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Jorge Guardia

/ por Academia de Centroamérica

¿Necesita Costa Rica un acuerdo de stand-by con el FMI?

Julio 1, 2020 4:31 am

¿Necesita Costa Rica un acuerdo de stand-by con el FMI?

Tanto el Gobierno como el sector privado insisten en la necesidad de firmar un acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Eso plantea muchas interrogantes y la necesidad de discutir las condiciones y efectos de un posible acuerdo.

¿Qué es un stand-by? Cuando trabajaba en el FMI me pidieron traducir el término stand-by. Dije que era un “acuerdo de derechos de giro” y aclaré que, conforme a su naturaleza jurídica y financiera, no era un convenio entre dos sino un acuerdo unilateral del Fondo en virtud del cual se permitía a un país miembro “girar” un determinado monto de divisas, siempre y cuando cumpliera las condiciones establecidas. En esas condiciones está la gracia o desgracia de los polémicos acuerdos.

Condicionalidad. ¿Cuál es la principal preocupación de todo acreedor? Que le paguen. Tan simple como eso. Los bancos comerciales, por Ej., se aferran a prendas e hipotecas a su favor; el FMI no puede aceptar garantías reales ni colaterales, pero, de acuerdo a su normativa interna, usa un tinglado variado de condiciones a las cuales se sujetan los desembolsos, usualmente escalonados. Si se cumplen, el país podrá acceder a los recursos, si no, no.

Objetivos. El FMI, sin embargo, cultiva otros principios que hacen más compleja la condicionalidad. No sólo debe asegurar el repago sino restaurar o mantener la viabilidad de la balanza de pagos, la estabilidad macroeconómica y sentar las bases de alto crecimiento económico y, en el caso de países en desarrollo, reducir la pobreza. Y agrega un objetivo complementario solventar el faltante de balanza de pagos sin recurrir a medidas en detrimento de la prosperidad nacional o internacional. Son objetivos muy loables que difícilmente suscitarían oposición. pero, como suele suceder en el mundillo financiero, el diablo está en los detalles.

Desbalance macro. ¿Tiene C.R. un problema de balanza de pagos? Antes de la pandemia, el déficit de divisas se financiaba holgadamente con entradas privadas de capital. Durante muchos años, el país evadió las puertas del Fondo (el último acuerdo lo firmamos Thelmo Vargas y yo en 1990), pues no había voluntad política para someterse a los rigores de la condicionalidad. Además, en el mercado internacional había suficientes recursos para financiarse sin condiciones. Yo critiqué esta desidia y le achaqué parte del deterioro económico y la creciente deuda externa.

Hoy, las circunstancias son otras. El déficit difícilmente podrá enfrentarse sin adoptar medidas de fondo. Existe un grave y creciente desbalance fiscal y la deuda externa sobrepasa el 60% del PIB (llegará a un peligroso 70% en 2021), y hay un déficit de balanza de pagos por financiar debido, en parte, a eesa deuda que ha crecido precisamente por no haberse hechos los ajustes a tiempo.

El déficit fiscal ascenderá a casi un 10% del PIB este año y, según el FMI, el faltante de la balanza de pagos rondará el 2% del PIB. Es evidente que el país adolece un desbalance macroeconómico que deberá enfrentar. Una forma sería solicitar un acuerdo de stand-by al FMI; otra, hacerlo de motu proprio. A esta última nos referiremos en otra ocasión.

Acuerdo de Stand-by. ¿Cuáles serían los términos y condiciones que exigiría el FMI? En el documento IMF Country Report No. 20/145 de mayo, 2020 el Fondo sugirió cuáles serían sus condiciones: una mezcla de reducción de gastos y aumento significativo de impuestos.

