Poder Judicial resalta falta de estudios a plan que equipara aporte estatal en pensiones
Director interino del Fondo Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, Oslean Mora Valdez
(CRHoy.com) El director interino del Fondo Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, Oslean Mora Valdez, cuestionó la falta de estudios técnicos del expediente 23.733, una iniciativa de la diputada Pilar Cisneros que pretender reducir el aporte estatal a este régimen de pensiones.
Al no existir información que determine el impacto actuarial y financiero de reducir el aporte patronal al fondo, podría causar el cierre técnico del régimen jubilatorio judicial.
La propuesta busca disminuir la tasa de aportación del 14,36% al 5,75% (de manera paulatina). "No existe ningún estudio que justifique que ese porcentaje de aporte patronal es el adecuado", señaló Mora.
El régimen del Poder Judicial cuenta actualmente con 2.304 hombres y 1.889 mujeres jubilados con una edad promedio de 67 años.
La pensión promedio neta es de 1.100.000 colones, aunque los pensionados deben seguir aportando al régimen.
Hoy en el Poder Judicial trabajan 6.970 mujeres y 7.069 hombres, con una edad promedio de 40 años.
Donde el aporte de los trabajadores es del 13%.
"El aporte patronal es 265% más alto (en relación con el IVM) en razón que el aporte obrero es de 312% más alto, es la relación causal de este tema", explicó.
Puntualizaron que su aplicación en el tiempo implicaría eventualmente un peso mayor al eslabón más débil de la relación laboral, en el cual la parte obrera aportaría más del doble que el patrono, lo que podría generar distorsiones irreparables en el perfil de beneficios asociados al régimen jubilatorio y podría violentar derechos adquiridos y derechos subjetivos de la población cotizante.
La socialcristiana Daniela Rojas cuestionó que además el Estado aporta un 1.5% adicional a este régimen, es decir que el aporte total es del 15.93% y preguntó si existen los recursos para seguir dando esos aportes.
Rojas insistió por qué el Estado debe aportar a unos trabajadores casi el 16% y a otros en el caso del Magisterio Nacional el 6%, ya que no existe una justificación técnica para ello.
Este proyecto sigue en análisis en la Comisión de Gobierno y Administración del Congreso.