¿Para qué un 8% del PIB? Esto recomienda el Estado de la Educación

Para 2026, el Ministerio de Educación Pública (MEP) contará con un aumento de 200 mil millones de colones en el presupuesto de educación, en relación con lo que se presupuestó para este 2025.

Sin embargo, el incremento no representa un salto relevante para acercarse al 8% del Producto Interno Bruto (PIB) que estipula la Constitución Política, sino que se queda en un 5,6%

Lo que se necesita: compromiso, recursos y capacidad

El Décimo Informe del Estado de la Educación establece que alcanzar el 8 % del PIB no es un tema político o antojadizo, y los recursos se pueden aprovechar de manera adecuada, pero se requiere de tres condiciones:

1. Decisión política, orientada a definir una estrategia fiscal sostenida que amplíe el espacio presupuestario para educación y permita cumplir el mandato constitucional, garantizando este servicio conforme a la Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales.

2. Reformas institucionales, que mejoren la eficiencia del MEP.

3. Hoja de ruta plurianual, que defina prioridades, metas e indicadores de seguimiento.

"No se trata solo de asignar más presupuesto, sino de garantizar que esos recursos se utilicen con eficiencia y generen impacto. La experiencia demuestra que aumentar la inversión sin resolver las trabas institucionales puede llevar a más frustración que resultados", advirtió Andrés Fernández Arauz, investigador del informe.

Fernández Arauz enfatizó que, lejos de renunciar a la meta del 8 %, el país debe avanzar hacia su cumplimiento con una hoja de ruta seria y precisa: "Necesitamos metas graduales, capacidad de ejecución y una estrategia que vincule cada colón adicional con resultados concretos".

Fundamentación técnica del 8 %

El informe señala que la cifra del 8 % tiene un fundamento técnico y financiero claro. Por ejemplo, universalizar el currículo completo en primaria (incluyendo contratación de personal y construcción de infraestructura) requiere una inversión aproximada de 1,6 puntos del PIB.

A esto se suma la necesidad de atender órdenes sanitarias en cientos de centros educativos, lo cual exige al menos 1,3 puntos del PIB adicionales. Solo estas dos medidas implicarían un 2,94 % del PIB en inversión urgente.

Otras iniciativas, como comedores escolares, becas del programa Avancemos, bibliotecas, centros de recursos para el aprendizaje y el financiamiento básico que ejecutan las juntas de educación, también requieren un incremento presupuestario sostenido.

Cada uno de estos componentes demandaría al menos 0,11 % del PIB adicional, mientras que otros proyectos de menor escala, pero igualmente esenciales para cerrar las brechas de calidad y acceso, requerirían recursos menores al 0,03 % del PIB.

El informe advierte que, de continuar la línea de recortes de los últimos años, incluso si el presupuesto educativo creciera al máximo permitido por la regla fiscal, la inversión continuaría cayendo como proporción del PIB, alcanzando apenas el 4,67 % en 2029.

Aumento insuficiente

Sin embargo, la cifra sigue siendo insuficiente respecto a lo recomendado en el Décimo Informe Estado de la Educación, que establece que es necesaria también una inversión del 8,5 % del PIB para atender el rezago educativo. Dicho informe evidencia que la educación pública costarricense ha dejado de ser una prioridad nacional.

Aunque la regla fiscal no impide formalmente aumentar la inversión social, en la práctica las asignaciones al MEP siempre han sido inferiores a lo establecido. Esta restricción, combinada con decisiones políticas de recorte presupuestario, provocaron que el país pasara de cumplir el 93,75 % del mandato constitucional en 2017 a apenas el 61,25 % en 2025, lo que representa una caída de más de 30 puntos porcentuales en siete años.

Ajustando por inflación, el presupuesto real del MEP entre 2022 y 2025 equivale apenas al 84 % del de 2018, lo que implica un recorte efectivo de alrededor del 15 %.

"No se trata solo de una reducción numérica; estamos ante una renuncia al papel estratégico de la educación para el desarrollo de Costa Rica. Este tipo de decisiones políticas compromete seriamente la capacidad del país para cerrar brechas, formar talento humano y sostener un modelo de crecimiento con equidad", afirmó Andrés Fernández Arauz, investigador asociado del Estado de la Educación.

Para Isabel Román, coordinadora del Informe, "la aplicación de la regla fiscal ha contribuido a que se incumpla sistemáticamente el mandato constitucional del 8 %, algo paradójico, pues significa darle más peso a una norma de menor jerarquía legal que a la norma constitucional. Preocupa que parte de la disminución de la inversión educativa no provenga solo de los límites impuestos por esta regla, sino de decisiones políticas de recorte mucho mayores, lo cual, de mantenerse, tendrá altos costos sociales y económicos para el país".