PLN y PUSC mantienen presidencia en comisión de Derechos Humanos
Instalación de la Comisión de Derechos Humanos. Foto: CRH.
Las fracciones del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) mantiene la presidencia en 3 comisiones permanentes especiales que se instalaron este lunes.
La verdiblanca Montserrat Ruiz seguirá como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, cargo que mantiene desde mayo del 2022.
En la secretaría estará la socialcristiana Melina Ajoy.
La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, tendrá como presidente al diputado del PUSC Carlos Felipe García, quien repite en el cargo.
Mientras que la secretaria la asumirá la diputada del PLN Kattia Rivera.
El también socialcristiano Horacio Alvarado mantendrá la presidencia de la Comisión de Asuntos Municipales.
El secretario de ese foro legislativo, será el verdiblanco Danny Vargas.
¿Cuáles faltan?
Hay que recordar que desde el 1 de mayo cambió el año legislativo, lo que significa una conformación e instalación de estos órganos legislativos.
La semana pasada se dio la instalación de 9 comisiones permanentes: Hacendarios, Ingreso y Gasto Público, Gobierno y Administración, Económicos, Sociales, Jurídicos, Agropecuarios y Recursos Naturales, Seguridad y Narcotráfico y Redacción.
Cabe señalar que la diputada independiente Gloria Navas se mantuvo en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, tras decisión del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, comisión donde estará por primera vez la jefa del oficialismo Pilar Cisneros.
Este martes se deberá instalar las últimas 4 comisiones permanentes especiales faltantes: Mujer, Turismo, Discapacidad y Adulto Mayor y Honores.
Las comisiones tienen la responsabilidad de conocer los proyectos de ley y afinar los textos antes que lleguen al plenario.
Además, otras tienen el deber de hacer investigaciones de carácter político, como la de Ingreso y Gasto Público.
Luego, el miércoles se anunciará la conformación de una comisión especial que deberá ver una reforma a la Constitución Política para permitir la extradición de costarricenses acusados por crímenes de narcotráfico y terrorismo.