
