Opinión: La elección de las magistraturas y una digna renuncia
No hay duda de que la institucionalidad del país ha venido sufriendo una profundísima crisis que se ha agudizado en los últimos tiempos, con fuertes sacudidas sobre todo para el Poder Judicial.
De ahí que en lo relativo a los puestos de Magistrados y Magistradas, tanto titulares como suplentes, aunque su elección quede en manos de un Poder estrictamente político partidista como el Legislativo, es un aspecto al que la ciudadanía debe prestar una muy especial atención. Señalo esto porque no es un secreto para nadie que a pesar de la existencia de una "Comisión de Nombramientos", en el pasado, han existido cuestionamientos respecto de la metodología utilizada, los procesos selectivos, el contenido de las entrevistas y se ha informado sobre opacidad y poca o nula transparencia como por ejemplo en el Informe del Segundo Panel Independiente, sin que la situación parezca variar en positivo.
Debería pensarse en que a las personas que se postulan para tales cargos se les valora por sus méritos, atestados y currículos, dejándose de lado aspectos de segundo orden que bien pueden considerarse como abierta mezquindad.
De ahí que la noticia de que una funcionaria con la mejor nota obtenida, no había sido seleccionada como Magistrada Suplente de la Sala Penal, por posibles situaciones de "cercanía" con una persona que en otros momentos ocupó la Magistratura, es un argumento absurdo, carente de lógica y de sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos. Lamentablemente esto se enmarca dentro de la siempre deficiente labor legislativa.
Quienes conocemos la trayectoria, la estatura académica, profesional y ética de la doctora Patricia Vargas González, Jueza de Apelación de Sentencia y profesora universitaria, en definitiva quedamos boquiabiertos de que no haya sido designada, con la cereza en el pastel de una posible "afinidad ideológica" de su parte y que no puede sino traducirse en un atentado solapado al principio de independencia judicial, que aunque venido a menos en los últimos tiempos (como cuando una diputada dijo: "Señores Magistrados; aquí se les reelige" o cuando no se reeligió al hoy Presidente de la Corte y se dijo que era una "llamada de atención"), es una de las garantías de un Estado Republicano y democrático
Ante esta incomprensible y bochornosa decisión legislativa, sobresale la digna renuncia a su postulación que ha hecho la doctora Vargas González, mediante carta dirigida a la Presidencia de la Asamblea, haciendo énfasis en su trayectoria profesional, pues pone nuevamente de manifiesto la imperiosa necesidad de reformar el proceso selectivo de tales puestos, con miras a evitar las intromisiones de la clase política en ello, que podrían obedecer a oscuros e inconfesables designios.
Con todo esto y ante la ausencia de mecanismos para exigir responsabilidad a diputados y diputadas por sus actuaciones, la única perdedora es la democracia costarricense al no contar en un puesto de esos con una funcionaria como la doctora Vargas González, que puede sentirse orgullosa de no desmerecer en nadar contra corriente en semejante contexto.
Manuel Rojas Salas