Órgano técnico responde a Pilar Cisneros y le confirma potestad del TSE para solicitar desafuero de Chaves
Pilar Cisneros Gallo, jefa del oficialismo (CRH)
El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa confirmó a la diputada oficialista Pilar Cisneros que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sí tiene la potestad de solicitar el levantamiento del fuero o inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante las 15 denuncias por presunta beligerancia política que se tramitan en su contra.
Así consta en la respuesta del órgano técnico, emitida mediante el oficio AL-DEST-CJU-093-2025, al cual CR Hoy tuvo acceso, sobre la consulta formal presentada por la legisladora.
Sustento constitucional
Servicios Técnicos fundamentó su posición en los artículos 95 inciso 3) y 102 incisos 3), 5) y 10) de la Constitución Política, los cuales otorgan al TSE la competencia exclusiva y excluyente de garantizar la imparcialidad electoral.
Según el documento, los procedimientos que el Tribunal realice para cumplir con esa función son de su competencia exclusiva.
Asimismo, el órgano legislativo recordó que el artículo 270 del Código Electoral desarrolla dicha competencia al establecer expresamente el procedimiento de desafuero en casos de beligerancia:
Artículo 270. Levantamiento de la inmunidad.
"En caso de que no proceda rechazar de plano la denuncia planteada ni ordenar su archivo, el Tribunal trasladará la denuncia a la Asamblea Legislativa para que realice el proceso de levantamiento de la inmunidad establecido constitucionalmente".
El órgano explicó que, en este contexto, el TSE ejerce su competencia legítima al trasladar la solicitud a la Asamblea, órgano que —según los artículos 121 incisos 9) y 10) de la Constitución— tiene la potestad exclusiva de autorizar el levantamiento de la inmunidad del presidente o de cualquier miembro de los supremos poderes.
Jurisprudencia del TSE
El informe también cita la resolución 38-96 del TSE, dictada el 10 de enero de 1996, que interpreta de forma exclusiva y obligatoria las normas constitucionales y legales en materia electoral.
En ella, el Tribunal señaló que, cuando se trate de miembros de los supremos poderes, debe seguirse el procedimiento establecido en los incisos 9) y 10) del artículo 121 de la Constitución, incluso si la sanción es la pérdida de la credencial y no un delito penal.
El Departamento concluyó:
"Resulta claro, entonces, que el Tribunal puede, desde el punto de vista del Derecho Constitucional, solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento del fuero de los funcionarios electos popularmente que integren los supremos poderes, cuando se trate de presuntos actos de beligerancia política. Precisamente, esa es la materia objeto de la consulta de la diputada".
¿La beligerancia es un delito?
Servicios Técnicos también aclaró que la beligerancia política no constituye un delito penal, sino una conducta ilícita de carácter electoral.
"La beligerancia política no es delito; es una conducta ilícita cuya investigación y sanción corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones, en el ámbito contencioso-electoral sancionador".
El informe recordó además que, según el artículo 102 inciso 5) de la Constitución, la declaratoria de culpabilidad por beligerancia es causa obligatoria de destitución e inhabilita al responsable para ejercer cargos públicos por al menos dos años, sin perjuicio de otras responsabilidades penales que puedan derivarse.
TSE ya había rechazado la consulta de Cisneros
El pasado viernes, el TSE rechazó de plano una opinión consultiva presentada por la propia diputada Cisneros sobre esta misma materia.
En su respuesta, el Tribunal reafirmó que sí está dentro de sus potestades solicitar el desafuero al Congreso por beligerancia política.
Incluso, Andrei Cambronero, vocero de la presidencia del TSE, citó en el Congreso un precedente de 1995, cuando el TSE señaló al entonces presidente José María Figueres Olsen por presuntos actos de beligerancia.
Comisión legislativa analizará el caso
Mientras tanto, en la Asamblea Legislativa ya se instaló la comisión especial encargada de analizar el nuevo expediente de desafuero contra el presidente Chaves, esta vez por las denuncias de beligerancia política.