Gastos. Pediría de entrada el cumplimiento riguroso de la regla fiscal, luego una diligente reducción de la planilla (que actualmente es un 35% del gasto total), medidas para congelar salarios del sector público, una reducción nominal de las remuneraciones más altas en la escala salarial; cumplimiento de la reforma al servicio civil; reducción del gasto en bienes y servicios; privatización de activos estatales para reducir la deuda (no menciona cuáles activos, pero dejaría la decisión al Gobierno); esfuerzos para hacer el crecimiento más inclusivo (tampoco menciona cómo); y menores transferencias a otras entidades (aunque no lo menciona, uno piensa en las universidades). Es claro que semejante lista suscitaría oposición de muchos sectores.

Nuevos ingresos e impuestos. Propone medidas para mejorar la recaudación (económicamente implica un alza de impuestos); reducir exenciones y exoneraciones (quizás incluida la canasta básica); gravámenes permanentes a los combustibles; aumento al impuesto territorial; nuevos impuestos a la contaminación ambiental (que favorecería el Gobierno, dada su agenda verde); incremento a los impuestos al consumo y valor agregado (tarifas mayores a las actuales (IVA de 15% o más) y, quizás, eliminación de las exenciones actuales; aumento de las tarifas progresivas de pensiones, ingresos de las personas físicas en los niveles más altos de ingresos, y a cooperativas. No menciona ningún gravamen adicional a la renta neta de las empresas. Un paquetito de impuestos nada despreciable.

Política monetaria y cambiaria. El Fondo tiene claro que el desequilibrio macro proviene de la parte fiscal, no de un gasto excesivo del sector privado. Por eso, no requeriría ajustes en el crédito al sector privado (tasas de interés) ni en la política cambiaria, que ha venido avalando en sus últimos informes.

¿Le preocupa al Fondo la apreciación del tipo de cambio real? Aparentemente NO. Dice: “La posición externa (antes de la pandemia) estaba acorde con los fundamentales de mediano plazo” (es decir, no había desalineación cambiaria). “El BCCR debería mantener la flexibilidad cambiaria para restablecer el balance externo y absorber futuros choques. Las intervenciones en el Mercado cambiario deberían limitarse a enfrentar condiciones desordenadas en el mercado”. Es más o menos la política cambiaria actual.

Efectos económicos. Un acuerdo de stand-by (si se concretara) produciría efectos en distintas variables a corto y mediano plazo. Debe aclararse, sin embargo, que el acuerdo lo firmarían el ministerio de Hacienda y el BCCR, pero muchas de las reformas requerirían de aprobación legislativa para el desembolso.

A corto plazo, el primer efecto sería una traslación de ingresos del sector público al privado (impuestos), compensado en parte con una disminución de gastos del Gobierno Central. Aunque aún no sabemos cuáles serían las magnitudes de lo que podrían eventualmente acordar el Fondo y el Gobierno, es posible que la disminución de la demanda agregada resienta la producción nacional y contribuya poco (o nada) a generar empleo. El efecto sería recesivo (en momentos de una monumental caída del PIB mundial de casi un 5%), a menos que el balance del ajuste privilegiara la reducción de gastos sobre el aumento de impuestos, cosa que no vemos por ahora.

A mediano plazo, habría que valorar otros efectos directos e indirectos que podrían mitigar el aspecto recesivo y mejorar el crecimiento del PIB y generación de empleos. Restablecer el equilibrio macro significaría mayor estabilidad monetaria y cambiaria, facilitaría la toma de decisiones de inversión y gasto, estimularía entradas de capital para financiar la balanza de pagos y mejorarían las notas (ratings) de las calificadoras internacionales de crédito.

¿Conclusión? Como se puede observar, no es fácil llegar a una conclusión definitiva. Un acuerdo de stand-by contendría suficientes elementos controvertibles para ser odiado febrilmente por todos, cada cual en la parte que más le afectaría. La aversión provendría especialmente de los sindicatos, empresarios, partidos políticos, trabajadores y consumidores, salvo, quizás, por los acreedores externos, que lo único que les interesa es que les paguen.

Jorge Guardia Quirós

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